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Pero lo que comenzó como una protestas legítima acabó con la muerte de un chico de 13 años (José Luis Alberto Tehuatlie Tamay) como consecuencia del impacto de una bala de goma y 50 adultos heridos. Una vez ingresado, el niño estuvo en coma, pero nada pudieron hacer por él. La indignación inicial no fue nada comparada con la que les invadió posteriormente, que les llevó a tachar de asesino al gobernador de la localidad, Rafael Moreno Valle, y a pedir su dimisión.
En principio, fuentes oficiales negaron haber utilizado esos proyectiles y hasta el procurador de Puebla aseguró que “estaba totalmente descartado” (la utilización de balas de goma) y que, como usaron lanzagranadas con gases lacrimógenos para disolver a los manifestantes, seguramente fue un artefacto de esos lo que le ocasionó la herida. Sin embargo, varios integrantes de las protestas recogieron los proyectiles que (“no”) se habían utilizado, para desmontar la mentira. La evidencia hizo que la prensa y las redes sociales pusieran en marcha una campaña de difusión de los hechos auténticos que ha estado a punto de costarle el puesto al gobernador.
La ley bala, así llaman los poblanos a la ley que aprobó Moreno Valle con el fin de que las fuerzas del orden pudieran disolver (reprimir sería más exacto) las protestas de los ciudadanos mediante la utilización de proyectiles de goma. Una ley contestada y protestada dese sus inicios.
Los enfrentamientos de los pobladores de Chalchihuapan y la policía tuvieron lugar el día 9 de este mes, pero los jueces ya se habían pronunciado sobre su improcedencia el día 3. Según informa el centro Prodh (Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ), como portavoz del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, integrado por un buen numero de organizaciones *, las denuncias interpuestas contra la citada ley en cinco Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, tuvo como consecuencia que se otorgara la suspensión provisional de la aplicación de la ley en dos casos, señalando que esa norma no podría ser utilizada por la policía estatal hasta que fueran resueltos definitivamente.
Posteriormente, 15 de julio, el mismo Juzgado concedió la suspensión definitiva de la “ley bala”. Así, el juez ordenó que “de ningún modo se haga uso de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla” cuando se ejerza el “derecho de libertad de expresión, de reunión, de manifestación o protesta”. Esto suponía una muestra del compromiso con la garantía de los derechos humanos de las personas en Puebla, y una clara voluntad de cumplir con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, que todas las autoridades del Estado mexicano tienen por el mandato del artículo 1º constitucional.
Mientras, un niño de 13 años ha muerto, porque el gobernador del Estado, o no sabía nada de la resolución, o la ignoró por completo. Las protestas y las denuncias evidenciaban la inconformidad de los ciudadanos, pero parece que silenciar sus quejas y reprimirlas, era más importante que respetar sus derechos. Lo que sí ha escuchado son las voces que le llamaban asesino, le hacían totalmente responsable de la muerte del menor, y pedían su cabeza. Moreno Valle acaba de derogar la ley con fecha 22 de julio.
(*) ARTICLE 19, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C.
