A diferencia de la cuenta pública del año pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no encontró irregularidades mayores en el ejercicio de los recursos federales correspondientes al ejercicio fiscal 2013 por parte del gobierno morenovallista, salvo los casos de los Fondos de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) que presentaron un subejercicio global por 316 millones de pesos. El caso más escandaloso es la obligación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de reintegrar 43 millones por pagos improcedentes a comisionados de la sección 23.

Aunado a ello, el organismo federal emitió un reporte negativo en la aplicación de los recursos que enviaron a Puebla por el subsidio para centros de educación en el que se presume un daño patrimonial por 300 millones de pesos, así como en el de escuelas de tiempo completo por 57.5 millones de pesos.

El organismo federal emitió el reporte de la auditoría que realizaron con corte al 31 de marzo de 2014, en el cual detallaron que el subejercicio del FASP asciende a 127 millones de pesos y el del FISE es de 189 millones de pesos.

En total el gobierno estatal recibió 93 observaciones en el ejercicio de los recursos de siete fondos y dos programas, de las cuales solventaron 67; y en resto derivaron en ocho recomendaciones por parte de la auditoría; cinco solicitudes de aclaración; 10 pliegos de observación y tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

Subsidio para centros de educación

Tras la revisión del gasto y ante el mal manejo de los recursos se presentaron ocho observaciones, de las cuales dos ya fueron solventadas por la Secretaría de Educación Pública, el resto derivaron en dos recomendaciones, una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y tres pliegos de observaciones.

El 28 de noviembre de 2013, la SEP y el gobierno de Puebla firmaron un convenio para destinar 800 millones de pesos como subsidio para los centros de educación; aunque nunca se especificó el programa al que se destinarían.

Ante el mal manejo de los recursos se presume que se generó un “daño a la Hacienda Pública federal por un importe de 300 millones 660.3 mil de pesos, que representa el 37.6 por ciento de la muestra auditada”.

En el primer pliego de observaciones, la Auditoría Superior de la Federación establece que se presume un daño patrimonial por 660.2 millones de pesos, debido a que de 332 millones no se conoce su aplicación y 327 millones se aplicaron para pagar nómina en marzo de 2014.

En un segundo pliego de observaciones, se detalla que el daño patrimonial asciende a 150 millones de pesos que se destinaron a la BUAP “por concepto de anticipo del subsidio estatal del ejercicio 2014 de enero y febrero de 2014, gastos que no corresponden al ejercicio fiscal de 2013”.

En el tercer pliego se detalla que 150 millones también fueron usados incorrectamente al transferir los recursos federales a un apoyo financiero sin que la Secretaría de Finanzas los identificara.

Escuelas de tiempo completo

En este programa la Auditoría Superior de la Federación detectó un posible daño patrimonial por  57.5 millones de pesos, debido a que no fueron devengados durante el ejercicio fiscal correspondiente.

“En conclusión, el estado no realizó una gestión razonable de los recursos del programa y el monto observado es alto respecto de la muestra auditada”, debido a que se levantó una observación y un pliego de observaciones que no fueron solventados.

Fondo para la Infraestructura Social Estatal

Dentro de este apartado del gasto federalizado —recursos que fueron transferidos en el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto—, el FISE presenta un subejercicio por 189 millones 797 mil pesos con corte al 31 de marzo de 2014.

Por ello, la ASF concluyó que “el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISE, en inconformidad con la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”.

“Al 31 de diciembre de 2013, el estado no había ejercido el 35.4 por ciento de los recursos disponibles, situación que se mantuvo al cierre de la auditoría (31 de marzo de 2014), por un importe de 189 millones 797.2 mil pesos, el cual está pendiente por aclarar; esto retrasó la realización de las obras y acciones programadas”, detalló el organismo.

La auditoría arrojó un total de 12 observaciones, de las cuales nueve fueron solventadas; mientras que las tres restantes generaron una solicitud de aclaración y dos pliegos de observaciones.

En la solicitud de aclaración se informó que el estado destinó un millón 200 mil pesos para la ejecución de cuatro obras, las cuales no cumplieron con los lineamientos del programa pues “no beneficiaron directamente a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema, ni tuvieron un impacto de alcance regional ni intermunicipal”, por lo que tuvo que ser reintegrado por el morenovallismo a la

Federación.

Estas obras son la construcción de techado en cancha en la localidad Cascalote, Chietla, con un monto de 149.5 mil pesos; la construcción de techado en local de usos múltiples en Zacapala por 299.1 mil de pesos; el adoquinamiento de una avenida en Cuayuca que representó 421.4 millones de pesos, y la reparación del techo de la cancha múltiple del bachillerato general José Martí en Chiconcuatla con un valor de 330 mil de pesos.