Sostuvieron que los recientes escándalos de corrupción y de compras inexplicables de mansiones a empresarios favoritos en la construcción de obra pública puso nervioso al Gobierno federal, por lo que intentan echar reversa en los logros ciudadanos en materia de transparencia.

“Se ha atorado la discusión. Yo digo que sufrimos el tropezón de la ‘casa blanca’, el club de golf de Malinalco y otras propiedades que demuestran la preocupación de la autoridad federal respecto a realmente avanzar en la apertura de información”, afirmó el Senador Alejandro Encinas, secretario de la comisión dictaminadora.

Advirtió que entre los cambios más graves se encuentra la intención del PRI y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de restringir al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) que determine la apertura de documentos relacionados con corrupción.

Con lo cual peligra la posibilidad de que la sociedad pueda solicitar información de temas como la “casa blanca” de la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto.

Entre otros aspectos regresivos, advirtieron los senadores perredistas, está la posibilidad de establecer como información reservada documentos relativos a violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad, hasta que una autoridad competente lo determine.

“Es decir, temas como Ayotzinapa o Tlatlaya, que han sacudido la historia reciente del país, pues quedarían reservados, no podrían transparentarse, como se había lo grado plantear en la iniciativa, como el espíritu constitucional lo tiene”, alertó el Senador Armando Ríos.

Otro aspecto regresivo, es la posibilidad de que se puedan transparentar los recursos federales invertidos en fondos y fideicomisos.

Tanto en Banco de México (Banxico) como en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hay una cantidad inmensa de millones de pesos del erario que están dispersos en fondos y fideicomisos indicó la Senadora Dolores Padierna.

No obstante, explicó que la principal preocupación del Gobierno federal es mantener en opacidad los multimillonarios recursos que se guardarán en el Fondo Petrolero, establecido con la reforma energética.

“Pero lo que aquí importa y por eso le van a echar reversa es porque ahora tenemos un fondo muy importante, el más importante en toda la historia que es el Fondo Mexicano del Petróleo al seno del Banco de México y por eso el Banco de México ha opinado que no se dará a conocer lo que ponga en riesgo la estabilidad financiera y económica”, alertó la Senadora Padierna.

DEBATE EMPANTANADO

En el Senado de la República está empantanada la discusión de la legislación secundaria en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Archivos ya que los partidos políticos se acusan mutuamente de retrasar la negociación en comisiones.

En medio de la serie de acusaciones, ha salido a relucir que la Presidencia de la República intenta meter mano al texto y echar atrás avances sustanciales promovidos desde la sociedad civil. Así los senadores no sólo están en falta por haber sobrepasado la fecha límite para sacar adelante la legislación materia de transparencia, la cual venció el pasado 7 de febrero, sino que la ley corre el peligro de atentar contra los derechos ciudadanos.

Previamente, las organizaciones de la sociedad civil Colectivo por la Transparencia y México habían advertido que la comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana presidida por el Senador Pablo Escudero Morales pretendía omitir en la legislación secundaria mandatos que los propios legisladores habían establecido en la reforma constitucional.

a)    La integración de nuevos actores al catálogo de sujetos obligados (sindicatos y partidos políticos).

b)    La implementación de un Sistema Nacional de Transparencia que permita la coordinación de los organismos de transparencia locales con el organismo federal.

c)    Dotar de plena autonomía al IFAI, entre las que se incluye darle la facultad de atracción de recursos de revisión donde la resolución de los organismos garantes locales ha resultado desfavorable para la persona solicitante de información y la interposición de acciones de inconstitucionalidad y resolución de controversias, entre otras.

d)    La armonización de la Constitución con las leyes de los 31 Estados y el Distrito Federal en materia de transparencia.

Fuente: Sin Embargo