Viernes, 17 de Mayo del 2024
Indicador Político

Sin analizar el escenario de la inseguridad, ni la reconfiguración del crimen organizado, ni la letalidad de las bandas, ni el regreso de capos a controlar municipios y funcionarios, la percepción de fracaso de la Guardia Nacional y la calificación de militarización a la participación constitucional de militares en seguridad pública es engañosa y al final beneficia a las bandas criminales que nunca han querido a los militares como guardianes de las leyes.

La primera lectura mediática del decreto para la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública ha sido parcial, para decir lo menos, pero no desde la óptica de los enfoques de seguridad nacional que rigen formalmente en el Estado desde el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988.

El decreto del lunes para ordenar la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública sorprendió porque no estuvo precedida de algunos mensajes preparatorios. Sin embargo, su contenido implica un reforzamiento de la estrategia nacional de seguridad pública ante algunos indicios de inteligencia sobre la reactivación de las bandas criminales en el escenario de la pandemia del coronavirus.

Como no había ocurrido antes, el gobierno lopezobradorista debería aprovechar la recomendación de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial para una segunda convención nacional hacendaria y adelantarse presentando una reforma fiscal de veras, integral, como instrumento redistribuidor del ingreso y la riqueza y con cargas para imponerle contribuciones a la plusvalía o riqueza personal/empresarial derivada de la producción.

En el fondo y no muy en el fondo, las “68 recomendaciones (ideas) para el acuerdo nacional” del Consejo Coordinador Empresarial y sus doce organismos patronales están exigiendo un recetario ortodoxo-neoliberal a la urgencia mexicana de reactivar cadenas productivas dentro del Tratado de Comercio Libre por las presiones estadounidenses.

Si algunos restos se encontraran debajo de los escombros sociales y económicos del coronavirus, sin duda que serían los despojos del Estado populista y del Estado neoliberal.

La ofensiva fiscal del SAT, el vaciamiento de fideicomisos, el recorte de personal público, la iniciativa de ley presupuestal a favor del ejecutivo y, entre otras, las presiones sobre el Banco de México, revelan la principal crisis del Estado y del gobierno: el ingreso fiscal no alcanza para financiar el gasto, menos con la agenda de compromisos del gobierno actual y en peores condiciones por la caída de los ingresos tributarios por el frenón productivo por el coronavirus.

El viernes 1 de mayo el expresidente Ernesto Zedillo publicó en la revista Este País el texto base de su participación en el manifiesto de notables para encarar la pandemia del coronavirus. La intención de sus argumentaciones se puede resumir en pocas y esquemáticas palabras: salvar al neoliberalismo (el capital), afectando el nivel de vida de las masas.

Una de las virtudes de todo discurso social radica en la identificación de los problemas de las crisis sociales, pero uno de sus defectos es que no logra aterrizar una propuesta alternativa de desarrollo con distribución de la riqueza. Casi siempre se queda en una zona intermedia que alivia algunos problemas sociales, pero a costa de potenciar desequilibrios macroeconómicos.

Con lo suspicaces que se han vuelto en Palacio Nacional, la presencia de la secretaria y del subsecretario de Economía en el seminario del Consejo Coordinador Empresarial para presionar por un acuerdo de rescate del país de la crisis económica por el virus podría tener esta semana un desenlace drástico.

Como se ve en el escenario nacional, Gobierno federal, empresarios aliados, empresarios críticos y círculo rojo están más interesados en destruirse unos a otros que en aprovechar la crisis para reconstruir el modelo de desarrollo y modernizar la planta industrial.

El frenón económico para detener la propagación del coronavirus está llevando al país a un PIB en 2020 de entre -6 % a -10 %, como a todos en el mundo. La gran incógnita radica en cómo salir del hoyo recesivo y qué utilidad pudiera tener la crisis para no regresar a la mediocridad del crecimiento y poder dar un salto cualitativo en crecimiento y desarrollo.

Desde su campaña electoral, Donald Trump se encontró que la prensa sería uno de sus principales adversarios, porque la comunidad periodística más importante representaba los intereses del establishment liberal. Al llegar a la Casa Blanca, dedicó buena parte de su tiempo a atacar a los medios para destruir su base de credibilidad y debilitarlos como negocios.

De la intensa conferencia matutina de anteayer, miércoles 22, y en lo referido a la crítica de  la prensa, valdría el esfuerzo histórico para hacer unas precisiones referidas a caracterizaciones de periodistas buenos y periodistas malos.

En una de sus últimas conferencias, el presidente López Obrador afirmó que su gobierno estaba preparado para proteger al 70% de los mexicanos. La cifra es de lo más importante para ilustrar la propuesta presidencial de la/una Cuarta Transformación (4T) del país y para consolidar los alcances reales de la política sexenal.

Durante un año la 4T se encontraba atascada en las arenas movedizas de la estructura de intereses de la 3T populista y neoliberal; a pesar de todo, los objetivos asistencialistas del nuevo gobierno alcanzaban para cuando menos fijar una idea de política social. Sin embargo, los efectos del coronavirus en la economía y el modelo de desarrollo serán más destructivos en tanto no se apoye a la planta productiva y el empleo.