Luego de recibir la segunda disculpa pública del gobierno estatal, puesto que la primera no fue validada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Elia Tamayo Montes dio por terminada su guerra en contra del gobernador Rafael Moreno Valle pues lo descargó de culpa, y afirmó que esta semana valorará otorgar el perdón y aceptar la indemnización ofrecida de 1 millón 200 mil pesos, pero pidió que los policías incriminados sean castigados, además de la liberación del edil auxiliar José Javier Montes, recluido en San Miguel.

El fiscal de Derechos Humanos, Enrique Flota Ocampo, fue el encargado de ofrecer la disculpa a Elia Tamayo Montes por la muerte de su hijo José Luis Tehuatle y a once pobladores que también resultaron lesionados, y cuando le entregó el desagravio por escrito, la abrazó delante de todos los medios.

Casi dos años después de que se suscitara el enfrentamiento entre policías y pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, el Gobierno del Estado repuso el procedimiento de la disculpa pública, luego de que la primera no fue avalada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por no haberse invitado a medios de comunicación.

El desagravio público organizado por la Secretaría General de Gobierno (SGG) y la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado miércoles en la secundaria Ricardo Flores Magón, donde estudiaba José Luis de 13 años, será evaluado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para determinar si esta acción dará cumplimiento al sexto de once puntos emitidos al Ejecutivo estatal en la recomendación 2VG/2014.

Aunque han transcurrido 20 meses desde que aconteciera el violento desalojo por parte de policías estatales, a cargo del entonces secretario de Seguridad Publica, Facundo Rosas Rosas, el Ejecutivo estatal no había dado cumplimiento total a esta recomendación e incluso aún queda pendiente la resolución del juicio a los altos mandos policiacos y la indemnización a Elia Tamayo, la única de las víctimas que no la ha aceptado por no estar de acuerdo con el monto ofrecido de 1 millón 200 mil pesos.

La primera disculpa no fue avalada

La disculpa pública ya había tenido un antecedente pocos meses después de los hechos en la junta auxiliar de Chalchihuapan, cuando el 1 de marzo de 2015 la SGG organizó un evento a puerta cerrada en el que también reconoció el uso excesivo de la fuerza pública y ofrecieron una disculpa a Elia Tamayo, pero este evento no cumplió con los requerimientos estipulados por la CNDH.

En representación de la FGE acudió el fiscal de Derechos Humanos, Enrique Flota Ocampo, quien a su vez fue el designado para leer el documento oficial mediante el cual el Gobierno del Estado externó sus disculpas por el uso indebido de la fuerza cometido por algunos de los elementos policiacos, los cuales “ocasionaron daños y perjuicios a varios pobladores de Chalchihuapan”.

Gobierno se compromete a que no haya otro Chalchihuapan

Asimismo, Flota Ocampo precisó que la disculpa ofrecida es también un “compromiso que por convicción asume el Gobierno del Estado de Puebla para que hechos como éste no vuelvan a ocurrir”, además de que sienta bases para que más adelante se puedan conciliar los problemas entre la sociedad y el Ejecutivo.

Junto con Elia Tamayo, acudieron al evento público Heraclio Coyotl Nezahuatl, Gilberto Varela Tecalero, Martín Romero Montes, Filemón Pació Grande, Vicente Tecalero Jiménez y Sergio Jiménez Tecalero, no obstante, la disculpa también incluía a otros pobladores afectados como Javier Xelhua Jiménez, Hugo Jiménez Varela, Juan Xelhua Ocotl, Félix Xelhua Montes y Santiago Pérez Tamayo.

María de Lourdes Martínez Medellín, subsecretaria de Prevención y Derechos Humanos de la SGG, detalló que tras este evento se integrará un informe a fin de enviarlo a la CNDH para su evaluación, independientemente de que tanto Elia Tamayo como algunos de los pobladores declinaran aceptar las excusas ofrecidas por la autoridad.