Las ambiciones desatadas del proceso electoral 2018 han cobrado su primera baja.

Eduardo Rivera Pérez no podrá ser ni gobernador, ni senador ni diputado federal, ni alcalde ni regidor, ni nada.

Tiene posicionamiento, aliados, recursos. Podría, pero los próximos dos años de su vida los va a pasar tramitando amparos en el Poder Judicial federal para combatir la inhabilitación que ayer le impuso la Comisión Inspectora y el viernes ratifica el pleno del Congreso.

Si bien le va, tumbará las sanciones y podría estar listo para competir por algo en 2021.

Si mal le va, y no logra hacerlo, su regreso a la vida política podrá fijarse hasta después del 2029, cuando su nieto ya sea mayor de edad.

La designación de delegado del CEN en la crucial elección del Estado de México no le consiguió la inmunidad que deseaba. Fue un escudo chafa.

El morenovallismo, acostumbrado a jugar al límite, no dio un paso atrás. Por las buenas bueno, por las malas mejor.

Rivera, con el respaldo del CEN y de Margarita Zavala quiso poner al ex gobernador contra las cuerdas. Con estrategia jurídica adelantó los tiempos de la Comisión Inspectora para apresurar la resolución y el tiro le salió por la culata.

Tenía 411 millones en el procedimiento de Determinación de Responsabilidades y Daño Patrimonial de 90 millones.

De acuerdo con la resolución que se votó ayer por unanimidad, todo quedó en 12.7 millones de pesos, más otro tanto, sumando en total 25.5 millones por concepto de multa.

Es decir, el ex alcalde logró bajar sus irregularidades de 411 a solo… ¡12.7 millones!

Si no hubiera interpuesto el dichoso amparo, hubiera tenido más tiempo para agotar la comprobación, pero quiso jugarle al vivo.

El Congreso local va a sesionar mañana para que el pleno vote las sanciones aprobadas previamente por la Inspectora.

La violencia política contra un destacadísimo miembro del Yunque va a desatar la Guerra Santa, la yihad. Los jerarcas de la organización saben que está en juego su exterminio.

El golpe se va a resentir hasta en Toluca, donde hay poco margen para que Rivera Pérez continúe como delegado del CEN atendiendo la campaña de Josefina si va a concentrarse en la defensa de su honorabilidad.

Las consecuencias para el morenovallismo son imprevisibles, pero ya se sabe que el ex gobernador prefiere asumir el costo de ejercer el poder que no ejercerlo.

Si las amenazas del CEN son reales, no sólo se habría ido Lalo Rivera, sino también Martha Erika Alonso quien recibiría un veto de todos los actores nacionales del PAN.

Al final, Lalo es de casa y los morenovallistas los extraños que se apropiaron del domicilio y corrieron a patadas a los dueños originales.

Van a poner el grito en el cielo.

Los abogados de Rivera Pérez dicen que tiene todo para ganarlo, no en dos años, sino en dos meses. Que le han dado el impulso al ex alcalde necesario para convertirse primero en mártir, luego en héroe.

Los abogados del Congreso local dicen, al contrario, que si bien le va a Lalo el pleito jurídico va a durar mínimo dos años, y eso sin garantizar resultado porque el dictamen va muy bien amarrado.

El Yunque se encuentra en peligro de ser exterminado y van a dar la última batalla antes que su linaje desaparezca.

Ana Tere ya está fuera del partido y con órdenes de aprehensión, sus aliados a punto de ser expulsados, todos con sendas denuncias ante la Fedape por falsificar firmas.

Los regidores Yunques se van a inmolar luchando vs Luis Banck.

Juan Carlos Mondragón exige la presentación de la carta compromiso que firmó Moreno Valle en 2010 y que celosamente guarda Pablo Rodríguez Regordosa, quien expulsó a sus cófrades de la nueva planilla para el Comité Municipal.

¿El morenovallismo toma todo?

Suena a final de película de El Padrino.