Ante la “crisis” de contaminación que presenta el río Atoyac, el delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Sierra Sánchez, urgió a los presidentes municipales asumir su responsabilidad en realizar operativos en las empresas formales e informales con el fin de detectar cuáles son las que están descargando sus aguas sucias a los drenajes que llegan a este cauce.

Les recordó que tienen una obligación y ante la entrada en vigor de una norma más estricta que protege al Atoyac en este 2015, los funcionarios podrían enfrentar un proceso penal por el delito de omisión si se registra algún daño mayor al medio ambiente.

En entrevista dio a conocer que a principios de año, oficinas centrales de la Comisión contrataron al Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para que lleve a cabo estudios sobre el daño que existe en la cuenca, incluyendo la parte de Tlaxcala, con el fin de determinar la inversión que se requiere para su saneamiento.

Señaló que para ello deberán de aportar recursos tanto el gobierno de Rafael Moreno Valle como el de Mariano Zarur, al igual que los municipios involucrados.

Y es que reconoció que las 22 plantas de tratamiento que se ubican sobre el río, incluyendo las cuatro macro plantas del Soapap, no cumplen con la nueva norma, por lo que es necesario que se invierta para que respondan a las necesidades.

Calculó que será a finales de mayo de este año cuando ya se sepa con claridad el presupuesto que se requiere invertir.

En ese sentido, Sierra Sánchez consideró que no sólo es importante destinar dinero para mejorar la infraestructura sino también mantener programas integradas como operativos constantes que lleven a detectar a firmas que están causando el daño, incluyendo talleres mecánicos y lavanderías.

Por ello, dijo que es importante que los ayuntamientos cumplan su parte en vigilar y reportar para que se pueda proceder ante la PGR tras recordar que se trata de un delito federal.

Informó que en los últimos días se han tenido reuniones con 27 organismos municipales para pedirles aplicar la ley y no seguir siendo omisos ante el daño al medio ambiente.