Un enorme fallo de operación política puso en riesgo la presentación del Plan Estatal de Desarrollo y el primer mini informe de Antonio Gali Fayad: la presencia del edil del Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, a quien nadie esperaba en el acto y que, según Javier Lozano Alarcón, desde hace una semana estaba ‘no localizable’.

Con las limitaciones administrativas y económicas de un gobierno que no llegará a los dos años, y como ayer lo definió el mismo gobernador, su tarea se ha centrado en destapar ‘la cloaca’ del huachicol en la zona del Triángulo Rojo.

Ahora nadie lo recuerda, pero el robo de combustible fue un tema ausente de la campaña electoral 2016 en la que ni Blanca Alcalá o el propio Tony Gali hicieron referencia. La herida estaba abierta, los datos ya estaban a la mano, la destrucción del tejido social estaba a la vista, pero el tema no existió en la agenda mediática.

En las últimas horas de la campaña y luego de una gira por la zona de Atlixco, el entonces candidato de Puebla Unida me concedió una entrevista exclusiva a bordo de su camioneta, oportunidad que aproveché para preguntarle lo que ningún otro periodista poblano se había atrevido a preguntar a lo largo de dos meses durísimos:

Cito textual la entrevista publicada en CAMBIO el 1 de junio del 2016:

AR: Un tema que también preocupa muchísimo a los poblanos, el tema del Triángulo Rojo, el tema de los chupaductos, es un problema que involucra ya a la población que está tomando bando en su contra, como ocurrió apenas en Tlalancaleca.

AGF: Sabes que he hablado con la población. He ido ya a la mayoría de los municipios, sabemos que es un problema y no es de Puebla, es un problema del país y aquí pasa un ducto muy importante. Vinieron 150 policías de la Gendarmería, es imposible que puedan cuidar. Ni la Policía del estado ni las policías municipales. Es un todo. Primero es un problema federal. Segundo, es un problema de la paraestatal que tiene incluso policía privada, y que a veces cuando interviene la policía de algún municipio la privada les ha dicho ‘espérense’, entonces es imposible el cuidado de todo el ducto. Y se vive corrupción de hace muchos años que viene sucediendo. Hoy, obviamente nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. ¿Qué he propuesto? Tiene que haber denuncia anónima, los primeros en darse cuenta en alguna comunidad, en tierra adentro de lo que está pasando son los mismos comunitarios, las rancherías, los ejidos, los municipios, ¡que denuncien!”. Cero justicia por propia mano, porque eso genera violencia y genera también que seas cómplice de algún asesinato, que seas igual de delincuente. Entonces, lo que se tiene que hacer es la denuncia anónima para que las dependencias o corporaciones se pongan de acuerdo. Y obviamente, no eludir la responsabilidad, aunque repito, la paraestatal debería estar vigilando este tipo de situaciones.

De alguna forma, el candidato Gali tenía una visión ciertamente ingenua del problema y coincidía con la visión morenovallista: es un problema federal, específicamente de Pemex, y que la base de su solución era la ‘denuncia anónima’ por parte de los pobladores.

Entre la visión del candidato en 2016 en contraste con la del gobernador en 2017, hubo un cambio de percepción importantísimo. Es evidente que el candidato no contaba con la información suficiente, tanto de la penetración de los huachicoleros entre la población, como la existencia de grandes capos, organización, logística y capacidad de fuego para enfrentar a policías y militares, y sobre todo, la intervención de los grandes cárteles como ‘Zetas’ o ‘Nueva Generación'.

El candidato, además no tenía la información específica sobre las sospechas de los vínculos de algunos alcaldes del Triángulo Rojo como Pablo Morales de Palmar de Bravo. Con el tiempo las sospechas se confirmaron, y Pemex ya canceló el contrato de concesión de sus tres gasolineras.

De acuerdo con las áreas de inteligencia de gobierno, el alcalde de Palmar estaba ‘no localizable’. ¿Cómo se apareció ayer en el informe? ¿Nadie calculó el costo, por ejemplo, que Pablo Morales buscara la fotografía con el gobernador? ¿Dónde estaban Diódoro y Lozano evaluando la agenda de riesgos? ¿Nadie revisó la lista de invitados?

Si como todos calculan, la PGR no dilata en ejercer acción penal contra Pablo Morales, ¿alguien calculó el costo de la fotografía con el gobernador?

¿Alguien atiende la Secretaría General de Gobierno o la Jefatura de la Oficina?