La denominada ‘solución final’, que consistió en la decisión del gobierno nazi para exterminar en Europa a los judíos, entre muchas razones, se sustentó en el antecedente del llamado ‘genocidio armenio’, cuando entre 1915 y 1917 fueron asesinados aproximadamente dos millones de armenios para expulsarlos de tierras que ancestralmente les pertenecían y que ahora las hacía propias la constitución de la nueva nación: Turquía. Se sostuvo que fueron los ‘jóvenes turcos’ los causantes del genocidio armenio que pasó a los libros de historia sin que fueran juzgados tanto los que cometieron los delitos materialmente como los que los instrumentaron (Zaffaroni, Eugenio Raúl, “Un proceso histórico”, AR, Buenos Aires, 2012).
La ausencia de haber juzgado a los responsables, de conocer los hechos y la verdad fue la justificación para posteriormente cometer el genocidio judío, pues la historia dicta que el propio Adolfo Hitler manifestó, como excusa para aplicar la solución final, ‘¿quién recuerda el genocidio armenio?’ (Rafecas, Daniel, ‘Aportes para un cambio cultural a partir de Auschwttz. Ensayos sobre derecho, historia y educación’, Argentina, Biblioteca Nuestra Memoria, 2013). Por tanto, como no fue juzgado dicho crimen de lesa humanidad, era una buena razón para volver a aplicarlo. Pues bien, en la medida de sus dimensiones, pareciera que si actualmente estamos debatiendo la procedencia y la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, se debe en parte a la falta de investigación y de persecución de los responsables, así como a la falta de sanción a quienes cometieron la masacre en Acteal (Chiapas) el 22 de diciembre de 1997, pues es una buena razón por la cual hoy estamos ante un Estado mexicano más violento donde, a decir de las instituciones oficiales, se requiere de la ley de seguridad interior.
El 22 de diciembre de 1997, en la población de Acteal, un grupo denominado paramilitar cometió la matanza de 45 personas indígenas, dos de ellas embarazadas, y hasta la fecha no han sido sancionados los responsables de tal crimen –aunque se sostiene que eran del partido político oficial. De esa forma, la ausencia de procesos penales abiertos que efectivamente estén realizando las investigaciones pertinentes, así como la falta de sentenciados, ha provocado que 20 años después estemos observando la muerte generalizada de muchas personas en todo el territorio nacional, donde cuando no hay justificación alguna se sostiene que el muerto pertenecía a algún grupo de delincuencia organizada, aunque en realidad se debe a que ese incremento de la violencia en México atiende a la falta de investigación y seguimiento de estos casos tan lamentables.
Lo que hoy vemos es resultado de estas políticas públicas en donde incrementan patrullas, policía y vigilancia, pero sobre todo una serie de reformas legales que no han servido para resolver el problema; el aumento de los delitos, el incremento de las penas de los delitos, la creación de leyes especializadas para resolver y contener la tortura, la desaparición forzada, que sólo han servido en ocasiones como un bálsamo para la población, pero en general sólo han incrementado la delincuencia, la impunidad y la corrupción para que se encuentren en grados ya incontrolables, lo cual es patente.
Es un hecho notorio que no se necesita demostrar que durante los últimos 10 años, lejos de que haya disminuido, la violencia se ha incrementado y que con la Ley de Seguridad Interior pareciera que provocará únicamente legalizar lo que ya está sucediendo, que las Fuerzas Armadas hagan funciones de seguridad interior en las calles y poblaciones de nuestro país. Lo cierto es que demuestra la incapacidad de los órganos policiales municipales, estatales y federales para resolver el problema, y aun más que ello, la ausencia de considerar que la inseguridad interior no se resuelve con la simple violencia y represión.
Ya está demostrado desde hace 20 años que la inseguridad interior se puede por lo menos contener y disminuir con otras políticas que consistan en mayores oportunidades a la población, es decir, con políticas públicas y regulaciones legislativas que permitan dar oportunidad de crecimiento a las personas, sobre todo de las zonas rurales, que hoy son desplazadas por el hambre, por las industrias mineras, agrícolas o de turismo; sin embargo, se mantienen políticas públicas vigentes en las que se observa día a día que los pequeños comercios cierran, las empresas medianas y pequeñas no pueden con la competencia voraz de las grandes empresas provenientes del extranjero y que juegan en un mundo totalmente desigual donde las oportunidades son las que les sobran para hacer más negocios, y al empresariado mexicano lo que le sobran son problemas, requerimientos, inspecciones de cualquier autoridad administrativa de los órdenes federal, estatal y municipal, que justifican sus funciones inspeccionando, multando, embargando y clausurando sin considerar las consecuencias que representan para los empleados de esas negociaciones: desde la pérdida de empleos hasta enfermedades, desintegración familiar, migración, etc. Un verdadero sistema educativo que brinde oportunidades y no que sea una simple instrucción para el empleo, pero desafortunadamente esto no es así, y por eso hoy seguimos hablando de que a 20 años de la masacre en Acteal, se está institucionalizando a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior.