Ante la crisis de gobernabilidad en Puebla y el escándalo nacional, el gobernador Rafael Moreno Valle reunió a sus periodistas y dueños de comunicación aliados en el salón Gobernadores del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis para “tirarles línea” y difundir en todas sus plataformas la verdad “oficial” de los hechos ocurridos el pasado 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan, así como definir estrategias a seguir durante los próximos días para contrarrestar la información negativa en contra de la administración estatal.
En un encuentro que se definió como “privado”, Moreno Valle citó a los aliados de los medios de comunicación a lo largo de su gobierno en punto de las 19 horas y les presentó fotografías para criminalizar al niño José Alberto Tehuatlie Tamayo, muerto por un impacto en la cabeza por una bala de goma, por participar en la marcha, y ordenó culpar a la mamá para desmontar la versión “de que iba saliendo de la escuela cuando fue herido”.
En la fotografía que el área de Comunicación hizo llegar a los participantes del cónclave en el edificio ejecutivo del CIS, se aprecia a Tehuatlie Tamayo sosteniendo una lona durante la manifestación en Chalchihuapan, muestra “irrefutable” para demostrar que el menor participó en la marcha y culpar así a sus familiares, y los peritajes preliminares de la Policía Científica Federal y de la PGJ de Puebla que así supuestamente lo demuestran.
Previo a ingresar al salón y ocupar el lugar con los personificadores que identificaba el lugar de cada uno de los asistentes, el gobernador panista giró la instrucción de que los periodistas y dueños de medios dejaran sus celulares y demás artefactos de telecomunicación en la entrada para evitar tomar fotografías y filtrar la información de los pormenores de la reunión.
La lista de invitados
Los dueños de medios de comunicación presentes fueron: Armando Prida, dueño del periódico Síntesis; Coral Cañedo, dueña de Cinco Radio; Gerardo Islas, dueño de grupo Sexenio, y Enrique Montero Ponce, dueño de Grupo Tribuna.
Mientras que los periodistas que atendieron el llamado fueron: Mariloli Pellón de Televisa, Armando Álvarez de Tv Azteca, Iván Mercado y Vicky Fuentes de Grupo Oro, Javier López Díaz de Cinco Radio, Jorge Rodríguez de El Sol de Puebla, Pablo Ruiz de Milenio, Ricardo Morales de Efekto 10, Jorge Machuca del portal NG, Carlos Martín Huerta de Así sucede, Mario Alberto Mejía de Sexenio, y Patricia Estrada de La Tropical.
También fueron convocados el alcalde de Puebla, Antonio Gali Fayad; la presidenta del SEDIF, Martha Erika Alonso; el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas; el secretario de Seguridad, Facundo Rosas Rosas; el secretario de Salud, Roberto Rivero Trewartha; el secretario de Educación Pública, Jorge Cruz Bermúdez; Moroni Pineda, representante en Puebla de la fundación Únete y miembro de la asociación Mexicanos Primero y el ex visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y priista, Juan Pablo Piña.
La información a difundir
Además de los videos y fotografías que tendrán que difundir en televisión, redes sociales, periódicos digitales e impresos, Moreno Valle dejó en claro que se debe dejar en claro a los espectadores que “los responsables de la muerte de José Alberto Tehuatlie fueron los propios pobladores de San Bernardino y que la Policía estatal jamás utilizó balas de goma”.
Se debe informar que la herida tenía entre tres y cuatro centímetros de apertura, de acuerdo al dictamen balístico de lesión por copetón realizado por peritos del estado. Los periodistas deben dar a conocer la ausencia de carbonización en la herida del menor y esto se debe a que sólo presentaba ahumamiento.
En la información difundida necesitan dejar en claro la inexistencia de las balas de goma y que éstas fueron confundidas con los engomados de los empaques de los gases lacrimógenos.
Bloquean acceso a otros medios
Esta casa editorial se presentó al cónclave de medios de comunicación en el CIS, sin embargo el vocero del gobierno, Fernando Crisanto, ordenó la salida del Salón de Gobernadores del representante de Diario CAMBIO. Incluso, el funcionario público ordenó seguir todos los movimientos de este reportero, lo que llevó a seis policías estatales a evitar el trabajo periodístico de este rotativo, para que no se acercara a los secretarios de estado ni a los dueños de los medios de comunicación durante la salida de la reunión.