Si acaso hubo tal reflexión seguramente no hicieron mucho caso, porque los compromisos derivados de la reforma energética exigen una contraparte fiscal que compense la pérdida de ingresos que hasta ahora el sector energético aporta al presupuesto federal. En otras palabras, los contribuyentes mexicanos tenemos que financiar la entrada de empresas privadas a participar de las utilidades de nuestro petróleo. Pero eso es otro asunto y luego lo trataremos.
En alguna columna publicada el año pasado manifesté una opinión favorable a la reforma fiscal aprobada por el Congreso de la Unión. Hoy compruebo que estaba equivocado. Creo que son correctos los propósitos de incrementar la base de contribuyentes y hacer que los que tienen más ingresos paguen proporcionalmente más impuestos, sin embargo no es la manera correcta el conjunto de medidas que nos han impuesto a los contribuyentes. El sistema fiscal es complejo, arbitrario y sumamente caro.
La complicación del sistema impuesto por el SAT es de proporciones inimaginables. Simplemente para darse de alta hay que hacer un trámite en la página electrónica a la que normalmente es muy difícil entrar por el alto volumen de usuarios, y si ocurre que usted es neófito de las computadoras, pues simplemente no le será posible iniciar su trámite por sí mismo. Luego hay que solicitar una cita para que le tomen fotos, huellas digitales y hasta registros de retina para darle sus claves como contribuyente, y solo hasta entonces podrá emitir facturas, electrónicas claro. Para obtener una cita programada hay que esperar semanas, de lo contrario hay que llegar a las 8 de la mañana hasta que en algún momento le atiendan, lo que puede ocurrir varias horas después o no ocurrir ese día.
Luego de obtener sus claves hay dos opciones, entrar al sistema de facturación electrónica del SAT que es gratuito pero requiere de ciertos conocimientos y una computadora con acceso a internet, o contratar a un proveedor de facturas electrónicas que le cobrará por cada factura emitida, y aun en este caso, el contribuyente deberá contar con una dirección de correo electrónico donde almacenar una copia de las facturas emitidas. El sistema presenta una barrera tecnológica que un elevado porcentaje de contribuyentes no tiene los conocimientos necesarios y tampoco cuenta con los medios para sortearla.
Pensemos en los cientos de miles de mexicanos que no encuentran o no califican para un empleo formal, y deciden autoemplearse en algún oficio como mecánicos, jardineros, cargadores, herreros, electricistas, etc. O en aquellos que abren su miscelánea o ponen su puesto de comida en la puerta de sus casas para hacerse de un ingreso adicional. Muchos de estos mexicanos, sobre todo los mayores de 40 años, no tienen conocimientos de computación, matemáticas financieras, y ni siquiera han abierto una cuenta de banco en su vida ¿Cómo espera el gobierno que podrán participar en el complicado sistema fiscal?
Además de complejo para ingresar es complejo para declarar, pues las reglas para deducir facturas cambian de acuerdo a múltiples factores; que si el régimen fiscal, que si el tipo de actividad económica, que si solo es deducible una parte proporcional de la factura, que si solo es deducible el ISR y no el IVA. Por lo que hay que contratar a un especialista contable quien elaborará mensualmente la declaración que el contribuyente presentará a las autoridades. Desde luego que al contador público hay que pagarle con lo que se incrementan los costos a los contribuyentes.
Y por si fuera poco, para poder deducir montos mayores a 2 mil pesos, el pago debe hacerse por medios electrónicos o cheque, lo que obliga a los contribuyentes a contratar una cuenta de bancaria que le proporcione una tarjeta de débito. Las cuentas de banco cuestan mucho dinero en este país, mucho más de lo que cobran las mismas firmas en los países desarrollados, lo que agrega un costo adicional al pobre contribuyente mexicano.
Si usted es empresario como yo la cosa es todavía peor. Por ejemplo, los incrementos obligatorios a las prestaciones laborales no son deducibles, lo que reduce aun más las utilidades. El gran hermano fiscal sabe todo de su empresa y de manera automática determina cuánto dinero está obligada su empresa a pagar por impuestos, sin importar si sus clientes ya le pagaron las facturas emitidas (muchas veces es el propio gobierno el que tarda meses e incluso años en pagar a sus proveedores o contratistas). Solo por mencionar algunas condiciones del actual régimen.
Según varias notas periodísticas hay entre 18 mil y 20 mil juicios de amparo interpuestos en contra de las nuevas disposiciones fiscales. La mayoría de los juicios fueron promovidos por grandes empresas que pagan entre 500 mil y 1 millón de pesos, muchos de los cuales comienzan a surtir efectos favorables a los quejosos. Esto en la práctica significa que quienes tienen los recursos para contratar abogados expertos se benefician de un régimen fiscal de excepción, ya sea con o sin la cooperación voluntaria de las autoridades. En otras palabras, los contribuyentes de “primera” burlan la ley, los demás nos fastidiamos.
Las nuevas disposiciones fiscales significan un freno a la inversión y un incentivo para la informalidad. Ya estoy viendo un mercado negro de operaciones en efectivo que nunca entrarán en las cuentas bancarias, donde se venderá de todo y se arriesgará todo con tal de evitar el yugo fiscal. Es triste que sean los empleados los únicos contribuyentes cautivos que pagarán el 100 por ciento de sus obligaciones. Si el empleo es un bien en peligro de extinción, con estas medidas podemos prever su pronta desaparición.
Una vez más se confirma que en México la ley es como una víbora que muerde al que está descalzo.
