En la visión enciclopédica que, según ha trascendido, anima la elaboración de la anunciada reforma en telecomunicaciones se incluye la idea de crear un Instituto Nacional de las Telecomunicaciones que sustituya a la Cofetel.

Creen quienes así plantean las cosas que la autonomía, por sí sola, purifica. Suponen que alejar del gobierno la regulación de una actividad económica la sanea. Y de paso aprovechan para cobrarle agravios a algunos de los agentes económicos más conspicuos del sector.

Lo cierto es que la existencia y naturaleza jurídica de los órganos autónomos obedece a una clara necesidad de generar contrapesos con el gobierno. El IFE, para evitar la intromisión del gobierno en turno en procesos electorales; el Banco de México, para controlar la inflación frente al riesgo de políticas públicas dispendiosas; la CNDH, para contener conductas abusivas de las autoridades; y el INEGI, para que las cuentas nacionales sean ajenas al gobierno cuyas políticas públicas termina por evaluar.

En ese orden de ideas, una actividad económica que incluye dar concesiones para explotar bienes del dominio público de la Federación —escasos, como el espectro radioeléctrico—; la supervisión y sanción por incumplimientos a la ley: la regulación de la competencia en mercados abiertos; la promoción del desarrollo tecnológico; la cobertura universal de servicios y la consecuente entrada de lleno a la sociedad de la información y del conocimiento mediante el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, es una tarea de gobierno, y no ajena a éste.

En tal extremo del absurdo, como se parte de la base de la desconfianza a aquello que huela a gobierno, pues convirtamos todas las autoridades en órganos autónomos de Estado: las encargadas de la materia energética; de transportes; de la actividad bancaria; de seguros y fianzas; la recolección de impuestos; la competencia económica; el medio ambiente; el aprovechamiento del agua; los derechos del consumidor y todo lo demás que se les ocurra. Y viene pues la pregunta natural: entonces ¿gobierno para qué?

Basta que los integrantes del Consejo Rector del Pacto lean con cuidado el artículo 25 de la Constitución; la Ley de Planeación; que exploren las mejores prácticas internacionales en la materia y que desempolven sus libros de derecho administrativo para darse cuenta del tamaño de su error.

Además, ahora resulta que un órgano autónomo de Estado es garantía de probidad y de distancia con los poderes fácticos y con los partidos políticos. Sí, cómo no.

Y eso de seguir manoseando la Constitución al pretender llevarlo todo a ese rango supremo es ignorar que la legislación secundaria y los reglamentos presidenciales —además de las normas oficiales mexicanas y las disposiciones administrativas y contenidas en los títulos de concesión y permisos— forman parte también del sistema jurídico mexicano, y su obligatoriedad y vigencia no entran en conflicto mientras se respete el orden jerárquico entre sí.

Por todo ello es que he presentado una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones que privilegie los derechos del consumidor y fortalezca al órgano regulador sin cambiar su naturaleza jurídica ni estructura. Se trata de eliminar dobles ventanillas para que Cofetel pueda imponer sanciones; que éstas se eleven por cuatro; que otorgue y revoque directamente concesiones; que haga la declaratoria de dominancia en mercados relevantes y todo ello sin la intervención de la SCT o de la Comisión Federal de Competencia. Que sus resoluciones de interconexión no sean objeto de suspensión en juicio de amparo; y que fije y se cerciore de los estándares de calidad de los servicios de telecomunicaciones.

Segundas y terceras cadenas de televisión y el adecuado aprovechamiento de bandas del espectro radioeléctrico no son materia de un cambio a la legislación sino decisiones de carácter administrativo a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Cofetel.

En suma: Cofetel ya goza de autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión; y para dictar sus resoluciones. Lo que debemos hacer es fortalecerla, no desaparecerla.

Menos protagonismo y más sensatez es lo que puedo recomendar a quienes pretenden hacer de la reforma a las telecomunicaciones el nuevo cuerpo fundacional de la república.