Puebla se encuentra entre los 14 estados a los que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó destinar un mayor presupuesto encaminado a la atención y procuración de justicia para las mujeres en situación de violencia, ya que el Código Penal del Estado de Puebla no prevé sanciones en contra de funcionarios públicos que “retrasen” las investigaciones en torno a un feminicidio.
De acuerdo con el diagnóstico de La CNDH como integrante de los grupos de trabajo para dar seguimiento a los procedimientos de Alerta de Violencia de Género contra la Mujeres (AVGM) se destaca como positivo que en el Código Penal de Puebla se contempla como agravante del delito de feminicidio cuando la víctima está embarazada. Este caso únicamente se replica en Nayarit. A diferencia de Puebla, las legislaciones de Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y Quintana Roo, si incluyeron en sus Códigos Penales sanciones contra los servidores públicos que obstaculicen las investigaciones sobre los casos de feminicidio.
Ante esta situación, la entidad poblana se ubica entre los 18 estados de la República en los que no se contempla este tipo de sanciones en contra de los funcionarios encargados de la impartición de justicia que entorpezcan las investigaciones de crímenes contra mujeres.
Puebla debe destinar más recursos con perspectiva de género
Asimismo, de acuerdo con la CNDH, Puebla no cuenta con recursos económicos necesarios para la impartición y procuración de justicia con perspectiva de género, así como para la capacitación del personal encargado de la atención a las víctimas de violencia de género.
Junto con Puebla, entidades como Chiapas, Colima, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas recibieron esta recomendación.
Según el informe de la CNDH se considera necesario que a nivel estatal en Puebla se planee, solicite y ejerza con transparencia el presupuesto para fortalecer a las instituciones encargadas de la violencia contra las mujeres, así como emplear criterios de género en la totalidad del presupuesto que se ejerza.