Marinistas maquillan cifras de inseguridad

Asegura José Antonio Díaz García

El legislador federal del PAN dijo que el atentado contra el subprocurador Víctor Pérez Dorantes da una muestra del tamaño del problema de la delincuencia en la entidad

Olivia López Pescador

José Antonio Díaz García, coordinador de los diputados federales poblanos del PAN, dio a conocer los cinco puntos que propone su partido para mejorar la seguridad en Puebla: coordinación real entre Federación, estado y municipios; depuración policial mediante la aplicación del examen del control de la confianza; antidoping; mejora salarial a los policías, y auditoría a los recursos de seguridad.

En cuanto al atentado de los Zetas al subprocurador Víctor Pérez Dorantes, expresó que esto es preocupante, y que ya se debe saber de qué tamaño es el problema de la delincuencia e inseguridad que se vive en Puebla para tomar las medidas preventivas necesarias.

Recordó que desde hace 15 días manifestó su preocupación en torno a que el Gobierno del estado no ha querido informar de la presencia de bandas delictivas y del crimen organizado en la entidad, “de qué grupos tiene detectados, ni cuántos secuestros se han perpetrado en los últimos años, ni ha informado sobre las cifras reales de delitos”.

Y si el gobierno estatal está maquillando cifras y ocultando información, dijo,  sólo está generando desconfianza.

Durante una conferencia de prensa, indicó que los legisladores, los alcaldes y la dirigencia del PAN proponen algunas cuestiones importantes para avanzar en materia de seguridad, pero no a través de shows mediáticos, sino a través de acciones concretas. “No se trata de dorarle la píldora a los ciudadanos”, dijo.

En menos de 60 días se pueden implementar las cinco acciones que propone el PAN. Los dos primeros, explicó, son “coordinación real entre Federación, estados y municipios, para que todas las policías que existen en Puebla puedan trabajar en pro de la seguridad; el segundo punto es la depuración policial, porque no se sabe si los encargados de resguardar la seguridad pública son gente de confianza; para ello se propone un examen de control de la confianza a todos los mandos superiores y medios, comenzando con el secretario estatal de Seguridad Pública, los directores de las policías estatales, municipales y metropolitana. El examen antidoping debe ser aplicado a todos los elementos policiacos por parte de un comité ciudadano.

Entre los participantes de la marcha se debe buscar precisamente a ciudadanos distinguidos, que no hayan ocupado ningún cargo público, ni ninguna candidatura, que no sean políticos venidos a menos que ahora se quieran subir a la marcha”.

El coordinador de los diputados federales del PAN en San Lázaro señaló que el tercer punto es una mejora salarial o duplicarles el sueldo a los policías que hayan pasado el control de confianza y el antidoping. El cuarto, dijo, que las policías del estado de Puebla cumplan en un plazo no mayor a 60 días con la base de datos de todos los policías para saber en manos de quién está la seguridad. El quinto punto es una auditoría de recursos de seguridad por parte de los tres órdenes de gobierno, “es decir, qué se ha hecho con los recursos de los últimos tres años”.

En otro tema, se refirió a la forma en la que se rendían anteriormente los informes presidenciales “con celebraciones de tipo imperial”, lo cual debería esta prohibido por la propia Constitución, dijo, porque estamos en un sistema democrático. Sin embargo, agregó, hoy se dio un cambio fundamental. “El pasado 15 de agosto de 2008 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas al artículo 69 y 93, en cuestiones referentes al informe”.

Señaló que el presidente sigue estando obligado a rendir cuentas, para lo cual tiene que entregar un informe por escrito del estado que guarda la nación (que ya fue enviado con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño). Ahora, los diputados y senadores pueden hacer llegar sus “preguntas parlamentarias” al presidente, y éste está obligado a contestar en un plazo no mayor a 15 días. En la glosa del informe, los secretarios deben comparecer ante el Congreso para rendir cuentas, pero antes deben jurar bajo protesta de decir verdad.

“Suponiendo que alguno de los secretarios se atreviera a dar una información falsa o inexacta, puede ser sujeto a un juicio por dar información falsa”.

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