Las Vegas se extiende a baja California Sur

Un tahúr de Las Vegas decidió apostar ahora por Baja California Sur. Se trata de David Chesnoff, un abogado estadunidense que, en representación de un grupo de inversionistas de su país, se apresta a construir un emporio turístico en un lugar ubicado a 50 kilómetros al sur de La Paz. Nada impide por ahora la realización del proyecto: ni el despojo que se fragua contra los comuneros de la región, ni el hecho de que Chesnoff, quien es jugador profesional de póquer, se especializa en defender a personajes de la mafia en su país…

Rodrigo Vera/ Apro

Junto con algunos de sus funcionarios, Narciso Agúndez Montaño, gobernador perredista de Baja California Sur, escuchaba atento a un grupo de inversionistas de Las Vegas, Nevada, que le exponían detalles sobre el exclusivo desarrollo turístico de Punta Arena que planean construir a unos 50 kilómetros al sur de La Paz.

Funcionarios y empresarios estaban reunidos en el Palacio de Gobierno en torno a una mesa sobre la que colocaron un mapa extendido. Ahí se señalaban las 900 hectáreas costeras que dan al Mar de Cortés y que los inversionistas intentan arrebatar fraudulentamente a los pescadores de la zona para levantar su emporio turístico.

Era el pasado 23 de julio y los inversionistas –cercanos a la mafia del juego, la prostitución y las drogas en Las Vegas– describían las características de su paraíso sudcaliforniano, en el que planean invertir “varios cientos de millones de dólares”:

Punta Arena contará con una marina para 400 embarcaciones, un espléndido campo de golf, una zona residencial, un hotel y una pista privada de aterrizaje de 2 mil 700 metros de longitud.

Los estadunidenses aguardaban el espaldarazo directo del gobernador, quien finalmente les dijo complaciente:    

“Toda inversión es bienvenida en Baja California Sur, principalmente en La Paz”.

Hubo saludos y felicitaciones mutuas. Luego el gobierno del estado hizo circular un boletín y una fotografía que dieron cuenta de la reunión, así como de la derrama económica que supuestamente dejará la multimillonaria inversión, la cual generará “mejores condiciones de vida para las familias”. 

Los inversionistas extranjeros estuvieron representados por el abogado David Chesnoff, un jugador de póquer profesional especializado en defender a prominentes miembros de las mafias estadunidenses, y por el magnate Sigmund Rogish, quien tiene fuertes intereses políticos y empresariales en el estado de Nevada.

Al gobernador lo acompañaron su secretarios de Turismo, Alberto Treviño; de Planeación Urbana, Guillermo Jáuregui; de Promoción y Desarrollo Económico, Jorge Vale; de Pesca y Acuacultura, Joel Ávila. También estuvo su director de Relaciones Internacionales, Marco Ehrenberg.  

El periodista Tulio Ortiz Uribe, director de la revista local La Tijereta, asegura que este era el “apoyo político” que desde hacía tiempo estaban esperando los poderosos empresarios de parte del gobierno del PRD.

Y advierte:

“Punta Arena podrá convertirse en un destino turístico alterno a Las Vegas, pues estos empresarios tienen su centro de operaciones en esa ciudad. De allá podrán enviar turismo a Baja California Sur. Creo que con esa intención planean levantar toda esa infraestructura. Y esa pista de aterrizaje de 2 mil 700 metros es para que puedan aterrizar jets privados, no sólo simples avionetas. Estamos hablando de un aeropuerto privado en forma, con sus radares, torre de control y demás equipamiento”.

— Y aquí, como en Las Vegas, ¿podría también ser campo propicio para las casas de juego, la prostitución o el narcotráfico?

— Existe ese riesgo, dados los antecedentes de estos empresarios y las facilidades que les está dando nuestra burocracia estatal. Con una inversión cien por ciento extranjera, levantarán toda una infraestructura propicia para que se den este tipo de actividades.

— ¿El gobierno estatal sabrá quiénes son estos inversionistas?

— Si sabe quiénes son, ¡malo! Y si no lo sabe, ¡peor todavía! Lo cierto es que al apostarle al turismo, el gobernador Agúndez no discrimina ninguna inversión. Deja hacer y deja pasar con tal de jalar capitales en ese rubro.     

Personajes turbios

En el número de agosto de su revista, Ortiz Uribe publicó una amplia investigación –realizada por él mismo– en la que revela nexos de los inversionistas citados con la mafia de Las Vegas, y menciona a las empresas que invertirán en el proyecto de Punta Arena. 

De acuerdo con información del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, indica la revista, son dos compañías de “capital cien por ciento norteamericano” las que realizarán el desarrollo turístico de “varios cientos de millones de dólares”: Punta Arena de la Ventana S.A. de C.V. y Boca de la Salina S.A. de C.V.  

En ambas, el presidente es David Chesnoff, mientras que Eckley Keach figura como secretario; Dominic Rucci como tesorero, y James B. Cardwell como vocal.

No aparecen personas físicas entre los accionistas de Punta Arena de la Ventana S.A. de C.V., sino dos firmas que ostentan cada una la mitad de las acciones: Achilles Investments Inc y Mid America Investments Inc.

Por su parte, Boca de la Salina S.A. de C.V. también tiene como accionistas –por partes iguales—a otras dos empresas: Atlas Investments Inc y Aetna Investments Inc.           

 
En estas cuatro compañías que se desprenden de las dos primeras, Chesnoff figura como presidente y  representante legal, por lo que –asegura Tulio Ortiz– desde Las Vegas se armó todo un “entramado financiero” que no permite conocer a los verdaderos dueños del dinero. 

¿Quién es Chesnoff? ¿Cuáles son los antecedentes de este hombre que consiguió el apoyo del gobierno de Baja California Sur?

En los círculos judiciales estadunidenses, el abogado Chesnoff es conocido porque asumió la defensa de Gabriel Ben-Harosh, presunto líder del grupo mafioso israelí denominado Jerusalem Network. En 2004, Ben-Harosh fue arrestado en Canadá y extraditado a Estados Unidos, pues –junto con otros cuatro israelíes– se le acusa de narcotráfico, extorsión y lavado de dinero.

Pero, según Chesnoff, su cliente es inocente: “Es un hombre de negocios y pienso que será absuelto”, dijo el abogado a la prensa.

Un reporte del Departamento de Estado fechado en 2003 indica que los narcotraficantes israelíes controlan en Estados Unidos el 75% del mercado del éxtasis, y se han asentado en particular en los centros nocturnos de desnudistas de Las Vegas. 

Chesnoff es socio del despacho de abogados Goodman, Chesnoff & Keach, que se ha especializado en defender a presuntos criminales y mafiosos de Estados Unidos.

Uno de los miembros de este bufete es precisamente Eckley Keach, quien figura como “secretario” de las empresas que van a construir el desarrollo turístico de Punta Arena.

El otro es, ni más ni menos, el actual alcalde de Las Vegas, Oscar Goodman, quien temporalmente dejó el despacho para dedicarse de lleno a la política. Su mandato concluye en 2011.

De los tres miembros del bufete, Goodman es sin duda el más controvertido porque se le achacan mayores vínculos con el crimen organizado y por ser un abierto promotor de la prostitución en Estados Unidos. Por este motivo la Comisión de Ética del Estado de Nevada lo investigó ya en dos ocasiones.

Circula incluso un libro sobre este singular personaje. Se titula De ratas y hombres: la vida de Oscar Goodman, de vocero de la mafia a alcalde de Las Vegas. Su autor es el periodista John L. Smith, quien desmenuza los 35 años que lleva Goodman abogando por criminales.  

Y sí, larga es la lista de mafiosos defendidos por el despacho Goodman, Chesnoff & Keach. Destacan, por ejemplo, Anthony Spilotro, representante en Las Vegas de la mafia de Chicago, y Stephen Caracappa, acusado de pertenecer a la mafia neoyorkina de la familia Luchese. Otros clientes del bufete fueron Salvatore Scafidi, Nicky Scarfo, Meyer Lansky, Phil Leonetti, Jimmy Chagra…    

Chesnoff es también un jugador profesional de póquer, al grado de que ganó el primer lugar en un torneo realizado en el hotel Bellagio de Las Vegas, según notas periodísticas de Estados Unidos.

Mientras que Sigmund Rogish –el otro empresario que estuvo en la reunión con Agúndez– es dueño de Rogish Communications Group, una compañía que ha “llevado al poder a los gobernadores de Nevada en los últimos 16 años”. Rogish fue “consejero político” de George W. Bush, pero fue removido del equipo presidencial luego de que el Washington Post reveló que estuvo implicado en un escándalo por venta de alcohol en un toples bar.

En su investigación, el periodista Tulio Ortiz descubrió además que, hasta diciembre pasado, las empresas Punta Arena de la Ventana y Boca de la Salina tuvieron como “director general” a Kerry Rogers Lee, quien en los ochenta estuvo preso por tentativa de fraude, de 22 millones de dólares, contra un banco de Nueva Jersey.    

En 1998, Kerry Rogers fue demandado judicialmente por operar el Winner´s Way, un centro ilegal de apuestas. La prensa de Estados Unidos supone que “Rogers tiene conexiones con el crimen organizado de Las Vegas”. 

El despojo

Los personajes descritos son quienes aparecen hasta el momento detrás del proyecto turístico de Punta Arena y fueron exhibidos por la revista La Tijereta, cuya portada de agosto cabeceó: “¿Llega dinero de la mafia de Las Vegas a La Paz?”.    
Por lo pronto, ya están cercados los amplios terrenos costeros en los que se construirá Punta Arena. Guardias uniformados vigilan sus accesos, que se encuentran bloqueados con plumas metálicas. Aquí y allá hay letreros que prohíben el paso: “Punta Arena de la Ventana S.A. de C. V. Vigilancia satelital y video. Propiedad privada”.   

Es una árida zona de pescadores a los que poco a poco les han ido quitando sus playas en el Mar de Cortés, aledañas al polvoriento poblado de San Juan de Los Planes.

“A la mala, estos gringos de Punta Arena quieren quitarnos más de 900 hectáreas que nos pertenecen, y que abarcan unos once kilómetros de playa”, comentan tres pescadores vestidos con short y sandalias. 

Piden que no se mencionen sus nombres, pues ya bastantes pleitos tienen con los guardias contratados por los inversionistas extranjeros.

Comentan que, en 2005, se juntaron los lugareños y tumbaron las plumas metálicas que les impedían los accesos al mar. Incluso los acompañó el entonces presidente municipal de La Paz, Víctor Castro… Pero al poco tiempo volvieron a bloquearles el paso.

Por daño en sus propiedades, los pescadores han interpuesto demandas judiciales que no prosperan. Viven desesperados, en la impotencia.

“Desde que tenemos memoria, nuestras familias han sido las dueñas de estos terrenos, que son pequeña propiedad. Tenemos nuestras escrituras y pagos prediales, nuestros refrendos por el uso de la zona marítima terrestre. Todo en regla”, comenta uno de ellos, sentado a la sombra de un árbol.

— ¿Entonces estos inversionistas todavía no les compran?
— ¡No, señor! De pronto llegan algunos de sus representantes y nos ofrecen 2.60 dólares por metro cuadrado. Nosotros nos negamos. 
— ¿Sufren amenazas?
— Sí. Felipe Marcos, gerente operativo de la empresa Punta Arena, nos amenaza diciendo que tiene todo el respaldo del gobernador Agúndez. Es cierto. ¡Caray! El gobernador ha venido aquí a visitarnos. Sabe muy bien que nosotros somos los dueños. Pero mírelo, acaba de reunirse con los gringos para darles su apoyo.          
— ¿Cuántas familias son las dueñas de estas novecientas hectáreas?
— Doce. A cuatro de ellas ya de plano les bloquearon todos sus accesos al mar. ¡Imagínese! Uno aquí vive de la pesca del huachinango, el pargo, la cabrilla y el jurel.

Los pescadores dan los nombres de los 12 propietarios despojados: Andrés Hirales, José Lucero de la Peña, Joel Lucero González, Remigio Geraldo Hirales, José Geraldo Lucero, José Geraldo Contreras, Antonio Lucero Mendoza, Eduardo Geraldo Lucero, Lugarda Geraldo Lucero, Adolfo de la Peña, Josefina Geraldo de Burques y José Vidal Geraldo Geraldo.  
Indican que, ahora, la estrategia de los inversionistas de Las Vegas es falsificar los títulos de propiedad de esos 12 terrenos, “trabajo sucio” que, afirman, está haciendo el expresidiario Kerry Rogers Lee.

“El señor Kerry Rogers, a quien por acá conocemos muy bien, abrió una empresa que se llama Cihuatán. Ahora ellos dicen que es la verdadera dueña de nuestros terrenos”, comentan los pescadores.
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de La Paz, se encontró que, en realidad, Rogers constituyó 12 empresas mercantiles con el nombre de Cihuatán –de Cihuatán I a Cihuatán XII—. Cada una se hace pasar como propietaria de su respectivo terreno de costa.

María Luisa Cabral Bowling, investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y especialista en el boom inmobiliario que se observa en la actualidad en la península, señala:
“En el estado actualmente operan 80 empresas inmobiliarias que se están apoderando de nuestras costas. Casi la totalidad son estadunidenses. Hacen grandes negocios con la especulación de la tierra. Con Punta Arena, los especuladores dieron otro paso más, pues todo indica que quieren transformar ese destino turístico en un apéndice de Las Vegas”.

— ¿Dejan, por lo menos, una buena derrama económica?
— No, porque ni siquiera son empresas productivas. Llegan, despojan de sus tierras y excluyen a los pobladores locales, quienes pasan a ser meseros, camareros o jardineros. Construyen sus desarrollos para vendérselos a los propios estadunidenses. Y nuestras autoridades de gobierno sólo les sirven de tapete.

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