Moreno Valle, daño colateral Estrictamente personal por Raymundo Riva Palacio en Eje Central

El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, empezó un control de daños.  Tan pronto como el escándalo de Oceanografía creció esta semana, buscó protegerse y evitar que el tsunami que enfrenta la principal proveedora de Pemex, lo revuelque. Tapizó el jueves los medios de comunicación en la ciudad de México con el anuncio del “rescate” de la concesión de una autopista que otorgó su gobierno a la mortalmente herida empresa. En un comunicado, informó que se la retiraba porque no había cumplido con la garantía de crédito establecida, que venció el 20 de febrero.

La autopista de 72 kilómetros une a Cuapiaxtla y Cuacnopalan, y fue una promesa de campaña cuya obra estaba programada para concluir en octubre pasado, sin ser entregada. Moreno Valle quedó expuesto cuando la prensa poblana recordó el lunes el nexo entre su gobierno y Oceanografía, a través de la concesión a una filial de la empresa, OSA Edificadora y Constructora. Moreno Valle, que aspira a la candidatura presidencial del PAN en 2018, se había mantenido agazapado.

El “rescate” de la concesión es una medida limitada. La relación de Moreno Valle con el principal accionista de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, es mucho más amplia de lo que parece. De acuerdo con personas que estuvieron en su campaña para la gubernatura, Yáñez Osuna fue uno de sus principales financieros, que se tradujo en su inclusión en la lista de empresas privilegiadas por su administración desde 2011. Un vocero del gobierno poblano, rechazó completamente esta imputación. “Se niega categórica y enfáticamente el hecho”, agregó. “Simplemente no ocurrió”.

OSA es una empresa que tiene seis socios, entre los que se encuentra el Grupo Aknuuk –no hay referencia de ella en Internet-, y las investigaciones sobre Oceanografía encontraron que tiene entre sus dueños a los empresarios Oliver Fernández y Jaime Camil. Camil ha tenido problemas con Pemex por el abuso de su representada Siemens, en un proyecto de remodelación de la refinería de Cadereyta. Fernández, ex tenista internacional, tiene una vieja relación con Moreno Valle al haber arreglado en Puebla, en alianza con la entonces líder del magisterio, Elba Esther Gordillo, un mecanismo de créditos a 70 mil maestros, que eran descontados por la vía de nóminas, igual al que otra empresa asociada a Oceanografía, Caja Libertad -investigada también por la PGR por presunto lavado de dinero-, hizo en Pemex. Fernández es miembro del Consejo de Administración de OSA, en donde están Yañez Osuna, y Martín Díaz Álvarez, socio minoritario en el holding intervenido.

Oceanografía recibió en 2011 proyectos de obra pública que fueron parte de los festejos del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla. Además, el gobierno de Moreno Valle le asignó un contrato para el Proyecto Integral de Imagen Urbana del Corredor Turístico Cultural, con un costo superior a los 70 millones de pesos, y otro más para la construcción de la Plataforma de Prueba Piloto y de Relleno Estructural de la Nueva Planta de Audi, con un costo de cinco millones de pesos.

El “rescate” de la autopista tuvo, de sí, sus propias irregularidades. El concurso donde participaron 22 empresas, fue declarado desierto. Nunca se convocó a una segunda licitación. Pero el 23 de diciembre de 2011, mediante una adjudicación directa, el Organismo Operador de Carreteras de Cuota le entregó la concesión con una vigencia de 30 años. El 4 de enero de 2012, Moreno Valle dio el banderazo de salida a la obra.

De acuerdo con el vocero del gobierno poblano, no existe ninguna irregularidad en esas obras. En el caso de la autopista, dijo que se declaró desierto porque nadie cumplió con los términos de la convocatoria, y que más adelante se le otorgó a OSA porque fue la mejor propuesta técnica y económica donde el gobierno no invertiría recursos. Los otros proyectos fueron, explicó, marginales. El Corredor Turístico representó el 0.26% del presupuesto invertido, y la plataforma de prueba piloto para la planta de Audi, el costo fue marginal. La decisión de deslindarse de Oceanografía en la carretera, es un blindaje. El gobierno poblano tuvo una relación comercial con Yáñez Osuna y Oceanografía, cuyo escándalo halló al gobernador Moreno Valle desprotegido, vulnerable, y con obstáculos considerables para su carrera política, en franco ascenso.

AL MARGEN: La senadora Mónica Arriola afirmó que el texto publicado en este espacio el viernes 28 de febrero, “Elba, un año después”, incurren en inexactitudes. La senadora se refiere a la información que ella tuvo autorización del secretario de Gobernación para recoger pertenencias de la residencia de su madre, Elba Esther Gordillo, varias horas después que fuera capturada. La senadora asegura: “Niego rotundamente la existencia de los videos a los que usted hace mención, asimismo aclaro que en ningún momento he amagado en este o cualquier otro tema”. Y añade: “Sirva la oportunidad para puntualizar que mi palabra usa solamente mi voz y pluma para ser transmitida, a diferencia de quienes se comunican a través de ‘personeros’ o ‘fuentes’ como usted mismo los califica, y que desde el anonimato difunden mentiras o intrigas con la intención de dañar mi integridad”. Es positivo que la senadora aclare que fueron mentiras lo que ella misma decía. Dos fuentes del círculo interno de la maestra Gordillo, lo saben de cierto.  

¡Gracias gobernador! por Ricardo Alemán en Itinerario Político El Universal

Sin duda que es una buena noticia que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, haya decidido enviar al Congreso local un decreto para derogar la llamada Ley Bala, aprobada apenas el pasado 20 de mayo y que facultaba a la policía estatal “al uso legítimo de armas de fuego” con balas de goma, para dispersar manifestaciones.

Por eso, los poblanos y los mexicanos todos, no podemos más que decir “¡gracias!” al gobernador Moreno Valle; gracias por tomar una decisión sensata que, sin duda, será acompañada por la mayoría del Congreso de Puebla. Pero al tiempo que se agradece la derogación de la Ley Bala, también se debe agradecer que, generoso, Moreno Valle decidió exhibir de cuerpo completo su proyecto presidencial para 2018; el talante represor de su gobierno y el tufo autoritario de su gestión.

Gracias, gobernador Moreno Valle, porque al tirar la Ley Bala a poco más de dos meses de su promulgación, confirma que el Congreso estatal no es más que “un pelele” a su servicio y que, por tanto, en Puebla no existe división de poderes. ¿No era eso lo que por medio siglo reprochó el PAN del viejo y autoritario PRI? Gracias, porque con los excesos del poder en Puebla, confirma que no sólo los gobernadores del PRI recurren al viejo método del autoritarismo y la represión, sino también los del PAN.

Gracias, porque muchos poblanos esperan que así como propuso derogar la Ley Bala, también derogue la Ley de Expropiación —aprobada también en mayo pasado—, y con la cual el gobierno poblano puede incautar —de manera autoritaria e inconstitucional—, bienes inmuebles o predios bajo el argumento de “inmediatez y urgencia”, sin que exista una notificación previa. Dicha ley apareció como iniciativa en el Congreso el 21 de mayo y 24 horas después ya estaba aprobada, gracias a los bueno oficios del diputado azul Eukid Castañon Herrera, quien pasó de la Contraloría del Estado directamente al Congreso, como diputado, sin haber realizado elección alguna. ¿Y como hizo posible el milagro? Castañón Herrera renunció a la Contraloría en enero pasado y entró al Congreso en sustitución del cuñado del gobernador, Fernando Manzanilla Prieto, quien renunció a tomar posesión como diputado plurinominal.

Gracias, gobernador Moreno Valle, por mostrar a los ciudadanos que las leyes también sirven para venganzas personales. Y es que a pocos días de que el Congreso aprobó la Ley de Expropiación, el gobierno estatal expropió —por “utilidad pública”—, la ex hacienda de San Antonio Tamariz, de 747 hectáreas. Lo curioso es que dicho predio le pertenece a la familia del ex dueño del equipo Puebla de fútbol, Emilio Maurer. Pero lo que pocos saben es que Maurer y Moreno Valle son parientes y que la hacienda se disputa por más de medio siglo.

Gracias, gobernador Moreno Valle, porque igual que el tristemente célebre José López Portillo, también persigue periodistas. La prueba son las demandas por difamación y calumnia que el gobierno interpuso en contra de los periodistas Adrián Ruiz, de El Heraldo de Puebla, y Fabián Gómez, del portal Contraparte. En total, Moreno Valle ha demandado a 19 periodistas por criticar su gestión.

Gracias, gobernador, por el ejercicio memorioso de que en tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, su abuelo, Rafael Moreno Valle, fue designado gobernador de Puebla. Y no pasaron 15 días de la toma de posesión cuando ocurrió la primera matanza: el asesinato de campesinos de Huehuetlán el Chico, que protestaban por la llegada de un presidente municipal que —relata el diario poblano Intolerancia—, no tenía buenos antecedentes. Otras masacres fueron reportadas entonces por el periódico La Opinión. Por esos actos represivos, Moreno Valle abuelo fue removido del cargo antes de llegar al fin de su gobierno. Hoy, Moreno Valle hijo se tambalea por la muerte de un menor de 13 años, víctima de la represión en los tiempos del gobierno poblano del PAN.

Gracias, gobernador, porque al desplegar un costoso control de daños por el escándalo que provocó la Ley Bala, el gobierno de Puebla exhibió que el de Moreno Valle es el más acabado proyecto de sucesión presidencial en las filas del PAN; un proyecto que ha costado millones de pesos, que tiene las alianzas más sólidas imaginables entre los azules y algunos gobernadores del PRI y que, hasta antes de la Ley Bala, era un proyecto rumbo a 2018 que, incluso, había rebasado a Gustavo Madero.

Pero esa historia para otro momento. Por lo pronto, ¡gracias gobernador!, por echar abajo la Ley Bala. Sólo falta saber quién será castigado por la muerte de un niño, a causa de la ley que pronto será derogada. Al tiempo.

La Ley bala fue un error: Moreno Valle por Francisco Garfias de Excélsior

La réplica es un derecho. El gobernador Rafael Moreno Valle lo ejerció. En este espacio escribimos ayer un texto bajo el título de “El góber bala” en el que cuestionamos la famosa ley que permite a los policías estatales el uso de armas letales en caso de que esté en riesgo su vida o la de terceros.

En un país de “gatillo fácil” resulta extremadamente peligroso un ordenamiento así.

“Sí, lo sé. Fue un error enviarla a los diputados”, admitió el mandatario poblano a pregunta del reportero.

Y es que balas de goma o no, la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años, durante el enfrentamiento entre policías metropolitanos y manifestantes del grupo Los de Abajo, en la localidad poblana de San Bernardino, fue asociada con la aprobación de esta ley que, por cierto, está a punto de ser derogada.

La idea de mandar la ley bala al Congreso local fue del secretario de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, según el gobernador. Los diputados la aprobaron hace poco más de dos meses.

Moreno Valle nos dio copia del decreto para derogar el controvertido ordenamiento que, paradójicamente, lleva el largísimo nombre de Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla. Fue avalado por la CNDH, según la exposición de motivos del documento.

El decreto para derogarlo lo envió ya a los diputados locales, que ayer lo discutían. En sus considerandos, el texto explica que, aunque el ordenamiento es congruente y apegado a los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, se recomienda su revisión “en virtud de que ha sido estigmatizado”.

■ El mandatario poblano anda metido de lleno en el control de daños. Sobra decir que espera ansioso el dictamen de las autoridades. La PGR participó como coadyuvante en la investigación. Su aval es capital para él. Le urge. Jura y perjura que al niño lo mató un cohetón lanzado por los manifestantes que bloqueaban la autopista a Atlixco y no una bala de goma, como afirma el movimiento Los de Abajo, cuyos integrantes chocaron ese trágico día con la Policía Estatal.

Está convencido de que así viene el dictamen.

El gobernador llevaba fotos, videos, documentos. El eje de su exposición ante un grupo de tres periodistas era ése: la policía no llevaba balas de goma.

Presentó el balance del zafarrancho: la muerte del menor, 48 policías lesionados, un civil herido.

En el video que mostró aparecían jefes policiacos conminando, primero, al diálogo y, luego, ya pertrechados, lanzando un ultimátum. “Tienen cinco minutos para desalojar”, se escucha.

Otra secuencia muestra a manifestantes golpeando policías. Escenas en las que volaban cohetones y bombas molotov. Humo, mucho humo. Ni una sola escena en la que apareciera un policía por lo menos defendiéndose.

“¿De qué lado estuvo la violencia?”, preguntó el gobernador.

Una y otra vez le preguntamos por la versión de la mamá, Elia Tamayo, quien culpa a los policías metropolitanos de la muerte de su pequeño. ¿Por qué una madre protegería a los asesinos de su hijo?, cuestionamos. “La confundieron, la manipularon”, replicó el mandatario.

Moreno Valle mostró fotos de Luis Alberto Tehuatlie Tamayo cargando una manta durante el bloqueo de la autopista a Atlixco. Lo hizo para sostener sus dichos de que hay inconsistencias en la declaración de la madre. “La señora dijo que iba al campo a dejar comida y aquí está el niño participando en la manifestación”, contrastó.

Aseguró, incluso, que Elia Tamayo sólo acudió dos veces a visitar a su hijo mientras se debatía entre la vida y la muerte en el hospital. “Estaba a cargo de su abuelita”, aseguró.

Un sola cosa pide Moreno Valle: el beneficio de la duda.

■La otra versión.

Saliendo de la representación de Puebla, donde fue la plática con Moreno Valle, nos entró una llamada de Norberto Carrasco, vocero de la fracción el PRD en San Lázaro.

Ofrecía una plática con Roxana Luna, la diputada federal del amarillo a la que el gobierno acusa de estar detrás de la movilización de Los de Abajo. Tiempo después la teníamos en línea. Refuta categóricamente que no haya sido una bala de goma la que mató a Luis Alberto.

“Hay tres costales llenos de balas de goma y otros proyectiles. Si la Sedena dice que no las envió a Puebla, ¿entonces de dónde las sacaron?

Le preguntamos sobre la participación del niño en la trágica manifestación. “El de la foto no se parece en los zapatos, son diferentes”, repuso la legisladora perredista. Contundente, abundó: “Y aunque haya participado, nada justifica la agresión que cometieron los policías, nada justifica su muerte”.

Jura Roxana Luna que la carretera a Atlixco ya estaba liberada cuando los policías se subieron a los puentes a desalojar manifestantes, y desde allí comenzaron a aventar gases lacrimógenos.

“El gas se revirtió hacia ellos. Hay videos donde aparecen aventándose del puente para evitar la intoxicación. Eso explica que el saldo de policías heridos haya sido tan alto”, señaló.

Luna nos dijo también que el comunicado oficial de la muerte de Luis Alberto Tehuatlie Tamayo dice que el niño falleció de un paro cardiorespiratorio. “El acta de defunción dice otra cosa”, machacó.

Le comentamos lo dicho por el gobernador, en el sentido de que la madre lo visitó sólo dos veces en el hospital antes de morir. Pero también que en uno de los videos mostrados, la señora aparece declarando que a su hijo lo mató “un cohetón en la cabeza”.

“¿Sabes por qué declaró eso?”, preguntó Luna. “La presionaron. Cuando quieras te llevo con ella para que la entrevistes”.

Ya para finalizar, la diputada perredista dijo que la tragedia pudo haberse evitado si Moreno Valle hubiese aceptado platicar con todos los grupos sociales, en lugar de tener en las cárceles a 37 manifestantes detenidos en los dos últimos meses.

■ Antes de que termine el verano se hará el anuncio de la construcción del nuevo Aeropuerto en la zona de Atenco. El actual está rebasado. Este año va a registrar un total de 22 millones de operaciones. Llegó al límite de su capacidad. No da más. En la SCT lo consideran un problema grave que afecta no sólo la seguridad de las aeronaves, sino la conectividad y el desarrollo del país.

“No hay que olvidar que el de la Ciudad de México es el aeropuerto del país. Aquí se hacen la mayoría de las conexiones”, subrayan en el gobierno federal.

Las autoridades del ramo van con pies de plomo para evitar situaciones similares a las ocurridas en tiempos de Fox. Entonces querían pagarles a los propietarios de la tierra la miseria de siete pesos por hectárea. En eso valuó la tierra la Comisión Nacional de Avalúos de Bienes Nacionales (Cabin). El resto de la historia ya la conocemos.

Ya se hizo una asamblea para conocer el sentir de los lugareños que se verán afectados en sus propiedades con la construcción de la nueva terminal aérea. Nos aseguran que, de los 280 asistentes, 260 votaron a favor de vender sus tierras.

Moreno Valle, y el tiro por la culata por José Cárdenas en Excélsior

A periodicazos y protestas, el góber poblano entendió la necesidad de echar para atrás la necedad de una pésima idea.

Así le salió al gobernador de Puebla su vano intento de ley bala, como bautizaron las redes sociales una nueva norma “para proteger los derechos humanos y regular el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiacas”.

Obligado por la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, pero sobre todo movido por un intento desesperado de rescatar su futuro político, Rafael Moreno Valle envió al Congreso local una iniciativa para derogar el adefesio jurídico que permite a los policías poblanos emplear la fuerza “necesaria” para sofocar manifestaciones violentas. 

A periodicazos y protestas, el góber poblano entendió la necesidad de echar para atrás la necedad de una pésima idea que, a dos meses de promulgada, ha entrado en proceso de extinción.

El escándalo se veía venir —como era de esperarse— y a Moreno Valle le llovió recio, una tormenta de ira e indignación popular… que lo dejó en calidad de tirano empapado.

A 14 días del violento desalojo de manifestantes de San Bernardino Chalchihuapan, en la autopista Puebla-Atlixco, la autoridad no atina a defenderse. Los inconformes señalan que José Luis murió, este sábado, víctima de una bala de goma disparada contra los manifestantes, uno de los cuales, además, perdió un ojo.

El secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, ha dicho que los cuerpos de seguridad no emplean dichas municiones. La versión oficial insiste en que las heridas fueron ocasionadas por cohetones.

Sin embargo, Facundo Rosas miente. Las lesiones que mataron al niño de 13 años fueron ocasionadas por latas de gases lacrimógenos lanzadas por la policía contra la turba… “En el lugar de la agresión, en la que resultaron heridos 47 policías y 30 pobladores, quedaron granadas de gas lacrimógeno no detonadas; había proyectiles frente a las barricadas (…) se usó la fuerza de manera arbitraria y desproporcionada”, afirma el activista Misraín Hernández.

La brutalidad empleada confirmó las advertencias lanzadas hace más de dos meses. Aplicar la ley bala sería como jugar a la ruleta rusa. Sin protocolos ni capacitación adecuada, los policías sólo contarían con su criterio para medir el grado de violencia “legítima” a aplicar en cada caso.

En su momento, en este mismo espacio, advertimos que la dichosa ley bala era en realidad una especie de bumerán que, tarde o temprano, terminaría por golpear a sus autores… ya sabe usted lo que ocurre cuando se escupe pa’rriba.

El diputado del PAN, Francisco Rodríguez, habla de un consenso para cambiar la legislación. “Toda ley puede ser perfectible”, afirmó. Faltaba más. ¿O alguien podría imaginarlo llevándole la contraria a “su” señor gobernador?

Pero el cambio de ley no solucionará el problema político de Moreno Valle. Cuanto antes, sus colaboradores deben explicar todo sobre el crimen. Debe hacerse público el resultado de la autopsia al cuerpo de José Luis Tehuatlie, y se han de aclarar las presiones oficiales contra la madre y defensores de derechos humanos para manipular sus versiones… y también la aparición de una página apócrifa de internet para desprestigiar a la legisladora perredista Roxana Luna, quien alertó acerca de la utilización de la ley bala como instrumento de represión, y ha lanzado duros cuestionamientos al mandatario poblano.

Por justicia o por conservar sus sueños de grandeza presidencialista, Moreno Valle tiene pendiente saldar cuentas con la verdad. Pero dicen que anda muy “nerviosito”… y ni el pésame ha dado a la familia del niño muerto.

Moreno Valle, el #GoberBala por Jenaro Villamil de Proceso

En el Mirreinato de Rafael Moreno Valle nada se mueve sin el control casi absoluto del Ejecutivo poblano. En menos de cuatro años, el joven político que llegó bajo una coalición opositora rebasó en autoritarismo, dispendio mediático y mañas a su antecesor de triste memoria en la misma entidad: el priista Mario Marín, el góber precioso.

La “popularidad” de Moreno Valle ha ido de la mano con su dispendio en medios de comunicación, replicando el modelo de Enrique Peña Nieto, pero con un ingrediente adicional: su compulsión por tener el control de todos los partidos políticos (PAN, PRD, PRI y no pocas ONG’s), medios impresos, electrónicos y digitales, más empresarios y la Iglesia.

Sólo para su primer informe de gobierno, Moreno Valle destinó 180 millones de pesos en autopromocionarse: 38 millones para TV Azteca y 66 millones para Televisa y el resto para medios impresos nacionales y locales, así como estaciones de radio. Según la organización Fundar, Moreno Valle ha gastado en promoción personal hasta ahora 582 millones de pesos (194 millones al año), sin contar las “donaciones” en especie y los intercambios de grandes favores al duopolio televisivo que no se facturan.

El dispendio mediático morenista va de la mano de sus obras faraónicas: 66.6 millones para remodelar la Casa Puebla; 11 millones de dólares (143 millones de pesos) para comprar dos helicópteros Augusta Grand y Koala; 200 millones de pesos para el Teleférico; 400 millones de pesos para la Rueda de la Fortuna que sorprendió a los propios poblanos; mil 386 millones de pesos para los festejos del 5 de mayo; mil 800 millones de pesos prorrateados a varios años para el CRIT de Teletón, y mil 300 millones de pesos para un Museo Internacional Barroco.

En contraste, el número de pobres en Puebla se disparó de 3 millones 616 mil a 3 millones 878 mil, según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Conejal). Es decir, 262 mil poblanos en condiciones de pobreza tan sólo en sus dos primeros años de gobierno.

La inequidad social no le quita el sueño a Moreno Valle. Su proyecto sólo tiene un objetivo: utilizar el gobierno de Puebla para convertirse en el “nuevo Peña Nieto”. Y para ello ha sido capaz de todo.

Las versiones del propio SNTE le atribuyen al mandatario local ser uno de los “soplones” contra Elba Esther Gordillo, su madrina política, ante el gobierno peñista.

Las revelaciones del gobernador aceleraron la detención de la matriarca magisterial para evitar su rebelión el año pasado.

Sus redes de poder abarcan lo mismo al expresidente Felipe Calderón que al actual dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, que al grupo dominante en el PRD, Los Chuchos.

Los empresarios consentidos por Moreno Valle incluyen a David Peñaloza, de Grupo Tribasa, beneficiado con mil 400 millones de pesos en la venta de las autopistas de Puebla; o a Olegario Vázquez Raña, del Grupo Angeles, postor de la tercera o cuarta cadena de televisión a través de Grupo Excélsior y Canal 28.

Moreno Valle incorporó a su gobierno a personajes de cuestionable trayectoria como Facundo Rosas, exbrazo derecho de Genaro García Luna, para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública. Sus “logros” han sido muy cuestionables: el robo con violencia se disparó en 253% y el secuestro en 515%, según la información del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

El maquillaje mediático y las amenazas directas a sus críticos o a los activistas evitaron que la autocracia de Moreno Valle alcanzara resonancia nacional o internacional.

Desde antes de que se aprobara la ahora famosa #LeyBala, Moreno Valle impulsó la modificación a los artículos 1958 y 1968 Bis del Código Civil para endurecer penas contra periodistas y ciudadanos críticos. Demandó a los comunicadores Fabián Gómez y Adrián Ruiz. Persiguió a Pedro Barojas, colaborador de su adversaria política, la panista Ana Teresa Aranda, y mantiene a 31 presos de orden social con procedimientos de dudosa legalidad, según documentó Aurelio Fernández, director de La Jornada Oriente.

Entre esos activistas encarcelados se encuentran aquellos que amenazan los grandes negocios y despojos de tierras para beneficiar al capital extranjero en proyectos energéticos. Son los casos de Abraham Cordero, Enedina Rojas (casi sexagenaria) y Juan Carlos Flores Solís, opositores al despojo de tierras de campesinos para la construcción del Gasoducto Morelos y el Arco Oriente.

A través de un misterioso consorcio denominado Grupo Sexenio, con presencia en 18 estados de la República, Moreno Valle emprende campañas contra sus críticos, incluyendo a periodistas y políticos que se atreven a contradecir sus órdenes. Así le ha sucedido a Roxana Luna, perredista y visible disidente de Los Chuchos, o empresarios locales como Eduardo Cortés, puntualmente amenazado en columnas periodísticas de dudosa factura, que utilizan el espionaje a través de videos o llamadas telefónicas.

El manual de guerra sucia de Moreno Valle reventó en estos días con la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad. El escándalo nacional y las crecientes protestas de poblanos radicados en Estados Unidos generados por el fallecimiento de este niño han logrado lo que críticas aisladas no pudieron: focalizar el tema en los excesos autoritarios del #GoberBala.

La rimbombante Ley de Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza Pública fue aprobada el 9 de mayo con 33 votos a favor y sólo cinco en contra de los únicos legisladores locales que se atrevieron a salirse del guión del gobernador. Fue rebautizada como #LeyBala por autorizar el uso de la fuerza y armas “de goma” para repeler agresiones (artículos 9 y 43).

La #LeyBala convirtió a Puebla en laboratorio de esta especie de fascismo mediático-tecnocrático que está dominando a gobiernos estatales y federal. La criminalización de la protesta social se convierte en un guión grotesco de las televisoras y las legislaturas para acusar de “vándalos”, “anarquistas” o “revoltosos” a todos aquellos que ejercen el elemental derecho constitucional a la protesta.

La agonía de José Luis Alberto estuvo acompañada de una grosera campaña para atribuir el impacto de un proyectil al niño a los propios manifestantes. Incluso, Facundo Rosas ha insistido en que las verdaderas víctimas son 48 elementos policiacos que resultaron lesionados.

En una clásica jugarreta oportunista, Moreno Valle pidió abrogar su #LeyBala porque ha sido “estigmatizada”. Aunque un poco tarde, el proyectil que cobró la vida a un menor de edad ya alcanzó al autócrata poblano.

Ojalá la sociedad poblana esté consciente que en esta entidad se juega no sólo una ley sino el laboratorio más peligroso de una nueva oleada autoritaria a escala nacional.

Los Moreno Valle: abuelo y nieto por Katia D'Artigues en El Universal

Parece que fue ayer Diciembre de 1970. Rafael Moreno Valle (der), secretario de Salud, con Abraham Horwitz, director de la OPS. Al fondo, el retrato del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Años después, Moreno Valle y Díaz Ordaz fueron señalados por fatídicas repre

El 15 de agosto de 2010, cuando ya era gobernador electo por Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas subió unas fotos a su blog.

Era el cumpleaños número 93 de su abuelo y como regalo le llevó nada menos que una copia certificada de dos documentos que lo acreditaban como su sucesor.

Sí, 38 años después, sólo que bajo las siglas de una coalición PAN-PRD-Convergencia y Nueva Alianza, su nieto llegó al cargo que él dejó en 1972 dizque por “motivos de salud” (su abuelo, a los 96 años, vive).

Era el primer gobernador “de oposición” en Puebla, aunque había hecho toda su carrera en el PRI e incluso dejó ese partido por un cálculo político: no tenía posibilidades de ser designado candidato por su cercanía con Elba Esther Gordillo en tiempos de Roberto Madrazo.

¿Serán los genes, la formación, el destino? Con toda una revolución de derechos humanos de por medio, es imposible no trazar paralelismos entre el abuelo y el nieto quienes ahora se encuentran señalados por lo mismo: reprimir manifestaciones con un saldo de muerte.

El abuelo, por la muerte de al menos 58 campesinos en dos fechas: en Huehuetlán El Chico, en 1969 y Monte de Chila, en 1970; y el nieto por la muerte de un niño de 13 años, José Luis Alberto Tehuatlie, bajo el supuesto amparo de una nueva ley que —parece— más bien estuvo mal aplicada, en San Bernardino Chalchihuapan.

“Me inspira el legado de las generaciones que nos antecedieron”, dijo Moreno Valle Rosas en el discurso de toma de posesión en febrero de 2010 en el Centro de Convenciones de Puebla ante unos ¡3 mil! invitados “especiales”.

Los paralelismos siguen: ambos se han enfrentado con la prensa, aunque de distintas maneras. Si bien ahora lo que llama la atención es el silencio —se antoja que cómplice— de muchos medios poblanos; en tiempos de su abuelo la crítica era ave rara y un periodista en particular, Manuel Sánchez Pontón, director del diario La Opinión, sufrió en carne propia, afuera de su casa, el costo de criticar al gobernador en 1970.

Los dos le deben su carrera en gran parte a una mujer que los impulsó.

El abuelo a la primera dama María Izaguirre de Ruiz Cortines. La había atendido como ortopedista y en 1952, cuando Ruiz Cortines era candidato a la presidencia, le pidió a su esposa que lo recomendara con su marido porque quería ser senador y lo fue.

Su nieto a Elba Esther Gordillo Morales, hasta hace poco todopoderosa líder del SNTE, de quien fue uno de sus protegidos.

El abuelo en su tiempo (quizá sin verdadera posibilidad, aunque en esos tiempos el único pre-requisito real era que el Presidente lo designara) quería ser Presidente; igual que su nieto ahora. Al abuelo no se le hizo…

Aunque falta mucho de aquí al 2018, el futuro de la carrera política del nieto sí está muy en entredicho por la insensible manera de manejar el presente.

Al día de hoy —a 13 días del enfrentamiento del 9 de julio— no ha sido capaz de ofrecer una disculpa en persona a la madre que hasta hace unos días no había podido ni ver a su hijo muerto; una madre a la que no le pidieron su aprobación cuando decidieron desconectarlo de los apoyos que lo mantenían con vida pese a que ya tenía muerte cerebral y se enteró por los medios.

¿Qué se le ocurrió al gobernador o a sus asesores? Pues promover la derogación de la famosa Ley Bala; menos conocida como Ley de Derechos Humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza pública. Literalmente, muerto el niño, derogamos la ley.

Derogar. No revisar su implementación o capacitar a policías quienes —habrá que esperar la investigación— no habrían disparado al suelo como lo manda el protocolo. Cuando sí se necesitan protocolos para el uso legítimo de la fuerza, pero con capacitación y vigilancia de derechos humanos.

Con esto último, otro paralelismo: manda al Congreso, siendo otro poder… como todos los gobernadores priístas de la época de su abuelo hicieron.

 A todo esto, estamos a un año de las elecciones del 2015, donde el PRD y el PAN podrían, de nuevo, unir fuerzas para “sacar al PRI” de varios estados. Ya se cumplieron cuatro años de ese día de julio de 2010 donde ganaron 3 gobernadores aliancistas (Moreno Valle; Gabino Cué, en Oaxaca y Malova, en Sinaloa). Habría que hacer antes un análisis…

La carrera de Sofía Castro Rivera va en ascenso. No hay mejor promoción para su incipiente carrera actoral que tener como segundo padre al Presidente de la Republica.

Por lo visto en sus fotos, se la está pasando bárbaro en España, donde asistió, junto con su mamá Angélica Rivera, al concierto de Alejandro Fernández.

Tuvo tiempo para estar en las famosas pamplonadas.

Regresó allá para estudiar actuación con Juan Carlos Corazza, quien ha sido maestro de Javier Bardem.

Su última participación fue en la telenovela "Cachito de Cielo", le valió estar nominada por People en Español a "Mejor nuevo Talento", y por Tv y Novelas como "Mejor Revelación Femenina".

La Asociación de Críticos y Periodistas de Teatro sí le dio el premio como "Mejor Actriz Revelación" por su participación en "El Cartero".

Atrás quedó la jovencita que en marzo de 2013 posó para la revista "15-20", usando blusas y playeras de Forever 21. Para julio de 2014, está en la portada de Marie Claire junto con su mamá, usando modelos de Dolce&Gabbana, Louis Vuitton, Armani y Burberry, entre otros.

Moreno Valle: ¡si protestas, te mato! por Martín Moreno de Sin Embargo

+Desde un helicóptero le dispararon a José Luis

+La bala que mató a JL, habría matado a RMV

Al mediodía de ayer, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, aceptó, de manera tácita y simbólica, que su agresiva #LeyBala en contra de manifestantes, fue la causante de la muerte del niño José Luis Tehuatlie por una bala de goma. ¿Por qué lo decimos? Porque ordenó la abrogación, en unas cuantas horas, de ese salvaje ordenamiento legal.

Es decir: a disculpa no pedida, culpa manifiesta.

Dicen el gobierno poblano y el secretario de Seguridad Pública local, Facundo Rosas –quien fuera brazo derecho de Genaro García Luna el sexenio pasado- que a José Luis no lo mataron balas de goma utilizadas por policías. Se insiste en que fue un “cohetón” lanzado por los manifestantes en San Bernardino Chalchihuapan, el causante del deceso del menor.

Moreno Valle, Rosas y el gobierno poblano, mienten.

¿Por qué?

1)  De acuerdo a la necropsia practicada al cadáver de José Luis, no hay rastro de pólvora ni en el cráneo ni en el cuerpo; su muerte fue provocada por un objeto contundente que le provocó la lesión cerebral. Estas pruebas son oficiales y echan por tierra la versión del gobierno de Moreno Valle de que el niño fue victimado por un cohetón.

2)  El informe del neurólogo Luis Felipe Loria Rosado, enviado por el Senado de la República –Alejandro Encinas y Ricardo Monreal apoyaron a Elia Tamayo, madre del menor asesinado- indica que el cadáver “no tiene huella de quemada alrededor de la cicatriz. Se sabe que fue algo contuso, algo fuerte…”.

Aún más:

Pobladores de Chalchihuapan mostraron públicamente las balas de goma que se usaron para dispersar a la manifestación el pasado 9 de julio, matando a José Luis y dejando heridas a 5 personas. Los disparos llegaron desde un helicóptero. “La Policía Estatal no cuenta con capacitación para el uso de armamento. Hay varias latas de gas lacrimógeno que están cerradas, están selladas, ni siquiera les quitaron el sello, así las arrojaron directamente a las personas”, aseguró el activista Misraim Hernández Fernández.

“Aquí están las pruebas”, dijo Misraim, mostrando con sus manos las balas de goma disparadas contra los manifestantes. Y contra José Luis.

Si te manifiestas, te mato.

Ese parece ser el nuevo lema del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

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Un galimatías llamado “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza de los Elementos Policiales”, fue aprobado el pasado 19 de mayo por el Congreso de Puebla a iniciativa del gobernador panista Moreno Valle – en realidad, un priista vestido de azul por conveniencia política-, cuyo fin era justificar la disolución de manifestantes en la entidad… ¡a balazos!

De inmediato, se le bautizó como la #LeyBala.

“Es decir: en Puebla se protegerá a balazos. Como en el viejo Oeste”, escribí en la Red Pública del 21 de mayo (Ver columna “Moreno Valle, Velasco, Borge y el fascismo”).

En ese texto, advertimos del riesgo que se corría al autorizar a las policías poblanas, “en legítima defensa”, el uso de armas de fuego en contra de quienes efectuaran manifestaciones, protestas o marchas. Poco tiempo transcurrió, desgraciadamente,  para que cayera la primera víctima de la intolerancia de Moreno Valle. Y fue un niño.

En todo este caso, lo lamentable, sin duda, es la muerte del niño José Luis Tehuatlie. Nada es más grave que su fallecimiento.

Sin embargo, el contexto cobra una dimensión colateral, y es de carácter político.

¿Por qué?

Resulta que Moreno Valle es el candidato número uno del PAN que encabeza Gustavo Madero, para la Presidencia de la República. Moreno trae entre manos un proyecto gemelo al que utilizó, en su momento, Enrique Peña Nieto para llegar a Los Pinos. ¿Cuál es esa estrategia? Primero cuidar la imagen. Lugo cuidar la imagen. Y al último… cuidar la imagen.

Pero Moreno Peña… ¡perdón, Moreno Valle!, ya se ha manchado las manos de sangre. En la frente llevará tatuado siempre el nombre del niño José Luis Tehuatlie Tamayo. Lo mató una ley impulsada por el gobernador “pri-anista”. Hay pruebas y no hay vuelta de hoja.

En este punto, el político, se abren algunas interrogantes que podrían derrumbar la carrera de Moreno Valle y sus ambiciones presidenciales.

Primero: ¿Le convendría al PAN tener a un candidato presidencial con la muerte de un niño a cuestas?

Segundo: ¿Qué garantías tendría el PAN de volver a la Presidencia, con un candidato como Moreno Valle, con las manos ensangrentadas, representando no al verdadero panismo, sino al PRI más nocivo, y rechazado, seguramente, por buena parte de los panistas tradicionales?.

Tercero: de aquí al 2018, ¿podrá aguantar Moreno Valle el estigma de ‘gobernador asesino’ que ya cuelga en mantas y pancartas por varios rumbos del estado de Puebla? En Puebla habrá elecciones para gobernador en junio de 2016. El poder se le acabaría a Moreno Valle dos años antes de la presidencial.

Y por mucho que quieran Gustavo Madero y compañía imponer a Moreno Valle, seguramente habría rechazo hacia el poblano no sólo entre los propios panistas, sino también entre la población en general.

Los sueños presidencialistas de Rafael Moreno Valle, entonces, parecen haberse diluido para el 2018.

Paradoja merecida: la bala que mató a José Luis, también habría matado a Moreno Valle.

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El intento de Moreno Valle y de su equipo de comunicación por imponer la censura y la manipulación en torno a la muerte de José Luis Tehuatlie en los medios locales, y en no pocos medios nacionales, no surtió el efecto que buscaban, a pesar de que el lunes pasado, el gobernador reunió a algunos medios para dictarles línea y repetir hasta la saciedad: al niño lo mató un cohetón lanzado por los habitantes de Chalchihuapan.

Entre los medios afines al gobernador, prestos para dar a conocer la versión oficial sin cuestionarla ni mucho menos recurrir a otras fuentes de información, estaban Televisa, Síntesis, Cinco Radio, El Sol de Puebla, Sexenio, y Oro Noticias. (Fuente: Periódico Central). A los medios no alineados simplemente no los dejaron pasar.

Hay que destacar –y es un reconocimiento que hago como periodista y colega-, la labor del Periódico Central, cuya información desde el alto riesgo que encerraba la #LeyBala, y la forma precisa y profesional como cubrió todas las circunstancias que rodearon a la muerte de José Luis, nos permitió siempre tener mayores elementos informativos para conocer a fondo este penoso caso. La tarea de su coordinadora Viridiana Lozano y de su equipo de trabajo, ahí queda como ejemplo de periodismo con ética.

No es fácil enfrentar a la censura. Vaya que si lo sabremos. Y de ahí parte este reconocimiento a estos colegas poblanos.

Astillero de La Jornada

(Otros) políticos bala

 Moreno (Valle) recula

 Horror generalizado

 Violencia contra niños

uerto el niño, el gobernador bala pretende tapar la ley que va lanzando a un pozo sus aspiraciones futuristas. Ante la creciente indignación que ha producido el episodio que causó el fallecimiento del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo en San Bernardino Chalchihuapan, el propio Rafael Moreno (Valle) Rosas ha enviado una solicitud de retractación al mismo Congreso poblano que tan dócilmente aprobó en mayo pasado, por aplastante mayoría, lo que ahora probablemente echará abajo con similar convicción a gusto del ordenante.

Pero el problema no es de leyes ni solamente de Puebla. En un artículo que da luz sobre lo que está sucediendo en la entidad bajo mando oficial de Moreno (Valle) Rosas, el director de La Jornada de Oriente, Aurelio Fernández, ha precisado: porque lo que estamos viviendo en Puebla es el horror. No importa que en otras partes del país el horror sea más cruento y frecuente; esto es el horror y hay que decirlo.

Cierto es lo que plantea Fernández, pues el horror es generalizado y a cada cual le toca denunciarlo y combatirlo desde su lugar, aunque en comparación con los otros pudiera parecer menor. La ley bala y el gobernador bala no son sino una muestra extrema de la vocación represiva que anima a la inmensa mayoría de quienes hoy ocupan cargos de gobierno en el país, de Los Pinos (cuyo actual ocupante es el responsable histórico de agresiones inolvidables como la de San Salvador Atenco) a la casi totalidad de los gobernadores de los estados (con Miguel Ángel Mancera en lugar destacado) y a muchas de las presidencias municipales.

La construcción del poder político se funda en México en prácticas corruptas, fraudes electorales, complicidad de origen con adinerados grupos de interés y una proclividad al autoritarismo que se acrecienta conforme las protestas y la resistencia de segmentos populares confronta planes y conductas de esos gobernantes y legisladores (locales y federales) movidos por el lucro y la injusticia. Con modificaciones legales al estilo de las aprobadas en Puebla o sin ellas, quienes hoy ocupan sillas de poder son políticos bala, plenamente dispuestos a usar la fuerza pública y las maquinaciones mediáticas y políticas en contra de la irritación social que se va desbordando.

Extraños giros en el caso de la presuntamente malvada Mamá Rosa y su nada cándido albergue. A pesar de la abrumadora evidencia difundida aplicadamente por las propias autoridades de que en La Gran Familia se cometieron múltiples infracciones legales, varias de ellas de corte delictivo, la moldeable procuraduría federal de justicia, a cargo del también elástico Jesús Murillo Karam, se abstuvo de presentar postulaciones acusatorias contra el principal personaje de esa historia negra, a partir de las objetivas circunstancias de edad de la señora Verduzco, pero también con base en un unilateral y manejable peritaje que atribuye a Mamá Rosa presuntos problemas mentales que la harían inimputable. Aún están por conocerse las motivaciones políticas o viscerales de este montaje aparatoso.

A propósito de estos temas, Gaudencio Rodríguez Juárez, quien se define como sicólogo, escritor y activista en la defensa de los derechos de niños y niñas privados de cuidados parentales, comenta a esta columna que ahora que hizo explosión el caso de una casa hogar, La Gran Familia, es la oportunidad de que la situación lamentable de los niños, niñas y adolescentes en general, sea ventilada. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU dio la recomendación a nuestro país de atender dicha situación en 2006 y nuestro Estado mexicano no ha hecho la tarea. Esperemos que la atención a este problema no se apague cuando lo de La Gran Familia deje de ser noticia.

El sicólogo Rodríguez Juárez escribió un ensayo, que recibió mención especial en un concurso sobre el tema convocado por varias instituciones nacionales e internacionales, en el que apunta que el Estado mexicano carece “de información precisa, suficiente y fidedigna acerca de la situación de las niñas, niños y adolescentes sin padres e institucionalizados… Quienes ingresan a los ámbitos residenciales viven ahí un segundo abandono, un segundo maltrato –ahora institucional–, una segunda culpabilización –activada por lo que ellas y ellos no viven como medida de protección integral, sino como un encierro del que se sienten responsables ante la falta de explicación de tal medida–, una segunda violación a sus derechos que obstruye su desarrollo humano al impedir la conformación de una identidad sólida y una personalidad bien integrada (…) el encierro los excluye de la sociedad; su acceso a la justicia queda obstaculizado por las paredes que los confinan e invisibilizan, condenándolos además a la privación de la vida en familia y en comunidad”.

En las conclusiones de ese ensayo (el texto completo), el sicólogo sostiene que la formación y educación de los seres humanos es un proceso donde la presencia de vínculos humanos seguros, constantes y disponibles es condición necesaria. Si en nuestra sociedad existen altos niveles de destructividad humana son, en gran parte, porque estamos violentando a las niñas y a los niños. No debemos olvidar que los criminales de hoy son los niños que ayer tuvieron un arranque de vida caracterizado por la violencia, el descuido, el abandono. Fueron niños carentes de vínculos humanos que los humanizaran.

Y, mientras la calidad literaria de Elena Poniatowska es reconocida ahora por la Universidad Complutense de Madrid, que ha decidido entregarle un doctorado honoris causa en fecha por definir (probablemente en enero del año próximo), ¡hasta mañana, con el sonriente Emilio Chuayffet asegurando desde la SEP que se aplicará la ley para realizar los concursos magisteriales de oposición en Oaxaca y Michoacán, tal como el calendario oficial lo ha establecido y a pesar del militante rechazo de la mayoría de los profesores de esas entidades!

La reputación criminal de Moreno Valle por Álvaro Delgado de Proceso

Nada ni nadie evitará que el gobernador panista Rafael Moreno Valle lleve en el rostro, para siempre, el sello indeleble del homicida.

Ni la derogación de la Ley Bala, que da permiso para matar.

Ni la destitución de funcionarios.

Ni su propia renuncia.

Ni su fracaso –o éxito– como aspirante presidencial.

La perpetua reputación criminal del gobernador de Puebla tiene un agravante: La víctima es un niño de 13 años de edad.

Y el abuso de poder está acreditado: El homicidio se cometió durante una manifestación legítima, en respuesta a una ley lesiva para los ciudadanos más pobres y ante la autoridad arrogante y sorda.

La responsabilidad del gobernador es inequívoca, porque tras la disolución del bloqueo a la autopista Puebla-Atlixco, el miércoles 9, Moreno Valle se regodeó ante periodistas de haber aplicado la criminal Ley Bala: “Ustedes han visto cómo la ley que se aprobó en Puebla se aplica”.

Moreno Valle quiso mantener el caso sólo en Puebla, donde controla todo, y se aferró a imponer la tesis de que los culpables de la violencia fueron sólo los manifestantes, armados con “piedras de grueso calibre”, a quienes imputó inclusive la muerte cerebral del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.

Contra todas las evidencias –que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no podrá ocultar, salvo que se someta al poder–, el gobernador afirmó que el cráneo del niño fue destrozado por los cohetones de los manifestantes y no las balas de goma y gases lacrimógenos lanzados por la policía de Facundo Rosas, el aún lugarteniente de Genaro García Luna.

Por eso el dictamen popular, que en un nuevo fenómeno de las redes sociales ha hecho rectificar a algunos medios –casi todos comprados por él en Puebla y en la capital–, es implacable: #MorenoValleAsesino.

Sólo la muerte del niño, el sábado 19, le movió el piso a Moreno Valle. Entró en pánico.

Moreno Valle lo sabe: Nada ni nadie, ni siquiera la élite que le dará impunidad –porque a ella pertenece, como Enrique Peña Nieto– podrá ya borrarle de su faz el sello de gobernante homicida, como su abuelo el general del que lleva su nombre y apellidos, gobernador encumbrado por Gustavo Díaz Ordaz y defenestrado por Luis Echeverría, a cual más con las manos tintas en sangre.

Ni siquiera el escándalo de “Mamá Rosa” en Michoacán, que sirve de coartada a opinócratas de derecha para soslayar el inaudito abuso de poder en Puebla, podrá librar a Moreno Valle de las consecuencias de su autoritaria forma de gobernar, justo a dos años de finalizar su periodo como gobernador.

Moreno Valle quiso impedir a punta de dinero la crisis –como en su momento Mario Marín– y negando lo evidente –como Rubén Figueroa en Aguas Blancas, en junio 1995, y Emilio Chuayffet con Acteal, en diciembre de 1997–, y fracasó.

Fue siempre un impostor: Un día después de ganar la gubernatura de Puebla, el lunes 5 de julio de 2010, hablé con él y prometió que la ley sería su guía y que el autoritarismo estaría proscrito en el estado.

“Yo no estaría dispuesto a torcer la ley para lograr un objetivo político o partidista. En el momento en que estás dispuesto a torcer la ley, en cualquier circunstancia, en ese momento acabas con el estado de derecho. Yo gobernaré con la ley en la mano”.

Dos años después, como parte de un reportaje que lo enfureció –que Proceso cabeceó como “dos años de magalomanía”–, y cuando era evidente el control del gobierno, el Congreso, los partidos políticos, la prensa, el empresariado, las universidades –todo–, el politólogo Manuel Díaz Cid lo comparó con Maximino Ávila Camacho, gobernador de mano dura a partir de 1937.

En 2012, cuando el gobernador de manera arbitraria sometió al PAN estatal, con el aval de Gustavo Madero –cómplices con dinero sucio–, el fundador y catedrático de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) dijo que esa conducta era “un incipiente autoritarismo” que, de no rectificar, se convertiría en “autoritarismo pleno”.

Y, visionario, Díaz Cid expresó: “Sería como un retorno a las épocas del avilacamachismo, que en su época fue así. Ávila Camacho entendía que sus aliados tenían un espacio y un juego, sus adversarios ninguno. Y aquí no: no hay más que la figura de un personaje y esto marca un contraste hasta con el avilacamachismo. Tal vez las formas serían menos violentas, pero en el orden político es mucho más autoritaria esta forma que el avilacamachismo”.

Yo digo: Resultó peor.

Apuntes.

En realidad, la Ley Bala de Puebla –derogada por los mismos mansos diputados de PAN, PRI y PRD que la aprobaron– es un instrumento que también ya existe, a nivel nacional, para reprimir las protestas sociales que habrá como consecuencia del despojo de tierras por la privatización energética. Todo apunta a que habrá un reguero de cadáveres y los serviles dirán: Ellos se lo buscaron…