En los meses previos a la campaña electoral 2019 a gobernador, Héctor Durán y los personeros de Agua de Puebla, empresa concesionaria del servicio, buscaron reunirse con Luis Miguel Barbosa, favorito y puntero en las encuestas de la elección extraordinaria para gobernador.

La respuesta fue “no”.

Luego, ya en plena campaña, Durán y compañía buscaron nuevamente la reunión a través de diferentes conductos con una “oferta que no podrían rechazar”, es decir, la promesa de aportar una suma generosa para el candidato de Morena.

Otra vez, la respuesta fue “no”.

Ni antes, ni en campaña, ni siquiera en los días posteriores a su victoria, Luis Miguel Barbosa aceptó reunirse con los personeros de Agua de Puebla. Siempre dijo que no era el momento.

Ese momento llegó la semana anterior, cuando por primera vez Durán y su equipo fueron recibidos por el gobernador electo para tratar, según ellos, el plan de inversión de la empresa concesionaria para los siguientes años.

Por supuesto, Agua de Puebla no quiere saber, ni enterarse, de que una de las promesas de Morena es revertir la privatización del agua en Puebla realizada por el morenovallismo. Y que el primer paso ya se dio con la votación en el cabildo capitalino que detalla los incumplimientos de Concesiones Integrales.

Regidores, diputados, funcionarios, todos tocan tambores de guerra para revertir el gran negocio del sexenio de Morena Valle. Saben que los réditos electorales serán inmensos, pues todos ellos podrán presumir su granito de arena para que los poblanos dejen de pagar mensualidades onerosísimas.

Pero Barbosa no es un hombre que busque el aplauso fácil. Lo dijo ayer con claridad: el Estado no debe temer a un litigio en el caso de revocar la concesión.

Intramuros, sin embargo, la cuestión es muy compleja: el título de concesión es una autentica maraña jurídica muy difícil de desamarrar.

Este día, CAMBIO publica lo que un puñado de reporteros pudimos entender de ese título de concesión, un documento técnico-jurídico de gran complejidad que políticos, abogados y expertos llevan analizando semanas o meses.

Tal como viene planteado ese titulo de concesión, en caso de rescate o extinción, el gobierno de Puebla se obliga a pagar en calidad de indemnización un concepto denominado “FLUJOS LIBRES DE EFECTIVO” por los años que resten de vigencia. Es decir, las utilidades.

Si ese rescate de la concesión se diera hoy, Puebla tendría que pagarle a Agua de Puebla y sus personeros lo que resta de vigencia, es decir, ¡24 años! de ese concepto “Flujos Libres de Efectivo”.

¿A cuánto dinero equivale?

Imposible saberlo a menos que auditores externos entren a revisar las cifras de los fideicomisos de Administración y las varias subcuentas bancarias.

Un verdadero laberinto.

Pero el verdadero parámetro es éste. En su modelo de negocios, incluido en uno de los anexos del título de concesión, señala que la empresa Concesiones Integrales calculó recaudar ¡37 MIL MILLONES DE PESOS! durante los 30 años de vigencia. Una cifra escandalosa.

Sí, es impresionante: 37 MIL MILLONES DE PESOS a cambio de… una inversión de 5 mil millones de pesos. Una parte en contraprestación en efectivo, alrededor de mil 484 millones de pesos, y otros 3 mil 500 en compromisos de inversión para los primeros cinco años de vigencia de la concesión.

Sin embargo, el anexo II es peor: según la proyección de ingresos de la propia Concesionaria, van a recaudar 173 mil millones de pesos en los 30 años, desglosando año por año.

De ese tamaño es el negocio que hicieron los personeros detrás de Concesión Integrales y los morenovallistas que entregaron ese negocio a cambio de una bicoca para Puebla… ¿y para ellos de a cómo?

Precisamente ese será el eje de la confrontación entre el gobierno de Barbosa y Agua de Puebla: mientras el gobernador electo lo piensa como un tema de derecho humano, de servicio público, Concesiones Integrales ve un negocio, un enorme negocio de 37 mil millones de pesos.

O de 173 mil millones de pesos, según sus propias proyecciones de recaudación.