Negligencia en el Ayuntamiento causa pérdida millonaria ante DISA
El asesor Eduardo Ramírez ya comunicó a la alcaldesa la determinación de la Corte
La determinación de la SCJN declaró infundado el amparo correspondiente al del juicio 1494/2009, tramitado por el Ayuntamiento de Puebla, para evitar el pago de 40 millones de pesos a la empresa de Jorge Espina
Miguel Ángel Cordero
Un acto de negligencia dejó en estado de indefensión al Ayuntamiento capitalino y provocó una derrota jurídica ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a manos de la constructura DISA, por lo que inmediatamente deberá erogar los 26 millones de pesos de suerte principal más el pago de intereses y costas judiciales, con lo que el adeudo se incrementará arriba de los 40 millones de pesos.
El adeudo proveniente de la administración de Luis Paredes Moctuzuma fue fijado por un Tribunal Colegiado únicamente en la suerte principal de 26 millones de pesos, sin derecho a intereses, por lo que DISA ejercitó un recuro de inconformidad ante la última instancia, la SCJN. Incomprensiblemente, ni el despacho a cargo del asunto encabezado por el asesor municipal Ernesto Ramírez Pérez, ni el síndico Román Lazcano Fernández acudieron a ejercitar las defensas jurídicas que convenían al Ayuntamiento poblano, por lo que la SCJN falló a favor de la constructora a cargo del distribuidor Juárez-Serdán.
Ayer por la mañana, se hizo pública la determinación de la SCJN que declaró infundado el amparo correspondiente al del juicio 1494/2009, y tramitado por el Ayuntamiento de Puebla, para evitar el pago de 40 millones de pesos a la empresa DISA. Sin embargo, a pesar de que la última instancia resolvió a favor del empresario Jorge Espina, el síndico municipal, Román Lazcano Fernández, aseguró que el proceso sigue y aún no hay ninguna notificación del veredicto.
En entrevista, el síndico reportó que el abogado del Ayuntamiento y asesor jurídico de la presidenta Blanca Alcalá, Ernesto Ramírez, ha estado al pendiente del litigio hasta el momento. Agregó que el gobierno esperará alguna notificación por parte de la SCJN.
Incluso, reconoció que Ramírez ya le comunicó a la alcaldesa la determinación de la Corte, pero no de manera oficial. No obstante, reconoció que el Ayuntamiento esperará a que se publique la planilla de pago a DISA.
Ramírez no sólo ha perdido este litigio para una autoridad; además de los más de 40 millones que perderá el Ayuntamiento ante DISA, el Gobierno del estado también deberá sufragar 42 millones de pesos a la empresa Coconal, porque el asesor del Cabildo perdió también el juicio por la modernización de la carretera a Amozoc.
El caso DISA comenzó con el proceso de entrega-recepción de los exalcaldes Luis Paredes y Enrique Doger, pues en dicha transición se reveló que había quedado pendiente el pago de 26 millones de pesos a favor de DISA por concepto de la construcción del distribuidor vial Juárez-Serdán.
No obstante, Enrique Doger desconoció la deuda al argumentar que no estaba debidamente justificado el cobro que pretendía hacer la empresa de Jorge Espina y que, de acuerdo con los contratos y bitácoras de trabajo, la obra estaba pagada en su totalidad.
Jorge Espina fundamentó su denuncia en el acta de la sesión de Cabildo del 12 de diciembre de 2004, la cual indica que los regidores del municipio de Puebla reconocían que a la empresa DISA se le debían 26 millones de pesos.
Con ese documento, Jorge Espina alargó durante los tres años el juicio con el expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger, y el litigio llegó hasta la administración de Blanca Alcalá Ruiz. Fue entonces cuando el adeudo, por el tiempo transcurrido, se elevó a 40 millones de pesos.
El despacho de Ernesto Ramírez, su asesor jurídico, se hizo cargo de la defensa del Ayuntamiento y consiguió un amparo ante el Tribunal Unitario en Materia Civil en el Sexto Circuito.
Sin embargo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia determinó infundada la resolución del Tribunal de Circuito que favorecía el amparo para el Ayuntamiento. Por ello, el Ayuntamiento no podrá recurrir a otra instancia y obligatoriamente tendrá que pagar los más de 40 millones de pesos al empresario.
En una entrevista pasada, Román Lazcano dejó abierta la posibilidad de que el Ayuntamiento de Puebla negocie con la constructora, pues dijo que en caso de que la determinación de la SCJN contraviniera los intereses del Gobierno municipal, podrían recurrir a una negociación con la empresa en cuestión.
"Nunca ha habido por parte del Ayuntamiento la posibilidad de una negociación con la empresa, siempre nos hemos declarado conforme a lo que señala el tribunal, solamente que pudiera existir una resolución adversa, que espero que no sea así por los elementos expresados por la interpretación de la ley de obra pública”.
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