Mañana arrancará oficialmente la organización de los comicios de 2015, los cuales serán inéditos debido a la reforma electoral. Por ejemplo, la elección de 500 diputados federales y nueve gobernadores, así como alcaldías, legisladores locales y jefes delegacionales, tendrá como innovación un modelo semicentralizado dirigido por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El órgano electoral, que sustituyó al otrora IFE, tendrá a su cargo la puesta en marcha de un complejo sistema de elecciones, en el que a nivel federal se podrán fiscalizar los gastos de campaña de los candidatos, desde presidente municipal hasta diputado federal.

De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), el INE pondrá en funcionamiento un sistema electrónico de fiscalización en línea, cuyo objetivo es realizar un estimado de 76 mil auditorías y tener los resultados antes del 15 de julio, es decir, cinco semanas después de los comicios.

Además, la nueva legislación en materia de delitos electorales endurece los castigos para los aspirantes que rebasen los topes de gastos de campaña, por lo que partidos y candidatos que falseen información durante las auditorías podrán alcanzar hasta seis años de cárcel.

Para ello, el INE deberá contar con los dictámenes de la fiscalización en un tiempo máximo de 30 días después de la elección, con lo cual se conocería el resultado de las auditorías realizadas las campañas de candidatos y, en caso de hallar anomalías, podrán imponer castigos antes de que asuman sus cargos.

Facultad de asunción

Durante los comicios de 2015, otras de las innovaciones son las facultades conferidas al INE para asumir o delegar funciones electorales en los 18 estados donde habrá elecciones. Por causas de inseguridad o inestabilidad política, el órgano electoral federal podrá hacerse cargo de la organización de comicios en cualquier entidad.

Así, el INE podrá organizar los procesos electorales en los estados cuando “existan diversos factores sociales que afecten la paz pública o pongan a la sociedad en grave riesgo e impiden que se lleve a cabo la organización pacífica de la elección por el Organismo Público local”.

Otro de los factores es que se compruebe la intromisión en los procesos electorales de gobernadores, representantes de la Federación o “cualquiera de los poderes públicos en la entidad federativa”.

Para que el organismo electoral ejerza su facultad de asunción, ésta deberá ser solicitada por los Organismos Públicos Locales Electorales; tras ese proceso, la Secretaría Ejecutiva del INE, a través de una Unidad Técnica de Vinculación, elaborará un diagnóstico sobre la viabilidad de los asuntos y los presentará ante el Consejo General.

Por primera vez, la ley electoral garantiza los debates entre los candidatos a gobernador en nueve entidades, así como su transmisión en medios públicos y la facilidad para que empresas privadas de radio y televisión en cada uno de los estados puedan retransmitir la señal en vivo.

Además, en caso de validarlo la Suprema Corte, el INE se encargará del proceso de cuatro consultas populares, promovidas por cuatro partidos, donde se preguntará a la ciudadanía sobre la eliminación de diputados plurinominales, salarios mínimos y reforma energética.