Por primera vez en 30 años, el país conocerá exactamente el número de docentes frente a grupo en cada una de las escuelas públicas. Una información que parecía por su naturaleza obvia pero que para sorpresa de todos, nadie conocía. Tan solo este dato sería suficiente para movilizar al INEGI en la búsqueda de la respuesta pero aunque difícilmente creíble, esto no es lo más importante. Las carencias de un sistema tras décadas de abandono serán reconocidas oficialmente, iniciando la reconstrucción educativa tan largamente esperada. Cada escuela será evaluada en su infraestructura y cada comité de padres opinará sobre las prioridades en su comunidad escolar. No debemos de sorprendernos al descubrir que los edificios escolares se parecen más a los de un país devastado por la guerra, que a los de uno que destina un presupuesto equivalente al 30 por ciento del PIB de naciones intermedias como Argentina. Por dinero no ha quedado, el problema es cómo ha sido gastado.
Cada año las cuotas escolares que legalmente no son obligatorias pero que en la necesidad son toda una institución, nos recuerdan que nuestro gasto educativo no cubre los servicios más básicos que una escuela necesita como son el agua o la luz. Olvídese del teléfono e internet, artículos de lujo en escuelas que a duras penas pueden pagar cada año la consabida impermeabilizada para proteger a sus alumnos de los estragos de la intemperie. Existen miles de directores sin una oficina digna para realizar los trabajos administrativos que les son requeridos y escuelas vulnerables que en lugar de estar rodeadas por bardas altas y bien cimentadas, deben de recurrir a mallas mal hechas y viejas para proteger el poco patrimonio que tienen. Hay jardines existenciales (porque solo están en nuestras mentes) que no pueden ser mantenidos ya que el personal de limpieza es una utopía cuando hay salones que ni a gises llegan (por lo menos no con recursos públicos), en lugares en donde la prioridad es tratar de obtener el “recurso” para un docente más que tanta falta hace cuando se tienen grupos que rebasan los 60 alumnos. Todo esto nos suena conocido porque es la realidad que enfrentan diariamente millones de estudiantes y docentes en una patria que tanto les ha quedado a deber.
Cuando esto sea oficialmente reconocido la pregunta será ¿y ahora qué sigue?, Mexicanos Primero ha alzado nuevamente la voz. Lo primero es ajustar el gasto federal y direccionar los recursos para elevar la calidad educativa pero también la calidad en infraestructura, solo así se entiende una reforma hacendaria como la propuesta por la Presidencia de la República. Lo segundo, asegurar que el gasto que cada estado hace por niño sea homologado y aplicado correctamente, para abatir la brecha de la inequidad que hoy marca que algunas entidades gastan hasta un 60 % menos por alumno en comparación a los punteros en este rubro. Y finalmente eliminar todos los costos políticos que conlleva un sistema viciado en su origen y que sigue manteniendo a cientos de docentes en las calles sin importar la afectación que tiene en la educación de nuestros niños. De no lo hacerlo, seguiremos consintiendo como sociedad que la gran mayoría de nuestros niños tengan baños que difícilmente pasarían una certificación de sanidad, docentes sub-valuados en sus habilidades de enseñanzas y por consiguiente en su derecho a un pago justo, y escuelas en ruinas en donde las ilusiones y sueños de la infancia maquillan la realidad lacerante de lugares que difícilmente pueden ser llamados por ese título.
En la feria nacional hemos puesto los recursos pero aún no tenemos los resultados que generaciones de mexicanos han deseado y desean para sus hijos.
