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A pesar de las 12 ejecuciones presentadas en el primer mes del año y los índices negativos en secuestro y asalto bancario evidenciados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del estado, Francisco Rodríguez Álvarez, defendió “con uñas y dientes” la estrategia morenovallista para combatir la delincuencia en la entidad poblana y advirtió que para comprobar los avances en la materia su parámetro seguirá siendo los resultados obtenidos durante el sexenio de Mario Marín Torres.
“Lo que no comparamos es con lo que ha sucedido en Puebla a la fecha. En 2011 y en 2012 se disminuyó la delincuencia. Son las cifras que manejamos y el Sistema Nacional de Seguridad Pública marca una disminución en los delitos del fuero común”.
“Son hechos a los que no estamos acostumbrados ni nos acostumbraremos. No queda más que, como lo hemos hecho, cerrar filas con nuestra autoridad, con nuestras instituciones y aportar desde la parte que nos corresponde para que no se den este tipo de hechos en la entidad, más allá de las especulaciones del caso”.
Rodríguez Álvarez aseguró que desde la llegada de Rafael Moreno Valle al gobierno se ha logrado bajar los índices de inseguridad, aunque no supo precisar ni una sola cifra a nivel nacional ni local, y aseguró que “ahora ya no se simula con el marinismo”, con lo que justificó la alza en los indicadores nacionales de delincuencia.
“En el sexenio simplemente no habían porque se ocultaban. Si nos vamos al Sistema Nacional de Seguridad Pública, Puebla es de los mejores. La realidad es que en el pasado no se informaba al sistema, había simplemente constancias de hechos y no averiguaciones previas. Hoy simplemente se ha dejado de simular con eso que sucedía en el pasado”.
De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el número de averiguaciones previas iniciadas por secuestro en 2014 no descendió en relación con las contabilizadas en 2013. En 2013 como en 2014 se mantuvo la constante de 33 averiguaciones previas iniciadas por privación ilegal de la libertad, sumando un total de 158 secuestros en los cuatro años de la administración morenovallista.