Lo confirmó ayer Loret de Mola en su noticiero matutino: de acuerdo con informes de inteligencia del gobierno federal, de todo el combustible robado en el Triángulo Rojo, solamente 10 % corresponde al ‘fenómeno social’ que beneficia a los pobladores de esos municipios, y el restante 90 % a la gran industria del crimen organizado que saca la gasolina de la zona para entregarla al demandante mercado negro.

Ese informe da sustento a la tesis expresada ayer en este espacio: porque hay mercado, hay huachicol, y no a la inversa. Es decir, la demanda creó la oferta exponencial de gasolina robada.

¿Quién es ese 90 % del crimen organizado del huachicol?

La gran industria de la construcción, gasolineros de la zona centro del país y empresas del transporte de carga. Es decir, el gran mercado en expansión.

Criminalizar a los pobladores del Triángulo Rojo es muy sencillo: a lo largo de las últimas semanas los periodistas al servicio del morenovallismo lo han hecho sin ‘ruborizarse’.

Jalar el hilo de la madeja de la industria del crimen organizado es mucho más complejo porque incluye a funcionarios de Pemex, miembros del sindicato, empresarios medianos y grandes, y sobretodo, políticos.

Claro que hay políticos metidos en el negocio del huachicol. Ex alcaldes, ex diputados federales, diputados federales, senadores. Muchos de ellos en funciones.

Tantito le rasca uno y sale la verdad.

Sólo así puede explicarse el conmocionante  video  presentado ayer en Despierta con Loret: un convoy de 148 camiones con perfecta logística, captados con un dron del Gobierno federal mientras cargan combustible ilegal de una toma clandestina en un poblado indeterminado a la orilla de la autopista.

Una logística improbable para los cabecillas locales ‘El Bukanas’, ‘El Toñín’ o ‘La Negra’, quienes solamente son los personeros de grandes capos que organizaron el negocio.

A diferencia del trasiego de drogas que atraviesa el país rumbo a su mercado natural que es Estados Unidos, lo que se roba en el Triángulo Rojo se queda en México. La demanda es local, la oferta es local, y por eso sería sencillo cruzar información para combatir el fenómeno. Pero el SAT, Inteligencia financiera de SHCP y Pemex, todos fingen demencia.

Pero no. ¿Alguien puede explicar cómo el gobierno federal es capaz de captar ese convoy de 148 camiones, pero nadie los molesta, ni el dron sigue los movimientos hacia sus bases de descarga?

¡Pamplinas!

El negocio del huachicol va de arriba hacia abajo: los principales criminales están en las estructuras de poder económico y político, mientras los pobladores del Triángulo Rojo pagan con la criminalización a cambio de exiguas ganancias.