No es la indolencia, sino el reparto de jugosas ganancias lo que hace de El Triángulo Rojo una ínsula poblana de corrupción, crimen organizado y muerte. Cientos de millones de pesos en ganancias con el robo de hidrocarburo que anestesian el actuar de policías federales, estatales y municipales, así como la escasa preocupación de Pemex, quien todos los días es desfalcada sin que su anterior director, Emilio Lozoya, ni el actual, José Antonio González Anaya, busquen frenar la comisión de un delito que deja réditos multimillonarios.

Por primera vez, las ganancias del ilícito son cuantificadas: mil 200 millones de pesos es el cálculo de la propia Pemex tan sólo en 2015; desde 2013, casi mil 500 millones de pesos. En ese año, 2015, fueron hurtados aproximadamente 90 millones de litros de gasolina que fueron a parar al mercado negro. ¿Cómo se desaparecen, transportan, guardan, revenden, 90 millones de litros de gasolina? ¿Cuánta gente tiene que participar en este crimen organizado?

En 2015 Puebla se ubicó en tercer lugar del ranking. En 2016, nadie nos disputa el primerísimo lugar. El robo de combustible es probablemente la actividad más lucrativa que se realiza en Puebla en este momento. Se hace a ojos de todos, no hay víctima aparente y ninguna autoridad está comprometida en detenerlo.

Nadie tiene prisa en el Triángulo Rojo: de Acatzingo a Quecholac, una amplia franja de territorio poblano se pudre ante nuestros ojos. Nadie debe sorprenderse si en cinco años nos estamos preguntando cómo se jodió Puebla. Pues se jodió ante nuestros ojos. Y la jodidez comenzó en el morenovallismo.

No tienen prisa en Pemex por frenar el robo de hidrocarburo, lo que evidencia la complicidad de altos mandos de la ex paraestatal, cuyo servicio de vigilancia privada brilla por su ausencia. La complicidad es evidente, pues alguien proporcionó el mapa de los ductos, así como la frecuencia de la vigilancia en campo en cientos de kilómetros hasta Minatitlán.

No tienen prisa la Policía Federal ni los militares, pese que a cada vez hay más pruebas de la violenta disputa del territorio entre grupos remanentes de Los Zetas, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y hasta el Cártel del Golfo. La ordeña de combustibles ya es un delito organizado a gran escala, porque incluye a gasolineros y empresas que se surten de ese mercado negro generado por el delito.

Dicho ilícito trae consigo el origen de los “huachicoleros”, como llaman en la zona a los pobladores de los municipios en conflicto que venden el combustible a la orilla de carreteras y caminos, y hasta en las cisternas de sus casas. Los “huachicoleros” no se consideran delincuentes, sino que aducen comerciar el combustible que sigue brotando del ducto, luego que los auténticos ladrones han desconectado sus tanques.

El surgimiento de los huachicoleros es prueba de la ruptura del tejido social en esa región de Puebla y de la podredumbre que avanza inexorablemente. Los poblanos de esos municipios son cómplices activos de las bandas de robaductos y encabezan sus células aliados con alcaldes y directores de seguridad pública.

Capítulo aparte es el de los alcaldes y aspirantes a gobernar esos municipios en 2018. En la zona, se escuchan todo tipo de cosas. Que si el edil de Tecamachalco llena sus gasolineras con el combustible del mercado negro. Que si el alcalde de Palmar de Bravo tiene a su lado al auténtico capo de la zona. Que si en campaña quisieron armarle un mitin al candidato ganador, y este suficientemente informado prefirió fingir demencia. Que si los huachicoleros financian a un partido político local.

Muchos rumores, pocas investigaciones, cero detenciones. El Triángulo Rojo de Puebla se pudre ante nuestros ojos. Y todo inició en el morenovallismo. ¿De verdad no planean hacer algo?