Sin denuncias penales de por medio, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reprobó el ejercicio de cuatro fondos federales por parte del gobierno morenovallista, como resultado de la revisión de la aplicación de recursos de la cuenta pública federal 2012, correspondiente al último año de la gestión de Felipe Calderón Hinojosa.

La compra de mototractores, la construcción del metrobús, así como los recursos ejercidos del Fondo de Inversión para Entidades Federativas (FIEF) y los del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), fueron dictaminados como negativos por la ASF.

El programa estrella del gobierno estatal en materia agricultura fue observado debido a las irregularidades en las que incurrieron por la compra de mil 690 mototractores entregados en 2012, seleccionando de manera unilateral la marca, tipo y los proveedores para su adquisición, además de que fueron adquiridos con sobrecostos superiores al 40 por ciento respecto de los precios de mercado. Incluso se presume la falsificación de firmas.

En lo referente a la línea 1 del metrobús (Tlaxcalancingo-Chachapa), la ASF observó pagos anticipados sin fundamento, modificaciones al contrato sin reflejarse en bitácoras, pago sin fundamento de los servicios de supervisión externa y obras no ejecutadas.

En cuanto a los recursos del FISM se calificó como ilegal la operación del programa de Desarrollo Institucional Municipal (DIM), debido a que se obligó a los municipios poblanos a entregan el 2 por ciento de los recursos que reciben de dicho fondo.

Por lo que respecta al Fondo de Inversión para Entidades Federativas (FIEF), las anomalías detectadas corresponden al ejercicio de recursos de 2010, durante el gobierno marinista, en las que se señala que el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Gustavo Jiménez Aguayo autorizó gastar 65 millones 937 mil pesos para la adquisición de maquinaria agrícola, sin embargo, los recursos se entregaron directamente a organizaciones vinculadas al campo, cuando éstas debían quedar en manos del gobierno.

Mototractores, un lodazal

La compra de los mil 690 mototractores por parte del gobierno morenovallista fueron financiados con 107 millones 893.1 mil pesos de recursos federales y ante el cúmulo de las irregularidades detectadas la ASF determinó dictaminar como negativo el uso del recurso. Por ello se presume un probable daño a la Hacienda Pública federal por un monto de 107 millones de pesos.

Entre las anomalías detectadas se señala que los motocultores fueron adquiridos con dos proveedores de un mismo grupo, con sobreprecios, además de que se presume que se falsificaron 168 firmas y 24 beneficiarios dijeron que no recibieron el apoyo.

Asimismo, se señala que los motocultores MekaTech modelo MKT-11195N adquiridos por el gobierno poblano no cuentan con la certificación Ocima y que los sobreprecios con equipos similares de las marcas Pascuali y Grillo —que sí tenían dicha certificación— iban de los 41 mil hasta los 74 mil pesos.

Aunado a las irregularidades detectadas en el ejercicio de los recursos, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) audite a los dos proveedores, quienes facturaron un total 194 millones 339.9 mil pesos, pues se presume que los beneficiarios no aportaron los 50 millones 482.5 mil pesos que les correspondía, pero las empresas incluyeron el monto en la facturación, “lo que hace presumible que los proveedores simularon una facturación con la finalidad de comprobar la entrega de los subsidios y sólo recibieron el pago correspondiente a la aportación federal y estatal por 143 millones 857.5 millones de pesos”, además se señala que las empresas proveedoras no acreditaron la introducción legal al país de los equipos comercializados.

La revisión a la compra de los mototractores arrojó 12 observaciones, de las que una fue solventada por la entidad fiscalizada durante el proceso de la revisión y las restantes generaron ocho recomendaciones, una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, tres pliegos de observaciones y una multa; asimismo, se solicitó la intervención de las instancias de control competente para que se verifique que no existan irregularidades similares en los años 2010, 2011 y 2013.

Metrobús reprobado

La Auditoría Superior también emitió un dictamen negativo para las obras de la línea 1 del metrobús, pues a lo largo de las auditorías se criticó la calidad de las obras en la construcción del carril confinado, pagos en exceso a las constructoras y empresas de supervisión externa, luego de analizar 544 millones de pesos de la aplicación de recursos del Fonadin, canalizados al proyecto a través de Banobras como crédito a fondo perdido.

Según el dictamen emitido por la ASF, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el gobierno del estado de Puebla no cumplió con las disposiciones normativas aplicables.

Entre las inconsistencias detectadas en el contrato número OP/LPN/SI-20110144 se destaca la cancelación de obras por un monto de 121 millones 409.2 millones de pesos, de los cuales 22 millones 173.4 mil pesos eran para la construcción del viaducto Cetram-Chachapa; 46 millones 884.4 mil pesos para el viaducto 18 de Noviembre; 42 millones 98.2 mil pesos para la edificación de puentes peatonales, 5 millones 334.6 mil pesos de alumbrado de los ocho puentes peatonales y 4 millones 918.6 mil pesos de las actividades preliminares, terracerías y pavimento de concreto hidráulico; además, se constató que no se efectuaron los ajustes ni se formalizaron las modificaciones de los alcances de dicho contrato.

Los pagos en exceso detectados por la auditoría federal para el servicio de supervisión externa fueron cuantificados en 16 millones 278.1 mil pesos, debido a una duplicidad en el pago.

El dictamen señala que no se verificó que las empresas contratistas realizaran las pruebas de control de calidad del pavimento de concreto hidráulico, pues la gestión morenovallista realizó pagos anticipados por 14 millones 479.8 mil pesos en las actividades de edificación de obra civil para paraderos y para estaciones de transferencias, y no se evaluó correctamente el costo de financiamiento de las empresas ganadoras y se ejecutaron trabajos de mala calidad.

De las 18 observaciones realizadas, seis fueron solventadas antes de la integración del informe. Las 12 restantes generaron una recomendación, 10 solicitudes de aclaración y cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

FISM negativo

La revisión de los recursos ejercidos del Fondo de Inversión para Entidades Federativas y los del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), durante 2012, arrojaron la determinación de recuperar los 42 millones 131.2 mil pesos utilizados por el DIM, así como una recomendación y un pliego de observaciones.

En el reporte publicado por la ASF, califica como ilegal la operación del DIM, pues genera un daño patrimonial por más de 42 millones de pesos, debido a que los municipios entregan el 2 por ciento de los recursos que reciben del fondo al gobierno del estado, y de acuerdo al dictamen, el 82.5 por ciento de la bolsa que se crea se destina para el pago de la burocracia de este órgano que esta adherido a la Secretaría General de Gobierno.

“En un análisis jurídico, los convenios celebrados con recursos del FISM para llevar a cabo el Programa de Desarrollo Institucional transgrede y afecta el principio de libre administración pública hacendaria municipal”.

El informe establece que 168 municipios entregaron 41 millones 754 mil pesos a la Secretaría de Finanzas y Administración. Estos recursos fueron depositados en una cuenta bancaria que generó intereses por 377 mil pesos.

El reporte establece que la totalidad del dinero que se captó por el concepto del DIM, no fue ejercido en su totalidad, durante 2012, y fue hasta septiembre de 2013 cuando se terminó la cantidad de más de 43 millones de pesos.

Fondo de Inversión para Entidades Federativas

Este fondo fue entregado sólo a Puebla y Tamaulipas, ambas entidades recibieron un monto global por 946 millones 370 mil pesos en 2010, y tras las anomalías registradas, la ASF ha solicitado a la Contraloría morenovallista que se revisen los casos y se busque solucionar el daño ocasionado.

Las anomalías corresponden al periodo en el que el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural en la era marinista, Gustavo Jiménez Aguayo, y se expone que la dependencia erogó 65 millones 937 mil pesos para la adquisición de maquinaria agrícola, sin embargo, los recursos se entregaron directamente a organizaciones vinculadas al campo.