Esto trae una reflexión a propósito de la legitimidad del sistema democrático como fórmula para acceder, distribuir y controlar al poder público, ya que el fundamento del sistema reside en quien detenta y a quien pertenece ese poder. Las autoridades que detentan el poder lo hacen por mandato de una mayoría de ciudadanos ya que es a ellos, a los ciudadanos, a quienes pertenece el poder ¿Qué ocurre cuando las decisiones se toman en contra de la voluntad ciudadana pero cuentan con el aval de una mayoría de autoridades legalmente constituidas? En mi opinión esas decisiones carecen de legitimidad y su viabilidad está en riesgo permanente.
Tomar decisiones trascendentes como permitir la inversión privada en el sector energético, particularmente el de los hidrocarburos, va más allá de una decisión administrativa o coyuntural. La mayoría de ciudadanos interpreta que privatizar en México significa “hacer más ricos a unos pocos a costillas de todos los demás, y esos pocos beneficiados son personas ligadas a intereses del presidente de la República”. Esa es la razón por la cual el PRI nunca ofreció una reforma de este tipo en su plataforma electoral del 2012 ni tampoco en el discurso de su entonces candidato, Enrique Peña Nieto. Era evidente que cualquier candidato que ofreciera abrir el petróleo a la inversión privada iba a perder las elecciones. Entonces lo ocurrido en 2013 es todavía más grave, porque autoridades electas toman decisiones en contra de la voluntad ciudadana y sin haberle anticipado que tomarían dichas decisiones. En estricto sentido el mandato de las urnas no incluía una reforma Constitucional para abrir el sector energético a la inversión privada, por lo tanto esa decisión no corresponde a la de un régimen político democrático, y se acerca más a la de un régimen oligárquico con sesgo autoritario y corrupto.
Una oligarquía es una forma de gobierno según la cual el poder es ejercido por un reducido grupo de personas perteneciente a una misma clase social y que lo hacen para su provecho. Diga usted, apreciado lector, si me equivoco en la definición de nuestro régimen de gobierno. Por más que la propaganda ha intentado persuadir a la gente de las bondades de la reforma energética, la realidad terminará por imponerse sin que la calidad de vida de la población mejore significativamente, no así las utilidades de las empresas beneficiadas por los contratos y concesiones derivadas de la reforma.
Aunque el asunto no queda ahí. Pese a que se consiguieron las alianzas políticas para hacer legales esas reformas constitucionales, aun queda pendiente de conseguir su legitimidad social. El entorno económico nacional es sumamente adverso para las familias; incremento de los impuestos y de precios en los energéticos empujan incrementos a productos de la canasta básica, escasa oferta de empleo y bajos salarios. Si el gobierno federal no hace algo para mitigar el enojo de grandes conglomerados sociales que cada día ven reducido su poder adquisitivo, llegarán las elecciones de 2015 y 2018, y el electorado le cobrará al PRI su incapacidad de mejorar la economía. La gente ya comienza a preguntarse si la promesa de mejores precios al gas y la electricidad no es otra mentira del gobierno para hacerles creer que privatizar el petróleo es más que un buen negocio de los ricos.
¿Qué pasará si como consecuencia del rechazo a la reforma energética y a la crisis económica, la izquierda se perfila como ganadora de las elecciones en el 2018? ¿Los intereses creados por ese régimen oligárquico van a permitir un triunfo de la oposición a su proyecto? ¿El régimen político seguirá siendo democrático en su forma electoral?
Son preguntas que lanzo porque me preocupa lo que pueda ocurrir con el sistema político. Los estudios de opinión pública que hacemos confirman que la gente se está cansando de la clase política y del sistema. El hartazgo está en niveles que nunca habíamos registrado y parecería que falta poco para que las pasiones comiencen a desbordarse. En el mundo real hay un conflicto de intereses entre los ricos y poderosos frente a los empobrecidos y numerosos ciudadanos ¿Será capaces nuestras instituciones políticas de canalizar el conflicto y mantener el orden y la estabilidad del país? Espero que sí. Y eso solamente será posible si se respeta la voluntad de la mayoría social, y no de los acuerdos a espaldas de la sociedad.
