En una carta afirmaron que desde septiembre pasado Díaz Sántiz fue trasladado al penal de máxima seguridad, ubicado en el municipio de Villa Comaltitlán en la costa del estado, “donde están encerrados los sentenciados por delitos del fuero federal”, por lo que “se siente amenazado y torturado sicológicamente por las difíciles condiciones de vida en ese reclusorio”.
Añadieron que “el traslado forzoso a Villa Comaltitlán es una venganza política del mal gobierno contra Alejandro, castigado por apoyar y concientizar a los demás presos y no callarse ante los abusos contra las personas detenidas”.
En la cárcel “se politizó y se adhirió a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona EZLN, se organizó con otros presos y presas en el colectivo llamado Solidarios de la Voz de El Amate que, tras muchas acciones emprendidas por el mismo Alejandro, lograron su libertad en julio de 2013”, menos la de él.
“Desde entonces ha seguido concientizando a más internos sobre sus derechos y sobre los procesos organizativos posibles en la cárcel”, además de que “presta su voz para denunciar los atropellos y la corrupción de las autoridades penitenciarias en contra de la población carcelaria, desafiando a directores y funcionarios”, expresaron las organizaciones, grupos y colectivos de México, Italia, Alemania, Francia, Portugal, Suiza, Estados Unidos y Brasil.
Entre otros, estos colectivos son la Red Contra la Represión y por la Solidaridad, Comité de Defensa de los Derechos Indígenas de Oaxaca, el Comité Noruego de Solidaridad con América Latina, la Red de Solidaridad con México de Chicago, el Comité de Solidaridad con los Pueblos de Chiapas en Lucha y la agrupación Ya Basta de Italia.
“El compañero Alejandro es indígena tzotzil de 35 años de edad, preso desde el 1999, acusado de un homicidio que no cometió. Al momento del arresto (en el estado de Veracruz) no hablaba español, fue torturado, nunca tuvo acceso a un traductor y no podía contar con dinero suficiente para una defensa legal adecuada.
“Es decir fue detenido y encerrado por ser pobre e indígena, algo muy común en la lógica racista del sistema colonial de justicia en México y en Chiapas”, manifestaron.
Afirmaron que “como si no fueran suficientes las razones éticas, las autoridades judiciales y el mal gobierno tienen hasta la herramienta legal para ya excarcelar al compañero, dando resolución positiva al amparo en curso para que de esa forma Alejandro acceda a los beneficios de pena que les tocan por derecho, poniendo fin a esta larga injusticia”.
Asimismo, señalaron, las autoridades estatales “han firmado declaraciones y minutas para la libertad de Alejandro Díaz, de tal forma que, cuando menos, se logre su inmediato retorno al penal número 5 ubicado en San Cristóbal, más cercano y accesible para sus familiares”.
Por ello, concluyeron, “exigimos su inmediata liberación, y más en general el alto a la criminalización de la pobreza y de la lucha social en Chiapas. Declaramos, además, que estamos al pendiente para relanzar actividades y acciones contundentes para que esa injusticia tenga fin”.