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En conferencia de prensa en Ayotzinapa, donde estuvo acompañado con los padres de los estudiantes asesinados y desaparecidos en Iguala, Hernández Valencia dijo ayer que no hay duda de la responsabilidad del Estado, y, dijo, ponerlo en tela de juicio “pareciera abrir la idea de negar la responsabilidad estatal”.
El gobierno federal ha declarado en diversas ocasiones que la desaparición de los 43 normalistas “es un caso aislado”. El pasado 7 de noviembre durante una conferencia de prensa para informar los avances del caso Iguala, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, desestimó la consideración de que la desaparición de los estudiantes sea un crimen de Estado, diciendo que “se requiere mucho más para eso”, posicionamiento que también fue cuestionado por varias organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía internacional.
En un comunicado, luego de la conferencia del Procurador, la organización de derechos humanos cuestionó los datos presentados por Murillo Karam sobre la desaparición de los normalistas.
“En el recuento más reciente de las desapariciones de los estudiantes, el Procurador General Murillo Karam ha fallado en reconocer que se trata de un crimen de Estado y no de un hecho aislado. También, olvidó mencionar la negligencia y complicidad del Estado en la investigación de una serie de denuncias contra el Alcalde de Iguala y el hecho de no llevar a la justicia a los integrantes de la Policía Federal y local involucrados en el asesinato y la tortura de otros estudiantes de Ayotzinapa en 2011”, señaló el comunicado de Amnistía Internacional.
El representante de las Naciones Unidas aseguró “lo que nos queda claro es que estos jóvenes no fueron desaparecidos por un hecho de la naturaleza, sino por una acción de la que son responsables funcionarios estatales, que eran servidores públicos y, en ese sentido, se da la desaparición forzada”.
Sin embargo, Hernández Valencia sostuvo que el hecho de que los perpetradores sean parte de una autoridad municipal no reduce ni disuelve la responsabilidad estatal. “No hay otra forma de explicarlo; cuando las autoridades cometen ese tipo de arbitrariedades, que son crímenes, se está frente a una desaparición forzada. No tiene otro nombre”, dijo.
Y agregó: “es lamentable, pero este dolor que se concentra en Ayotzinapa está extendido en muchos otros lugares del país”.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU adelantó que el 9 de febrero México será sometido a una evaluación del Comité de Desapariciones Forzadas en Ginebra, y confió que en ese encuentro con funcionarios del Estado se abrirá una oportunidad para definir “la tantas veces solicitada aceptación del comité de Desapariciones Forzadas”, para que la ONU escuche directamente a los familiares de las víctimas de desaparición forzada en el país.
Hernández informó que han dado seguimiento al caso de Ayotzinapa desde que se cometieron los hechos criminales, donde cortaron la vida de seis personas, hubo más de 20 heridos y 43 desapariciones forzadas.
Dijo que este año México fue examinado y aceptó 166 de 176 recomendaciones de la ONU, incluidas las de desaparición forzada, y se comprometió, entre otras cosas, a hacer un registro nacional único de personas desaparecidas, y habilitar el artículo 31 de Naciones Unidas, para dar potestad y vialidad a la posibilidad de que el Comité de Naciones Unidas reciba casos sobre desapariciones forzadas directamente, pero no lo ha hecho.
Precisó que eso se trabajó antes de que sucedieran los “pavorosos” hechos de Iguala, que estimó, sólo representan la punta iceberg del problema, “porque son muchas otras personas que antes, incluso después [del 26 de septiembre], siguen viviendo el drama de desaparición de sus seres queridos”.
