La decisión de Rafael Moreno Valle de patear al próximo gobierno de Antonio Gali el alza a la tarifa del transporte público puede alterar el curso de lo que era una luna de miel en la transición. Se trata, en esencia, de una ruptura al pacto no escrito entre gobernador entrante y saliente para asumir el costo político de una medida altamente impopular.

Ese pacto no escrito se cumplió de Manuel Bartlett a Melquiades Morales; luego, Melquiades devolvió el favor al finalizar su sexenio para que no cargara Marín con el costo, y éste, el 1 de enero de 2011 aprobó el aumento a la tarifa como parte de su paquete de salida con Moreno Valle.

Pero ahora el saliente le dijo no al entrante. Ayer, Moreno Valle afirmó que en su sexenio no tiene pensando autorizar el incremento que piden a gritos los concesionarios del transporte luego de los alza a sus insumos, incluido el gasolinazo aplicado en julio y agosto. La situación se va a agravar porque se adelantó a 2017 la liberalización de precios de gasolinas, y aunque ahora el petróleo está barato, nadie puede predecir cómo avanzar el costo de los combustibles.

Medida impopular, pero el incremento a la tarifa del transporte es inevitable y tiene que darse para pasar de 6 a 8 pesos o 7.50, y el del RUTA va a pasar de 7.50 a 8.50 cuando menos. Esa medida va a generar un descontento natural que va a ser capitalizado por los opositores al morenovallismo.

La ortodoxia dicta, por lo menos hace tres sexenios, que el saliente asume al costo para dejar que el entrante asuma el poder sin raspones. Se trata a veces de un acto de generosidad política, pero también a veces de presión e intercambio de fichas, como ocurrió de Marín a Moreno Valle en una entrega-recepción de por sí compleja que no quiso tensarse más.

Para nadie es un secreto que el paquete de impunidad de Mario Marín consistió en aumentar el pasaje, no vender el terreno enfrente de Angelópolis donde luego de construyó el CIS y reformas legislativas varias, como la creación de la Junta de Coordinación Política y la eliminación del requisito de ostentar título de médico para poder ocupar la Secretaría de Salud.

Pero Moreno Valle no se siente en necesidad de comprar un paquete de impunidad ni tiene generosidad hacia Gali, pues sabe que aumentar la tarifa le va a atraer un costo en su salida que repercutirá en las encuestas de la evaluación de su trabajo.

En resumen: de cara a su proyecto presidencial, Moreno Valle no quiere pagar ningún costo que opaque su salida de la gubernatura. Y si Gali se lo tiene que comer, pues que se lo coma.

No creo que esto haya caído en gracia en el equipo de transición y también se ignora cómo va procesar el tema, pero parece intolerable que a unos días de su toma de protesta, Antonio Gali tenga que pagar el costo de la medida impopular del alza al pasaje y aguantar el mentadero de madres que puede durar semanas o meses.

Patear el alza al pasaje hacia febrero o marzo de 2017 también es electoralmente peligroso, ya que el enojo se acerca más a la definición de la madre de todas las batallas en 2018. Los electores es más fácil que lo recuerden y cobren facturas.

Por si fuera poco, Gali se ha comprometido a poner en marcha durante su periodo de la línea 3 de RUTA, de tal forma que le espera una negociación compleja, que puede llegar a agresiva —hay que recordar lo que ocurrió en la línea 2 de la 11 Norte-Sur— con los concesionarios de ese derrotero. El gobernador electo tiene que llegar con fuerza a ese momento para poder imponerse.

Gali gobernará solamente 22 meses, aunque poder pleno sólo tendrá la mitad, 11 meses, ya que después ocurrirá la definición de candidatos. ¿Va a pasar un cuarto de su mandato lidiando con el alza al transporte y paros de concesionarios?

Creo que este es un momento crucial para el gobernador electo. Suena muy bien la luna de miel y la cordialidad, el continuismo de la transformación. Pero no asumir el golpe al alza de la tarifa es un golpe político. Si no hay un freno al agandalle, va a crecer la idea de que en Puebla habrá un Rafaelato. Y no creo que eso le convenga a nadie.

En este caso, no hay de dos sopas: el gobierno morenovallista debe asumir el alza para que el entrante tenga margen ante la ciudadanía. Cómo se logre, es otra historia.