Los consejeros electorales del IEE han cometido su primer gran error en el proceso electoral 2016: abdicar su capacidad para arbitrar y regular el debate entre los contendientes a la minigubernatura, cediendo a los candidatos, sus representantes y los partidos políticos las decisiones logísticas de acordar lugar, día y hasta formato de réplicas en que habrá de llevarse a cabo. Ceder esa atribución es un absurdo, ya que el Código Electoral en su artículo 224 dice expresamente que el Consejo General ORGANIZARÁ, no que cederá la organización.

Me temo que ahora ese debate no se va a realizar en las condiciones ideales y con los cinco candidatos: cómo van a ponerse de acuerdo sus representantes que, por definición, defienden el interés de su propio candidato y querrán obtener las mayores ventajas de formato, lugar, horario y un largo etcétera. Dejar en manos de los partidos el debate de los candidatos a la mini no abona a la democracia. Por el contrario, es un golpe contra ella. Ana Teresa Aranda, que tantos juicios les ha ganado, debería recurrir al TEPJF para obligarlos a ORGANIZAR.

En México no existe la cultura del debate: desde nuestra educación básica se impulsa la oratoria como arte de la palabra, que en realidad es un monólogo que llega a convertirse en soliloquio. Por el contrario, en el high school norteamericano se promueve la creación de equipos de debates para la confrontación de ideas. No en balde, en el sistema político de EU, lo más común es el debate entre candidatos, que ni siquiera es regulado por algún órgano, sino por universidades o centro privados del pensamiento, conocidos como think thanks.

Así, desde las primarias como en una carrera presidencial ocurren por lo menos tres o cuatro debates en los formatos más ágiles posibles y con cuestionamientos que provienen de estudiantes o de público especializado, y son esos momentos los que permiten modificar las tendencias electorales.

En México se ha establecido la costumbre de que el puntero en las encuestas rechaza acudir a los debates. Por ejemplo, López Obrador no quiso ir al primer debate presidencial del 2006 y los electores castigaron su ausencia, pues ahí comenzó su descenso en las encuestas. Después de eso, ningún candidato en su sano juicio desea excluirse del choque oficial que organiza el órgano electoral.

Por ejemplo, el anterior Código Electoral establecía la obligación al IEE de, cuando menos, organizar dos debates entre los candidatos al gobierno estatal y uno entre los aspirantes a diputados. En 2013, por ejemplo, hubo choques en los 26 distritos electorales, además del de la alcaldía que perdió Enrique Agüera, no por lo que dijo, sino por la imagen en la que se veía sin cuello.

Sin embargo, la última reforma electoral desapareció esas obligaciones. El artículo 224 ahora dice que el Consejo General organizará “cuando menos un debate público” que se llevará a cabo previo acuerdo de los candidatos y los partidos. En su segundo párrafo, ahora señala que solamente “promoverá” los debates entre candidatos a diputados y presidentes municipales.

Y lo peor es que la ausencia del debate no genera ningún tipo de sanción, ya que el Código Electoral acepta la “no presencia de alguno de ellos” y que este puede realizarse sólo con la asistencia de dos candidatos.

Pese a que sus obligaciones disminuyeron, ahora el Consejo General se desatiende del significado de la palabra “organizar” que, según la RAE tiene dos acepciones principales:

1- Establecer o reformar algo para lograr un fin, coordinando a las personas y los medios adecuados.

2- Hacer, producir algo.

Con el voto en contra de dos consejeros, José Luis Martínez y Flor de Té, el Consejo General decidió entregar a los candidatos la logística, hora, lugar y hasta formato, pues de ellos dependerá si hay réplicas y contrarréplicas. ¡Craso error!

Será dificilísimo que los candidatos se pongan de acuerdo, y eso abrirá la puerta para que alguno de ellos decida no asistir, lo que sería un error. El puntero en las encuestas puede dudar de asistir, ya que Antonio Gali Fayad podría argumentar que se dirige a una celada o que sus representantes no estuvieron de acuerdo. En fin. Malo para el proceso democrático.

Lo mejor sería que los partidos impugnaran el acuerdo que tomó ayer el Consejo General del IEE para que el TEEP o el TEPJF los obligue a organizar. Bastante cobran por hacerse güeyes.