El diputado federal José Luis Márquez Martínez hizo públicas sus aspiraciones de luchar por la dirigencia estatal del PRI, incluso aseguró que estaría dispuesto a dejar su curul en la Cámara baja del Congreso de la Unión para enfocarse en su totalidad en la selección interna.

“Yo voy a participar buscando la dirigencia estatal. Estoy seguro que el próximo líder estatal del PRI debe ser una persona imparcial que no esté apostando a un proyecto político, ni que tampoco respalde a una candidata o candidato a la gubernatura. También que genere la unidad y consenso entre lo diferentes autores políticos. El PRI requiere de unidad, desde cada uno de los municipios, organizaciones y sectores, tengo la intención de participar”.

En entrevista desde la ciudad de México, Márquez Martínez se convirtió en el primer “pez gordo” del tricolor en destaparse rumbo a la sucesión de Pablo Fernández del Campo en el Comité Directivo Estatal, además indicó que cuenta con el respaldo de los principales grupos políticos y liderazgos del partido.

“He estado trabajando y platicando con todos los actores políticos, sobre todo con aquellos que tienen un gran liderazgo y trascendencia. Con todos, con diputados federales, senadores, diputados locales, ex gobernadores, presidente municipales. He estado haciendo el trabajo, vamos bien”.

El legislador confirmó que los delegados del CEN en Puebla, los senadores René Juárez Cisneros y Angélica Araujo Lara dieron inicio a la primera etapa del proceso de selección del próximo líder estatal, por lo que en esta semana se reunirá con los dos representantes de la dirigencia nacional.

“Estamos en espera de cuál es la decisión que toma el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Hemos platicado ya con el delegado regional y tendremos una plática con la delegada para el estado de Puebla, manifestando la intención de participar en el proceso de selección del próximo presidente estatal del partido”.

El martes, Márquez Martínez retomó el escándalo de Oceanografía para golpear al morenovallismo a nivel nacional, a través de un punto de acuerdo presentado en la Cámara de Diputados exigió la intervención de la Auditoría Superior de la Federación y de la Procuraduría General de la República para que investiguen los contratos que celebró el gobierno estatal con la filial de la empresa de Amado Yáñez, OSA, Constructora y Edificadora.