Roberto Moya Clemente, ex secretario de Finanzas y actual jefe de la oficina del gobernador, negó que los recursos del Impuesto Sobre Nómina (ISN) se hayan hipotecado por los próximos 50 años, pues se están utilizando como transferencias para dar certidumbre jurídica a los bancos por el pago de PPS y Proyectos de Inversión, y este mecanismo únicamente se aplicará por el tiempo que duren los pagos de este tipo de proyectos. “No estás endeudándote (…) es un mecanismo de pago con los bancos”.

Sostuvo que el Centro Integral de Servicios (CIS), las plataformas de Audi y próximamente el Museo Internacional Barroco (MIB), son los tres proyectos en los que se está empleando este mecanismo de pago, los cuales, al ser ejecutados a través de la figura de Proyecto de Prestación de Servicio y de Inversión, representan un pago anual para la administración por mil 212 millones de pesos.

Luego de que el periódico Reforma informara que el morenovallismo entregó el manejo del ISN a la empresa Evercore, propiedad del ex secretario de Hacienda Pedro Aspe,el funcionario estatal explicó el mecanismo, tal y como ya lo había realizado ante diputados locales en su última comparecencia como titular de Finanzas.

Señaló que para pagar los PPS, APP y PI, el gobierno estatal diseñó un esquema de pagos en el que cada mes entregan la suma marcada en el contrato; no obstante, los bancos solicitaron tener certeza de que el gobierno estatal cubriría el monto, para lo cual se creó el fideicomiso con los recursos del ISN, y se ocupará en caso de que no se cubra con el anterior requisito.

El recurso del ISN, expuso, es transferido de manera paralela con el monto del pago de los PPS, pero una vez que el contratante se cerciora de que se cumplió con lo estipulado, los recursos del impuesto regresan al fideicomiso sin ser tocados.

"Es un Fideicomiso público, no es privado (...) se usa como mecanismo de pago. En ningún caso es una hipoteca. Mientras el gobierno pague no pasa nada", explicó Moya Clemente en rueda de prensa en la que estuvo acompañado del vocero de la administración estatal, Max Cortázar.

“Reforma no está presentando de manera completa el mecanismo (…) Desde que era secretario de Finanzas yo platiqué esto. No me preguntaron. No sé si le preguntaron a alguien más”, dijo el funcionario estatal, tras referir que este mecanismo fue autorizado por el Congreso Local en noviembre de 2012.

Los PPS y PI del gobierno estatal

Roberto Moya señaló que el único PPS que actualmente paga el gobierno estatal es el CIS, por el que se cubren 15 millones de pesos mensuales por 25 años. Además, se tienen las plataformas de Audi como Proyecto de Inversión (PI) con un pago mensual de 60 millones de pesos por 15 años.

Sostuvo que en el caso del Museo Internacional Barroco que también es PPS, una vez que inicien la operación los pagos serán de 26 millones de pesos mensuales por 23 años con 3 meses.

De este modo, el monto total que se pagará por el CIS es de 4 mil 500 millones de pesos; por las plataformas de Audi asciende a 10 mil 800 millones de pesos, y el MIB a 7 mil 254 millones de pesos.

Evercore

El jefe de la oficina del gobernador Rafael Moreno Valle detalló que eligieron a la empresa Evercore, puesto que tiene experiencia en asesorías financieras, y era la más calificada para manejar el fideicomiso.

“Cuando buscas contratar a una empresa que te resuelva problemas, buscas una empresa seria que tenga fama nacional e internacional”, dijo, tras referir que para las estructuras financieras la ley no obliga a emitir licitaciones para elegir a las empresas.

En torno al pago que se realiza a Evercore, que según Reforma es de 60 mil pesos anuales, más el pago inicial de cien mil, Roberto Moya consideró que estas cifras son mínimas, tomando en cuenta el costo total de los proyectos financiados y el impacto de las mismas.

Los riesgos de suspender el esquema de pago

Roberto Moya advirtió que en caso de que próximas administraciones estatales traten de rescindir el contrato con Evercore y terminar con este esquema de pagos para PPS, APP y PI, las calificadoras pueden emitir castigos a las clasificaciones entregadas a Puebla.

“Evidentemente, puede llegar alguien e intentar hacerlo, es como si dejaras de pagar al banco tu tarjeta, pero las consecuencias son altas, porque nadie te dará credibilidad. Pero si lo quisiera hacer, las consecuencias en términos de prestigio del gobierno ante el sector financiero se verían castigadas. Eso lo analizan las calificadoras (...), evidentemente, si tú haces esas cosas te van a degradar la calificación”, sostuvo.