El año horribilis de Blanca Alcalá terminó con otra derrota, en este caso jurídica, que se suma al fracaso electoral de junio. Hace dos días la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló por unanimidad la victoria de Antonio Gali Fayad por más de 11 puntos. Pero con la mira puesta en 2018, la senadora buscó una reivindicación histórica a su tremendo fracaso ya que sabía que no había ninguna posibilidad de que los magistrados electorales anularan el resultado. Pero tal reivindicación histórica nunca llegó.
Con el apoyo de sus padrinos y socios, la senadora buscó afanosamente que en el fallo resolutivo se incluyera el reconocimiento expreso de que en la elección poblana sufrió ‘violencia política de género’, o bien, cualquier cosa que esto signifique. Pero no hubo tal: dado que el concepto ni siquiera existe jurídicamente —apenas se aprobó una jurisprudencia—, no hay ningún tipo de precedente al respecto y en fallos previos quedó claro que no ocurrió, por lo que los magistrados electorales rechazaron de plano entrar al estudio.
Quizá por solidaridad de género, quizá por la tendencia de sus fallos propriistas, solamente la magistrada María del Carmen Alanís se adhirió a la tesis de la ‘violencia política de género’ en un voto concurrente que no tiene mayor trascendencia que la anécdota para platicar a sus nietos. En la realidad electoral y en la resolución jurídica, Blanca no podrá recurrir a la justificación histórica de haber perdido por la ‘violencia política de género’ en su contra.
No tuvo muchos argumentos la magistrada Alanís para explicar la chambonada de emitir un voto concurrente. De entrada, reconoce que si la hubo, la ‘violencia política de género’ no fue tan grave como para anular la elección. Y que si la hubo, quien más la sufrió fue la candidata independiente Ana Teresa Aranda, a quien le fue obstaculizado su registro de forma sistemática. Pero Blanca no es la heroína de la película.
De haber ocurrido ese tipo de violencia, fue el Instituto Electoral con su propaganda incitando al voto para ‘gobernador’ lo que provocó inequidad respecto de las tres candidatas mujeres. Esta postura debería ruborizar a los magistrados, que en teoría debería conocer de las reglas mínimas del lenguaje español.
Y pese a que ya se trataba de cosa juzgada, la magistrada Alanís volvió a la carga con el tema de los spots contra Blanca Alcalá en los que se evidenció su enriquecimiento de los últimos años. “Blanca no es tan blanca”, el jingle de campaña más exitoso, refirió las investigaciones periodísticas de Milenio Puebla y el portal Central concerniente a su edificio de departamentos, la construcción de 45 casas en Cuautlancingo, así como la gasolinera que se autoaprobó en su periodo como alcaldesa a través de una tía.
Ese spot “Blanca no es tan Blanca”, ya había sido juzgado por la Sala Superior cuando el PAN impugnó la amonestación que impuso a los partidos de la coalición Sigamos Adelante por emisión. La magistrada Alanís quiso que se confirmara la existencia de la ‘violencia política de género’, pero los restantes magistrados dijeron que no había contenido calumnioso, y que podía referirse indistintamente a hombre o mujer, además que el derecho internacional permite la crítica a quienes ejercen cargos públicos.
En su última oportunidad para justificar el papel de su amiga Blanca, Alanís volvió a la carga sobre ese spot en el voto concurrente pero —como ya lo establecimos— otra vez se quedó sin apoyo, ya que ese asunto quedó como acto juzgado.
Con el fallo del TEPJF, ha quedado en firme la historia que se escribió entre abril y junio de este año: Blanca Alcalá no perdió por esa supuesta ‘violencia política de género’, sino porque no pudo explicar su enriquecimiento inexplicable en forma de departamentos, gasolineras, casas y, como joya de la corona, su #CasaBlanca: ni el trabajo de los medios de comunicación que informaron sobre esos bienes, ni la postura de éstos, fueron objeto de censura por los magistrados electorales.
Blanca quería esa justificación histórica dado que medita volver a competir por la gubernatura en 2018 cuando, calcula, Moreno Valle ya no esté al frente de su maquinaria electoral. Es un mal plan que debería sacarse de la cabeza. Ya escuchó malos asesores todo el año: no necesita otro pésimo consejo extra.
