¿Por qué?, ¿dónde está la ciencia?, ¿podría haber prevención?, ¿el Estado puede hacer algo?, ¿hay derechos que reclamar sobre esta catástrofe?, ¿efectivamente es una catástrofe natural o es provocada por la humanidad? Tantas preguntas sin respuestas, otra vez 19 de septiembre.

Respecto a esas preguntas se podría recordar que por la incertidumbre de la humanidad, por la inseguridad, por todos los riesgos que se corren individualmente, por todo ello, se conformó el Estado, esto es para proteger a los grupos humanos que en forma individual, somos muy endebles. Se requería de un órgano artificial que protegiera la integridad de las personas y sus derechos, y dentro de este catálogo de derechos se cuenta con el derecho de autonomía, que, de acuerdo con el profesor Carlos Santiago Nino, consiste en el derecho de elegir y planear libremente el futuro de cada persona (Nino, Carlos Santiago, ‘Fundamentos de derecho constitucional’, Astrea, Buenos Aires, 2005), para lo cual el Estado debe asegurar que se ejerza ese derecho de autonomía por cada individuo.

Se encuentra previsto este derecho fundamental y humano en el artículo 1 de la Constitución mexicana, que establece los derechos a la libertad y la igualdad de las personas; por tanto, para ejercer esos derechos es necesario como contra partida del Estado protegerlos y garantizarlos. Ejemplos del cumplimiento de esa obligación por parte del Estado hay muchos: desde obligar al motociclista a que utilice un casco, implementar las licencias de funcionamiento de las negociaciones, lo mismo que para comercializar medicamentos o alimentos, para ejercer una profesión, hasta la prohibición determinante del consumo de drogas y estupefacientes. Son ejemplos de la protección al ejercicio del derecho de autonomía, pues el Estado sabe que aquel que no usa casco para conducir una motocicleta corre el riesgo de un accidente que provoca una afectación grave a la planeación de su futuro, lo mismo que sucede con quien consume alimentos o medicamentos nocivos para la salud, y finalmente, con el consumo de drogas. Pues bien, este derecho de autonomía parece muy lejano con lo sucedido el lamentable 19 de septiembre de 2017, pero no es así.

Si el Estado está para proteger los derechos de las personas y, por lo menos, contener en la mayor medida los riesgos y peligros que representa en este caso la naturaleza, es evidente que esa contención debe ser lo más eficiente posible como para que se aminoren los riesgos en la sociedad; por tanto, particularizando el problema con los lamentables daños y muertes causadas el 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, era necesario establecer medidas que permitieran aminorar los riesgos de las personas ante un nuevo evento tan dañoso, y la mejor forma de hacerlo desde luego que era desconcentrar la Ciudad de México, que como se puede recordar hubo muchas voces en las décadas de los ochenta e incluso a principios de los noventa del siglo pasado para que algunas de las secretarías de Estado se ubicaran en otras ciudades —desde luego, no en las que cuentan con más concentración de población, pues obviamente no se resolvía el problema, sino que se agudizaría—. Dependencias que pueden hacer su trabajo igual o incluso mejor en otra ciudad que mantenerse en la Ciudad de México, sin embargo, estas propuestas nunca prosperaron, la razón es en parte histórica, pues en el siglo XIX hubo una lucha encarnizada entre los centralistas y los federalistas, pero dicta la historia oficial que esas batallas se inclinaron sobre el federalismo y no el centralismo, lo cual es falso. En realidad, el centralismo fue el victorioso, no falta comprobar que todo el desarrollo económico, cultural, educacional y, desde luego, político y jurídico se concentra en la Ciudad de México. Ese ambiente que existe en donde las mejores oportunidades, universidades y profesionistas se localizan en la Ciudad de México es un mal histórico que no hemos podido arrancar de la tradición nacional. Por otra parte, al Estado le conviene esa concentración en esa ciudad para un mejor control sobre la población, por eso es que las grandes empresas se ven obligadas a contar con sus oficinas centrales en la Ciudad de México, lo mismo que las universidades y demás áreas, por esa centralización del poder. Respecto a ese poder centralizado cita el profesor León Roztichner: “Nunca hubo un poder tan bien organizado, voraz y despótico como el que está apareciendo ahora” (Feinmann, José Pablo, “Filosofía política del poder mediático”, Planeta, Buenos Aires, 2013).

Indudablemente, la descentralización de la Ciudad de México nunca se cumplió —cabe recordar que Brasil lo hizo con la fundación de Brasilia—, y pareciera que no se va a cumplir. Prueba de ello son las múltiples reformas jurídicas que apelan a una mayor centralización, como es el caso de los códigos nacionales, delitos del fuero común que se han convertido en delitos federales, la construcción del nuevo aeropuerto. Todos estos son simples ejemplos de una mayor concentración de población ya no en la Ciudad de México, sino en toda la zona conurbana; desafortunadamente, después de que los ciudadanos de a pie hayan quedado agotados con la heroica ayuda a los afectados por este hecho del 19 de septiembre de 2017, no deben olvidar que corresponderá exigir una respuesta de fondo, que en principio es por lo menos esa desconcentración de la Ciudad de México, y ahora sí en 2017, la ausencia de políticas públicas que permitan descongestionar la Ciudad de México contravendrá los derechos de libertad y de igualdad, pero sobre todo de autonomía de la población. Indudablemente, una forma de ayudar es exigiendo esa desconcentración.