La presidenta municipal de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez está obligada a solventar las observaciones realizadas en su cuenta pública 2014, dado que, según el coordinador de los diputados federales del tricolor, Víctor Manuel Giorgana Jiménez , en el PRI no se negocian cuentas públicas –a diferencia de lo que ha dicho el dirigente estatal, Jorge Estefan Chidiac– por lo que la alcaldesa debe asumir su responsabilidad.
Indicó que la sanción que aprobaron en el Congreso en contra de Fernández Méndez, consecuencia de un mal manejo en los recursos públicos, es su obligación responder a las acusaciones que se le han hecho ante los ciudadanos que le brindaron el voto y ante el PRI, partido que la postuló.
“Está obligada porque fue depositaria de la confianza ciudadana, es la representante municipal en la segunda ciudad más importante del estado y porque hoy la transparencia, la rendición de cuentas la buena aplicación en el manejo de los recursos es una condición y es una exigencia dentro del partido. A nosotros nos interesa que haya cuentas muy claras para deslindar responsabilidades”, indicó Giorgana Jiménez, durante una gira en Tehuacán para hacer entrega de alarmas y apoyos del programa que encabeza “Centinela Ciudadano”.
El diputado federal solicitó a Ernestina Fernández dejar de argumentar que este inicio de proceso de destitución que enfrenta es una persecución política en su contra por parte del Gobierno del Estado, pues además de que se ha comprobado que el dictamen realizado por la Auditoría Superior del Estado está apegado a derecho, resaltó que es obligación de ella comprobar el buen manejo y uso de los recursos públicos.
“La sanción es producto de un proceso mal cuidado, porque administrativamente no surge de la noche a la mañana, este tema tiene más de un año ocho meses que está ella conociéndolo. Me parece que ha sido un descuido de parte de ella que ha permitido estas consideraciones y que más allá de las diferencias que puede haber con el gobernador como lo ha señalado, es que las casa esté en orden y ella está obligada a comprobarlo”, sostuvo.
Apenas el jueves de la semana pasada el Congreso local aprobó las sanciones en contra de Fernández Méndez, de las cuales será notificada el próximo 2 de enero, a partir de esa fecha contará con 15 para solventar 66 observaciones, en caso de no hacerlo deberá responder a la destitución, a una multa de 228 millones 868 mil 549 pesos, además de una inhabilitación por 12 años, sin embargo, aún puede recurrir a instancias federales para proteger sus derechos políticos, de lo contrario en marzo se hará efectiva su separación del cargo.