A sesenta días de abandonar el poder, Rafael Moreno Valle le ha dado un nuevo manotazo al tablero de la política poblano con una iniciativa que pretende reformular las reglas del juego para 2018. El anuncio tomó a todos por sorpresa, ya que busca introducir dos nuevos elementos a tomar en cuenta para 2018. Uno modifica la forma de gobierno, otro el sistema electoral. En su conjunto, definen una nueva concepción del sistema político mediante gobiernos de coalición o semiparlamentarios—algo que ya está contemplado en la Constitución Política— y la posibilidad de organizar una segunda vuelta, una propuesta que el PRI rechaza furibundamente.

Ambas instituciones, gobiernos de coalición o semiparlamentario y segunda vuelta, estarían supeditadas a un hecho electoral: que el ganador de la gubernatura no alcanzara el 42 % de la votación. Aunque hasta hoy ingresará la iniciativa y se conocerán todos los detalles, todo indica que el ganador de la contienda por Casa Puebla que no obtuvo por ese porcentaje, tendría un mes para negociar en el Congreso local el apoyo de una o varias fuerzas parlamentarias para alcanzar una mayoría estable que dé gobernabilidad, además de aprobar a los integrantes del gabinete.

Transcurrido ese mes, en caso de no haber consolidado una alianza parlamentaria, el Congreso emitiría la convocatoria para una Segunda Vuelta que se disputaría entre los candidatos que obtuvieron la votación más alta.

Por supuesto, se trata de una modificación sustancial a la forma de gobierno y al sistema electoral. Por tratarse de una reforma constitucional, el morenovallismo requeriría una mayoría de dos terceras partes del Congreso y la mitad de los ayuntamientos, algo que pueden conseguir sin problemas, dado que en el peor de los casos sólo votarían en contra los ocho del PRI, Socorro Quesada y Julián Peña. Con 31 votos, la mayoría morenovallista puede aprobarlo en fast track.

Por supuesto, los rafafóbicos pensarán en su simplismo primitivo que la iniciativa forma parte de la estrategia de promoción del gobernador poblano en su disputa por la candidatura presidencial del PAN. Que quiere presentarse como un político de nueva generación, capaz de modernizar el sistema político con una iniciativa de vanguardia, pero que lo hace cuando ya no le aplicará a su gobierno.

Por supuesto, ese análisis es simplista. ¿Qué persigue en realidad el gobernador poblano?

De entrada, por ejemplo, ni Moreno Valle ni Tony Gali hubieran sido maniatados por esta disposición: en la guerra del 2010 el gobernador obtuvo más del 50 % de los votos, y recientemente, el electo triunfó con 45 %. En teoría, las coaliciones electorales se transformaron en gobierno de coalición —aunque a nadie le quede muy claro cómo—, por lo que no habrían tenido necesidad de plantearse una segunda vuelta.

De acuerdo con los datos de la encuesta de MAS DATA presentados ayer, el PAN en 2018 tiene la posibilidad de volver a ganar con una votación arriba del 42 %, especialmente si Martha Erika Alonso es la candidata. Muchas cosas pueden ocurrir en los siguientes meses, pero la mesa está servida para que el morenovallismo obtenga una tercera victoria consecutiva ya que su margen de ventaja sobre el PRI es muy alto, de 3 a 1.

Un PRI además, como se constató ayer en la reunión del CEN tricolor, no tiene orden ni concierto, y los agravios personales fracturan cualquier posibilidad de unirse. Tan sólo el desplante de Blanca Alcalá de abandonar la reunión, con el pretexto de haber sido agraviada por Juan Carlos Lastiri, demuestra que todas las heridas siguen abiertas y no hay tiempo para la cicatrización.

Pero nunca se sabe cuándo puede ocurrir un desastre electoral. Como ninguna derrota es definitiva, el PRI puede regresar de entre los muertos, especialmente si Doger es el candidato. O Morena puede dar la sorpresa de acuerdo con su tendencia de votación.

Entonces descubrimos el verdadero sentido de la reforma: el objetivo de Moreno Valle es, antes de terminar su sexenio, maniatar a quien sea el gobernador a partir de 2018 si este proviniera del PRI o de Morena. Es curarse en salud. Obligarlo a buscar consensos o, si es imposible, irse a una segunda vuelta electoral, donde en teoría el PAN podría imponerse o sobre el PRI, o sobre Morena.

La pretensión del gobernador es ambiciosa en extremo: reformular el sistema político poblano antes de irse. Tiene los votos en el Congreso y nadie, ni en la academia, ni en los medios ni en los organismos empresariales, tiene la suficiente fuerza para combatir esta reforma que, por si fuera poco, no es mala, sino todo lo contrario.

Avanzar hacia un sistema semiparlamentario es ir en la dirección de un gobierno más acotado, con menos pretensiones absolutas. Y la segunda vuelta es la forma más sencilla de aniquilar cualquier intento de resurrección del PRI.

Vaya manotazo: y eso que estamos a semanas de que deje el poder.