Las empresas de transporte ejecutivo como UBER y Cabify se publicitan como plataformas seguras para sus usuarios, pero sólo en su publicidad. De acuerdo con los términos de servicio, ninguna de las dos empresas se responsabiliza por los ilícitos, daños, reclamaciones o afectaciones que deriven del uso de la aplicación y se deslindan de las acciones realizadas por sus socios o choferes.

“El Usuario exonera a Cabify de cualquier responsabilidad derivada del servicio de transporte prestado por los terceros transportistas. De igual forma, el Usuario libera de cualquier responsabilidad civil o penal a Cabify derivado del servicio prestado, ya que, como se menciona en el presente, el servicio es únicamente prestado por los terceros transportistas o conductores y no por Cabify, quien meramente se conduce como un intermediario”, dicta el documento.

Los Términos y Condiciones de Servicio son aceptados obligatoriamente por el cliente al comenzar a usar las aplicaciones de UBER o Cabify e impuestas unilateralmente.

Y aunque en la Ley de Transporte del Estado de Puebla en el artículo 45 Ter, establece los mecanismos de control para los choferes de las denominadas ‘Empresas de Redes de Transporte’, como los exámenes psicométricos, psicológicos y toxicológicos, así como su carta de antecedentes no penales, el Congreso local abdicó la responsabilidad de supervisarlos a las propias empresas, por lo que no existe un mecanismo para que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) garantice el cumplimiento de las mismas.

La omisión por parte de la SIT y de las empresas que brindan el Servicio Ejecutivo para aplicar y cumplir estos mecanismos de control, cobró su primera víctima pues Ricardo Alexis Díaz, chofer de Cabify, llevó a un motel a Mara Castilla de 19 años para abusar sexualmente de ella y posteriormente matarla.

Los mecanismos de control para los choferes de UBER y Cabify establecidos en las reformas de 2015 cuando se regularon las ‘Empresas de Redes de Transporte’, señalan que además de contar con licencia de conducir vigente y con Registro Federal de Contribuyentes (RFC); los conductores deberán de acreditar que no cuentan con antecedentes penales, así como presentar y aprobar los exámenes toxicológicos, psicométricos, psicológicos y de conocimientos que aplique la empresa.

Además, los diputados locales en coordinación con la Secretaria de Transportes establecieron en la ley que ‘la vigilancia y comprobación del cumplimiento de los requisitos antes señalados corresponde a la Empresa de Redes de Transporte’.

Cabify y UBER se deslindan de cualquier ilícito

Estas empresas que desde 2015 operan en Puebla, han presumido ser una opción de transporte público segura, sin embargo en los términos y condiciones que el usuario acepta al instalar la aplicación en su dispositivo móvil, exime de responsabilidades tanto a UBER como a Cabify de cualquier acto que alguno los que sus conductores cometa.

“Cabify no evaluará la idoneidad, legalidad o capacidad de dicho servicio de transporte, renunciando el Usuario y exonerando a Cabify de cualesquiera obligaciones, reclamaciones o daños surgidos como consecuencia de la relación con el tercero transportista”.

Entre los términos del contrato que un usuario de Cabify acepta, se precisa que la empresa ‘no se constituirá como parte’ en cualquier tipo de disputa entre el ‘usuario’ y el ‘tercero transportista’, incluso hace responsable al usuario y no al conductor de cualquier incidente que ocurra a bordo de la unidad.

“Toda responsabilidad u obligación nacida en virtud de la relación entre el Usuario y el tercer transportista, ya sea vía software o prestación de servicios, descansa únicamente en el Usuario, con todas las implicaciones que ello conlleva”, indica el contrato que se acepta al instalar Cabify.

Asimismo, UBER en su contrato con el usuario se deslinda de todo daño, incidente, pérdida de datos y lesiones en el uso de cualquiera de los servicios que presta a través de un tercero.

Y aunque de acuerdo con la Ley vigente de Trasporte del Estado en el que se obliga a las empresas a responder por sus socios o conductores, dicha empresa se ‘lava las manos’ de cualquier daño que puedan ocasionar.

“UBER no garantiza la calidad, idoneidad, seguridad o habilidad de los terceros proveedores. Usted acuerda que todo riesgo derivado de su uso de los servicios y cualquier servicio o bien solicitado en relación con aquellos será únicamente suyo”, explica el contrato de la empresa.

Cabify incumple con campaña de “transporte seguro para mujeres”

La empresa Cabify defraudó a las poblanas con su campaña Go girl, go a través de la que ofrecía a las mujeres regresar con bien a sus casas después de sus fiestas a altas horas de la noche, pues su socio-chofer, Ricardo Alexis Díaz, en lugar de llevar a Mara Fernanda Castilla a su casa, la llevó a un motel en donde la violó y asesinó para después abandonar su cadáver en un terreno baldío.

La plataforma había presumido que a diferencia de sus competidores como UBER, sus conductores pasan por procesos “rigurosos” como exámenes psicométricos y toxicológicos en sus oficinas.

Apenas en julio pasado, la compañía firmó un convenio con organizaciones e instituciones como el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Conapred) y Fondo Semillas, que proporciona recursos económicos y acompañamiento a grupos de mujeres organizadas.

“Entre las medidas que incluye la campaña, resalta el riguroso proceso de selección con pruebas psicológicas, psicométricas y de conocimiento por el que tienen que pasar los asociados conductores, así como la revisión de antecedentes no penales”, decía en esa ocasión Alejandro Sisniega, Country Manager Cabify México.

Otro de los principales sentidos de la campaña era reforzar los protocolos de seguridad durante los viajes de mujeres, dado que una gran cantidad de ellas había manifestado agresiones por parte de conductores de otras aplicaciones de servicio de transporte.

Además en el anuncio de la campaña se aseguró que los filtros de contratación serían más estrictos para garantizar un traslado más seguro y una mejor atención por parte del conductor para la clienta.

Sin embargo, la campaña de Cabify quedó exhibida cuando Ricardo Alexis Díaz, conductor de la empresa, violó y asesinó a Mara Castilla, quien tras salir de madrugada de un bar en Cholula solicitó el servicio para poder llegar a su hogar.

Miles de usuarios de redes sociales han recriminado esta situación a Cabify, quien había asegurado una mayor seguridad en sus viajes con Go girl go, por lo que han comenzado a surgir propuestas para boicotearla como dejar de usar el servicio y evitar que siga laborando en Puebla.