Para el profesor Juan María Alponte, por una pronta recuperación.   Cuando el PRD comenzó a hundirse en el fango de las complicidades en Guerrero y en Iguala, el senador Alejandro Encinas lanzó una provocación al : sentar en el banquillo al secretario de la Defensa Nacional para que explicara por qué el 27 batallón cerca de Iguala no acudió a ayudar a los normalistas. Y como consigna, los perredistas han querido centrar el secuestro, desaparición e incineracion de ﷽﷽﷽﷽raci desaparicipòistas han querido Nacional para que explicara por qu Encinas lanzón de 43 normalistas en una falla de seguridad de los militares. Sin embargo, los senadores y diputados perredistas quieren ignorar malévolamente que el  no puede intervenir en asuntos de seguridad pública si no es por solicitud de la autoridad civil de la zona o por agresiones directas en su contra. Y quieren ocultar la parte esencial de la trama de Iguala: el presidente municipal perredista y su esposa como precandidata perredista a la alcaldía ordenaron atacar a los estudiantes a través de la policía municipal y entregarlos al grupo criminal Guerreros Unidos. Por tanto, el  estaba impedido legalmente a intervenir en Iguala porque la autoridad civil nunca solicitó formalmente su participación y porque los responsables del operativo eran policías municipales. El  ha desarmado a policías municipales sólo a solicitud expresa de la autoridad civil. Lo que más deben lamentar los perredistas --si acaso hay algún lamento por lo ocurrido-- y lo que deben saber los padres de familia que están haciendo acusaciones sin ton ni son es que los legisladores perredistas --sobre todo los del PRD-- se opusieron en el sexenio pasado a la reforma de la Ley de Seguridad Nacional que hubiera llenado precisamente esos huecos. Hasta ahora, el  sólo puede intervenir en función de la seguridad interior que es una vertiente interna de la seguridad nacional, no en sucesos políticos como era la protesta estudiantil contra el alcalde perredista y su esposa como precandidata. SI el 27 batallón hubiera intervenido en Iguala, habría tenido que cargar con los costos políticos y sociales al enfrentar la ira violenta de estudiantes que habían secuestrado camiones para desestabilizar el ambiente del informe de labores de la esposa del alcalde. Además, legalmente el  hubiera podido ser acusado de abuso de autoridad y de funciones porque no tiene facultades para enfrentar movilizaciones civiles. De ahí la perversidad del senador Encinas y de otros perredistas que quieren trasladar al  el acto criminal de perredistas de reprimir normalistas y entregar 43 de ellos a un grupo criminal para su asesinato. La litis de la crisis de Iguala se localiza en la responsabilidad del alcalde perredista y de su esposa como precandidata al coludirse con una banda criminal y permitir concientemente que la policía municipal obedeciera órdenes de delincuentes. La labor del  en situaciones de emergencia por desastres naturales o ante inseguridad pública sin control institucional se hace en apoyo a la autoridad civil, no por las circunstancias  ni directamente por decisión propia. La petición tiene que hacerse por escrito y con una especificación de las tareas a realizar. Sólo cuando el  es atacado por criminales puede responder y aún esos imponderables tiene regulaciones civiles de derechos humanos que respetar o padecer la aplicación de las leyes como en Tlatlaya. Lo que ha querido hacer el PRD al involucrar al  en el debate de uno de los asuntos más delicados de violación civil y policial de derechos humanos ha sido una infamia política que sólo busca eludir la responsabilidad del PRD y sus gobernantes  en la represión a estudiantes y población civil: Iguala como el Tlatelolco del PRD.  

En una acción típica de esquizofrenia, el PRD emitió el sábado un boletoficial﷽﷽﷽letizofrenia, el PRD emitiín oficial para solidarizarse con los padres de los 43 normalistas desaparecidos y decir que “comparte su exigencia (a la PGR) de dar resultados indubitables”.

Los líderes del movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional en realidad no esperaban que el gobierno federal aceptara un diálogo público y ahora ignoran qué pedir porque carecen de un modelo educativo de enseñanza técnica.

A los políticos parece importarles poco lo que está ocurriendo en el país: en Veracruz, el expriísta y ahora panista-calderonista Miguel Ángel Yunes Linares viola a su gusto las reglas del Instituto Nacional Electoral en materia de actos adelantados de precampaña para madrugar impulsando la candidatura de José Yunes Zorrilla a la gubernatura por el PRI.

Cuando ganó su primer periodo presidencial en noviembre de 2008, Indicador Político escribió que Barack Obama iba a resolver su figura histórica en un dilema: ser el presidente de cambiaría la historia social y política de los Estados Unidos o sólo ser registrado con una línea en el record Guinness.

Son referidos como grupos especiales de choque, halcones, pero son comandos paramilitares; forman una fuerza especial de combate, rambos al mando de los alcaldes que no quieren coordinarse con las fuerzas federales.

Expertos en desviar la atención y en aplicar el modelo del pez rojo, los perredistas quieren ocultar su crisis en Guerrero alertando sobre una crisis del Estado. Sin embargo, el asunto es más simple: la crisis es del PRD, no del Estado.

A la memoria del muy querido amigo y periodista Julio Derbez

Dicen algunos perredistas que el PRD ve el temblor y no se hinca. La crisis política y de seguridad en Guerrero obligaba a mirar el problema con otros ojos, pero el relevo de gobernador se dará en función de tres criterios: tribus, complicidad y poder.

Si se revisa con frialdad la crisis en Guerrero se encontrará con la sorpresa de que ahí no hubo alternancia política: los gobernantes impulsados por el PRD fueron del PRI y por tanto aplicaron el modelo político del PRI.