¿Cuánto cuesta ganar una gubernatura? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero si el dinero es el principal insumo de la democracia, los relativos días de tranquilidad del periodo de intercampañas han sido ocupados por los war rooms —tanto de Blanca Alcalá como de Tony Gali Fayad— para encontrar los mecanismos financieros que les permiten tener los millones suficientes para ganar. Y aunque el Instituto Estatal Electoral definió un tope de campaña de 44.8 millones de pesos por candidato, esa cifra será ampliamente rebasada en el llamado “dinero negro” que integra toda campaña electoral.

¿Cuánto se gastaron Javier López Zavala y Rafael Moreno Valle en 2010? El tope de campaña oficial fijado por el IEE fue de 61 millones de pesos, pero todo mundo sabe que por lo menos se gastaron diez veces más. Dinero que proviene de aportaciones de campaña, tanto de empresarios como de otros inversionistas de la política, se traduce en espectaculares, mítines, regalos, medios de comunicación, acarreados, asesores, tortas, frutsis. Pero sobretodo, se utiliza en la movilización de los simpatizantes, así como en el mantenimiento a una estructura de promovidos, y claro, ya en el mero día de la elección, en la pura y dura compra de votos.

Los nuevos mecanismos de fiscalización aprobados en las sucesivas reformas político-electorales no han servido un comino. El dinero negro sigue entrando a raudales y eso es lo que define el resultado de la elección. Dicho recurso, que antes solía provenir de empresarios que adquirían un derecho de ventaja en las asignaciones de obra pública y compras, ahora proviene de muy diferentes canales: crimen organizado del gobierno y crimen organizado del narcotráfico. Tener mucho dinero es la única garantía de competir, que no de ganar. Sin dinero, la derrota es segura.

Dicen, por ejemplo, que Javier López Zavala se gastó unos 300 millones de pesos de aportaciones de empresarios locales beneficiados por el marinismo, pero que Moreno Valle llegó a juntar hasta 500 millones de pesos, fundamentalmente de grandes empresas nacionales que querían quedarse con la obra pública.

No parece un mal negocio si tomamos en cuenta, por ejemplo, que a lo largo del sexenio se ejercieron, muy jodido, alrededor de 360 mil millones de pesos. Pensemos que el margen de operación es, digamos, del 10 por ciento, por lo que hay un gran botín de 36 mil millones de pesos solamente de comisiones. Y estamos manejando cifras muy muy conservadoras.

Pero resulta que Blanca Alcalá o Antonio Gali no van a disponer del mismo margen. Al gobernar solamente 20 meses, el presupuesto será de alrededor de 140 mil millones de pesos, y si manejamos el mismo margen del 10 por ciento, entonces el negocio es “solamente” de 14 mil millones de pesos.

¿Qué empresarios van a meterle dinero a la campaña de los principales candidatos?

En el lado blanquista, ya se sabe, las aportaciones de los empresarios poblanos serán mínimas, justo de su tamaño, pues se espera que el gobierno federal entregue los recursos necesarios para ganar. Luego del gobierno federal, los primeros en invertir serán sus propios compañeros millonarios del PRI, que han amasado fortunas y terrenos en los mejores residenciales de la zona conurbada. Auténticos terratenientes en Lomas de Angelópolis y varios desarrollos más en la misma zona.

Y ya en el nivel de los empresarios poblanos, todo indica que al frente del Comité de Recaudación se va a colocar a Mauricio García Acevedo, dueño de restaurantes y rector del Instituto de Estudios Universitarios (IEU), además de que algunas fuentes lo señalan como el verdadero patrocinador del “helicopterazo”.

En el movimiento del dinero, además, ahora hay mucha sofisticación desde que en 2012 se puso a andar la estrategia de las tarjetas Monex o Soriana, para evitar el manejo de efectivo en la campaña y que los operadores se lo roben sin que llegue a la movilización de la estructura el mero día de la jornada electoral.

¿Veremos algún caso semejante en la lucha por la minigubernatura?