Un juez ordenó a la Profepa reponer los sellos de clausura del relleno sanitario de Cholula, debido al incumplimiento de medidas correctivas por parte de Profaj Hidrolimpieza.
Así lo dio a conocer Juan Carlos Flores Solís, representante de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero, quien señaló que fue el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil y Administrativa quien dictaminó que los sellos deben ser instalados.
En conferencia de prensa, explicó que la decisión judicial se basa en un acuerdo vigente desde el pasado 3 de abril, el cual permitía la reapertura del relleno una vez completadas ciertas acciones correctivas.
Municipios buscan protección legal con amparo
Sin embargo, ProFaj Hidrolimpieza no cumplió con la totalidad de estas medidas y, a pesar de ello, la Profepa permitió la operación ilegal del sitio, por lo cual los residentes de San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla y Calpan buscaron protección legal mediante un amparo.
Flores Solís detalló que la Profepa llevó a cabo una inspección el viernes pasado y confirmó mediante evidencia fotográfica proporcionada por la organización civil que las condiciones requeridas no fueron cumplidas.
Como resultado, Profaj Hidrolimpieza tiene un plazo de cinco días para presentar sus alegatos y, de no hacerlo, se procederá a la recolocación de los sellos de clausura antes de finales de junio.
En otro contexto, el abogado cuestionó las cifras ofrecidas por el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón, quien había estimado que más de cien empleados se verían afectados por el cierre del relleno; sin embargo, esta cifra se reduciría a solo 50 personas.
Además de los desarrollos legales, Alejandro Torres Chocolatl, miembro activo de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero, denunció una creciente ola de persecución y criminalización hacia los defensores ambientales involucrados en el caso del relleno sanitario.
Unión de Pueblos acusa intimidación
Acusó que los manifestantes han sido víctimas de amenazas directas y de intrusiones ilegales en sus dispositivos móviles para enviarles mensajes intimidatorios.
También mencionó la eliminación de la página de Facebook “La Voz del Pueblo”, un medio clave para la divulgación de comunicados sobre el tema.
“Hay una campaña sistemática en contra de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos en toda la región cholulteca”.
En ese sentido, hizo un llamado al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y al gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, para que intervengan y pongan fin a estas acciones intimidatorias.
Asimismo, responsabilizó directamente a Cuauhtémoc Ochoa Fernández, senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por cualquier incidente que pudiera poner en riesgo la seguridad de los activistas ambientales.
Únete a nuestro canal de WhatsApp para mantenerte informado al estilo de CAMBIO
