Con los votos a favor de las fracciones del PAN, Nueva Alianza (Panal), Compromiso por Puebla (CPP) e integrantes del PRD, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo (PT), el Congreso del Estado aprobó el inicio del procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra del ex alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez a quien se le encontraron irregularidades por más de 411 millones de pesos en su cuenta pública 2013.

Al cierre del tercer año legislativo de la LIX legislatura poblana, el Congreso local votó por mayoría en contra de la cuenta pública 2013 del ex edil capitalino, pese al respaldo que recibió por parte de la bancada del PRI y del diputado Julián Peña Hidalgo de Movimiento Ciudadano para que el procedimiento administrativo no prosperara, por lo que a partir de que sea notificado por la Auditoría Superior del Estado contará con 15 días para solventar las anomalías encontradas, ya que de lo contrario se hará acreedor a sanciones administrativas y económicas.

Durante la sesión, el diputado del PAN, Pablo Montiel Solana, quien se desempeñó como secretario de Gobernación municipal en su gestión, se excusó de votar la cuenta pública en cuestión, intentó con tibieza defender a su ex jefe desde la tribuna legislativa argumentando que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y no a la Auditoría del Estado revisar la aplicación de recursos federales.

“Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y de la Auditoría Superior de la Federación fiscalizar los recursos federales que administran los estados, municipios y órganos político administrativos, por tanto la Auditoría estatal carece de facultades para hacerlo”, aseveró.

Recordó que en 2010 la ASF y la Auditoría Superior del Estado suscribieron un convenio para facultar a esta última en la revisión de la cuenta pública de 2009, bajo los principios de posterioridad y anualidad, es decir, recursos ya ejercidos, por lo cual en esta ocasión tendría que existir un acuerdo similar para tomar esas atribuciones.

En consecuencia, propuso devolver el dictamen de la cuenta pública de Eduardo Rivera a la Comisión Inspectora para remitirlo a la entidad fiscalizadora competente, sin embargo dicho planteamiento fue rechazado por el resto de integrantes del Pleno, por lo cual se aprobó iniciar el procedimiento sancionador contra el ex munícipe con 26 votos a favor de los diputados del grupo morenovallista.

Socorro Quezada denuncia persecución contra opositores

La diputada local del PRD, Socorro Quezada Tiempo acusó que el procedimiento que se inició en contra del ex edil capitalino denota la persecución por parte del Gobierno del Estado contra quienes “piensan diferente”.

Consideró que el Congreso del Estado se ha convertido en “la Santa Inquisición”, al juzgar a quienes disienten con las ideas de la administración en turno, tras recordar que un grupo de alcaldes perredistas ya atravesaron tales circunstancias.

“La persecución comenzó después de esa luna de miel con Moreno Valle. Lo que más lamento es el ánimo persecutorio para los que pensamos diferente, pero recuerden que los carniceros de hoy serán las reses de mañana”, ironizó.

Morenovallistas defienden procedimiento vs Lalo Rivera

En respuesta, los diputados del PAN, Patricia Leal Islas y Jorge Aguilar Chedraui también subieron a la tribuna legislativa para defender el dictamen sometido a votación para el inicio de un procedimiento administrativo en contra de Eduardo Rivera.

Leal Islas garantizó que desde la comisión Inspectora se hizo una revisión de la cuenta pública en cuestión apegada a criterios técnicos, y subrayó que no sólo para el tema de fiscalización, sino también para el cobro de impuestos hay convenios que facultan al estado para proceder conforme a la ley, incluso en estas condiciones.

“El trabajo que se realiza es técnico, las revisiones que lleva la ASE son técnicas, si los sujetos de revisión tienen cuidado de justificar y comprobar ante las autoridades la pulcritud en el manejo de recursos públicos seguro no habrá procedimientos administrativos ni sanción, pero en muchas ocasiones son descuidos de los propios sujetos de revisión”, dijo.

En tanto, Aguilar Chedraui señaló que dicho procedimiento no es determinante, ya que el sujeto obligado tiene posibilidades de ampararse en caso de que considere vulnerados sus derechos, además que por ley se otorga un periodo para poder subsanar las observaciones realizadas.