En mayo de 2014, CAMBIO publicó que la constructora Administradora de Capitales de México (ACM), a la que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) había adjudicado un tramo de la rehabilitación del Periférico Ecológico por 271 millones de pesos, era en realidad una empresa fantasma, de la que no había antecedentes en obra pública en ninguna parte del país, ni siquiera tenía página de internet ni oficinas propias —su domicilio coincide con el despacho jurídico Vega Abogados SC—, por lo que se presumía un acto de corrupción en el gobierno federal.

Dos años después, la secretaría de la Función Pública confirmó que Administradora de Capitales de México (ACM) era, tal como lo advirtió CAMBIO, una empresa fantasma, ya que para simular experiencia en la ejecución de obra pública falsificó diez contratos con el gobierno estatal de Puebla que nunca existieron. La empresa cometió fraude, aunque es imposible que no tuviera apoyo de las altas esferas. Las fuentes señalan específicamente al ex subsecretario de SCT, Raúl Murrieta Cummings, como padrino del abogado Carlos Federico Vega Cajica, el dueño de ACM.

La Función Pública hizo tarde su gran descubrimiento de la actividad fraudulenta. Lo hizo cuando ACM ya había recibido cinco contratos por un monto total de 428 millones de pesos. El más elevado fue el de Puebla, 271 millones, pero también recibió otros cuatro en los centros SCT de Jalisco, Oaxaca y Guerrero.

En su momento, Salvador Aguirre Valencia, el inaccesible delegado de SCT en Puebla que no le rinde cuentas a nadie porque es protegido de Osorio Chong, defendió la asignación de ACM. “El proceso fue de licitación pública nacional y tal vez no es conocida en Puebla pero tiene obras en otros estados. Para nosotros fue la empresa que cumplió con los requerimientos que se hicieron”, comentó en entrevista en junio del 2014, semanas después de esconderse para no responder al documentado reportaje de CAMBIO.

Ese es el estilo peñanietista de la corrupción, aunque en esos meses del 2014 el presidente y su equipo de mexiquense todavía gozaban del reconocimiento internacional del “Saving Mexico” y nadie osaba cuestionar a los personajes más influyentes, como el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y a quien años después despediría por operaciones turbias, Raúl Murrieta Cummings, el subsecretario de Obra.

Hoy la historia de la corrupción es un poco más clara. Al abogado egresado de la Libre de Derecho de Puebla, Carlos Federico Vega Cajica, director de corporativo “Vega Abogados”, se le ocurrió en 2013 que era una buena idea montar una constructora. Carecía de la mínima experiencia en obra pública, pero tenía buenos conectes en el gobierno de Peña Nieto y decidió utilizarlos. Así, sin experiencia previa, Administradora de Capitales de México nació con buena estrella. El primer año fue lento, ya que apenas recibió algunos contratos en Colima, pero luego pegó de hit en 2014.

Como no hay crimen perfecto, tuvo que simular experiencia y falsificó contratos de obra con el gobierno estatal de Puebla que nunca existieron. La Función Pública lo descubrió, pero, oh sorpresa, no encuentra dónde notificarlo. Así, vía edictos publicados en el Diario Oficial de la Federación, se instruyó a dependencias y organismos descentralizados a no contratar a Administradora de Capitales.

No es la única empresa poblana que incurrió en las mismas prácticas fraudulentas. Constructpue de México, falseando también su experiencia y con un historial de revocaciones a sus contratos, se llevó más de 600 millones en obra pública. Si se puede, es todavía más fantasmal que ACM, ya que no queda claro quién es el auténtico dueño que merece tantos privilegios, pese a que su representante legal es María Jacqueline Hernández Ramírez.

En la mira y a punto de llegar a la PGR se encuentran los dueños de ACM y Constructpue de México. ¿Hasta dónde salpicará la mierda?