“Errores en averiguaciones, práctica común de la PGJ”

Asegura el juez Enrique Romero Razo

Edmundo Velázquez

Llenas de irregularidades y mal integradas llegan las averiguaciones previas consignadas por los ministerios públicos de la Procuraduría General de Justicia, según criticó el juez penal de Cholula, Enrique Romero Razo.

El togado aseguró que son comunes los casos como el de Sebastián Ramos, presidente electo en Xoxtla acusado por delitos como falsificación de documentos, cuyo caso se mantiene traspapelado por la PGJ desde hace cuatro meses.

Según Romero Razo, el caso fue enviado, como en la mayoría de las veces, mal integrado, con artículos del Código de Defensa que no siempre tienen que ver con el delito. Recientemente el juez se quejó vía oficio y pidió que el Ministerio Público responsable informara sobre el estado de la averiguación previa o de lo contrario se quejaría directamente con la procuradora Blanca Laura Villeda.

Los funcionarios de la PGJ respondieron el miércoles de la semana pasada, de acuerdo a lo detallado por el juez Romero Razo.

“Pues me dieron respuesta y me dijeron que se continúa en la integración de la averiguación previa, que es una facultad constitucional que les otorga el artículo 21 de nuestra carta magna y que obviamente una vez que ellos perfeccionen la indagatoria, la remitirán en términos de ley al juzgado otra vez para su estudio y, en su caso, el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión”, comentó el juez penal de Cholula.

Y es que, como subrayó Romero Razo, el caso ha tardado en integrar esas irregularidades en alrededor de cuatro meses, a pesar de que las deficiencias que debían subsanarse en la Procuraduría se consideran como de fácil corrección.

“Sobre todo porque ya hace cuatro meses que se les envió, entonces, las cuestiones técnicas que se advirtieron, realmente son fácilmente subsanables, desafortunadamente los agentes del Ministerio Publico comúnmente se confunden y citan artículos que no son aplicables, algunos que ni siquiera son compatibles entre sí. Esas precisiones se les hacen para que presenten correctamente las acciones penales en este caso en particular. Sin embargo, llevan ya cuatro meses integrando, imagino que están recabando más diligencias, eso es lo que quiero yo pensar”, agregó Romero.

El juez aseguró que entre los ministerios públicos existe confusión hasta en el conocimiento de delitos, lo cual hace que la integración de averiguaciones previas de manera errónea se catalogue como un vicio común de la PGJ.

“Yo creo que es una práctica muy común, desafortunadamente. Hay mucha, mucha, pero mucha confusión principalmente en los delitos patrimoniales, los fraudes. Confunden mucho fraude genérico con fraude específico y luego arman pensando que o es uno u otro”, ejemplificó el juez.

Romero Razo admitió que en el caso del alcalde electo de Xoxtla se puede pensar mal de las autoridades, por la lentitud con que se integra la denuncia. “Sobre todo porque fueron cuatro meses; cuando empezó ni siquiera había empezado el periodo constitucional de elección y a los cuatro meses seguimos esperando una respuesta de la señora procuradora”, finalizó el juez.