Las concesiones para operar el segundo piso de la Autopista México-Puebla y la Autopista Puebla-Perote, podrían ser puestas a la venta por la empresa española Obrascón, Huarte y Laín (OHL) junto con las otras seis concesiones que posee principalmente en el Estado de México y el Distrito Federal, por cuyo paquete estaría recibiendo la suma de 39 mil millones de pesos para solventar la deuda que tienen con sus inversionistas por falsear el valor mercantil de la firma.
Mientras que el tramo carretero Puebla-Perote ya se encuentra en operación y tuvo una inversión total de 3 mil 59 millones de pesos para construir los 122.5 kilómetros de vía, el segundo piso de la autopista será entregado en septiembre por la filial en México de OHL y tendrá un valor de 3 mil 500 millones de pesos.
Conforme versiones periodísticas, las obras poblanas se sumarán al paquete de concesiones que la constructora ostenta, aunque el consejo administrativo en la capital española podría decidir de último momento solamente vender una a Abertis o a IFM Global Infrastructure Fund, quienes ya han mostrado interés por la posible venta.
La filial que en el pasado ya ha estado en controversia por la construcción del Arco Norte en los límites de Puebla y Tlaxcala, actualmente enfrenta un severo problema fiscal luego que fuera acusada por las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro, compuesta por Banamex, BBVA-Bancomer, Banorte, HSBC, ING, Invercap y Principal.
Estos bancos acusaron que desde 2010 OHL sumó a su contabilidad global ingresos provenientes de una supuesta garantía acordada con el gobierno del Estado de México para las concesiones del Circuito Exterior Mexiquense, el Viaducto Bicentenario y la Autopista Urbana Norte.
Sin embargo, recientemente el gobierno se deslindó de este acuerdo provocando que las firmas bancarias acusaran a Sergio Hidalgo, presidente de la filial en México de OHL de recurrir a estas prácticas a fin de obtener inversionistas, garantizando una estabilidad que la empresa en realidad no tiene.
De concretarse la venta del total de la filial, la concesión pactada hasta el 2033 para operar el tramo Puebla-Perote y el segundo piso de la autopista por 30 años a partir de que entre en funciones, pasarían a manos del comprador en un movimiento millonario que le permitirá subsanar sus deudas, pero no las repercusiones legales que además implicaría a funcionarios federales de primer nivel.