La Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara para corregir la grosera, obscena y flagrante violación a la autonomía municipal que es el OPD Ciudad Modelo que de un día para otro, desapareció de facto a los municipios de Nopalucan, San José Chiapa, Lara Grajales, Soltepec y Mazalpiltepec, arrebatándoles sus facultades en materia de prestación de servicios públicos, emisión de permisos y administración de sus recursos financieros por los siguientes 30 años.
Tan grosera es la intromisión planteada por el morenovallismo que los alcaldes de esos cinco municipios ni siquiera están integrados al órgano de gobierno de dicho OPD, por lo que no tienen ni voz ni voto sobre lo que ocurrirá en sus municipios. Peor aún, en los siguientes 30 años los habitantes de estos municipios elegirán alcaldes desprovistos de poder alguno, pues un funcionario designado de forma administrativa suplantará la voluntad popular.
Increíble que los juristas del morenovallismo dejaran pasar esta atroz figura del OPD, pero la lógica del negocio es el negocio: la especulación inmobiliaria en la zona, donde terrenos que valían centavos hoy se cotizan en miles, donde la asignación de predios para vivienda es oscura y discrecional para que, como ocurrió con la asignación de terrenos en la Reserva Atlixcáyotl, los mejores predios sean asignados a personeros del régimen.
La lógica del OPD Audi no es coordinarse con los municipios, sino el pelotazo, término que utilizan los españoles para referirse al enriquecimiento inexplicable provocado por la especulación inmobiliaria. Para evitar que sean los alcaldes quienes hagan negocio, el morenovallismo inventó una figura jurídica absurda.
El artículo 115 constitucional es muy claro y es una sentencia de muerte al OPD que dirige Jorge David Rojas Armijo al establecer en su primer párrafo que “la competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado”. Más claro ni el agua.
El OPD de Audi es precisamente una autoridad intermedia que secuestra las facultades que el 115 constitucional le otorga a los municipios. Jurídicamente es una aberración evidente, por lo que la ministra Luna Ramos inmediatamente otorgó la suspensión en las controversias 64/2017 y la 63/2017 impulsadas por Mazapiltepec y Soltepec. Es previsible que la SCJN va a votar por eliminarlo.
Como lo que no suena lógico —jurídicamente hablando— suena metálico, el fondo del asunto es conocer el Plan Maestro de la Ciudad Modelo realizado por la consultora española IDOM y cuyos renders promociona en su sitio. Moreno Valle contrató a ese despacho para realizar la planeación urbana, donde quedaron identificaron los predios más apetecibles.
Pero el acceso a ese Plan Maestro es limitado y no está disponible para la ciudadanía o los empresarios. Tampoco hay licitaciones por los predios y estos se comercializan en la clandestinidad para empresarios favoritos. La Secretaría de Finanzas y Administración ha catalogado como reservado el plan maestro, al igual que el Banco de Tierra, instancia que realizó la contratación de IDOM. Los argumentos para ocultarlo, por supuesto, son de risa.
El director del OPD Audi fue nombrado un incondicional de Martha Erika, un muchacho que lo desconoce todo acerca de la planeación urbana, ya que estudió ingeniaría en alimentos. Jorge David Rosas Armijo no tiene la misión de coordinarse con los ayuntamientos, sino continuar la lógica del negocio y privilegiar a los empresarios cercanos a Moreno Valle en la compra de predios en la Ciudad Modelo, para beneficiarse de la especulación inmobiliaria.
Los alcaldes de Soltepec y Mazapiltepec pese a las amenazas decidieron acudir a la SCJN para defender sus facultades. San José Chiapa está comprado por el gobierno estatal, y los ediles de Lara Grajales y Nopalucan, que controla Leobardo Soto, también aceptaron el absurdo OPD por la componente del diputado local con el régimen. Pero la sentencia ya está escrita: el OPD no va a sobrevivir en la SCJN.